- Juzgado de Garantía de Calama decreta prisión preventiva y fija 150 días de investigación tras formalización de siete ciudadanos bolivianos por tráfico de migrantes y asociación ilícita.
En virtud de una investigación liderada por la Fiscalía Local de Calama en conjunto con la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el Juzgado de Garantía de Calama formalizó a siete imputados de nacionalidad boliviana por los delitos de asociación delictiva y tráfico de migrantes reiterado. El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados, considerando el peligro que representan para la seguridad de la sociedad, y fijó un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación.
Según los antecedentes presentados por la Fiscalía, desde abril de 2024 los imputados formaban parte de una estructura delictual que facilitaba, con fines de lucro, la entrada ilegal de personas al territorio chileno, principalmente ciudadanos bolivianos, a través de pasos fronterizos no habilitados en el sector de Hito Cajón, en la comuna de San Pedro de Atacama.
La organización operaba en coordinación con sujetos en Bolivia, quienes trasladaban a las víctimas en vehículos hasta la frontera. Desde allí, los imputados las ingresaban ilegalmente al país, donde las transportaban hasta las ciudades de San Pedro de Atacama o Calama sin realizar los controles migratorios correspondientes. Por estos servicios, las víctimas pagaban sumas que oscilaban entre los $80.000 y $150.000 pesos chilenos.
La vocera de la Fiscalía, abogada Tamara Farren Llantén, explicó que “la Fiscalía Local de Calama formalizó a siete imputados de nacionalidad boliviana por los delitos de asociación delictiva y tráfico de migrantes, por hechos cometidos desde abril del año 2024. Se facilitaba la entrada ilegal de personas, principalmente de nacionalidad boliviana, a través de un sector cercano a la frontera de la comuna de San Pedro de Atacama, quienes pagaban entre 80 y 150 mil pesos por traslado. El Tribunal de Garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de investigación de 150 días”.
Este caso pone en evidencia la gravedad del tráfico de migrantes como un delito organizado y lucrativo que vulnera los derechos de las personas migrantes, y refuerza el compromiso de las autoridades chilenas por desarticular estas redes delictivas.