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• El ministro de Transportes informó que las observaciones de la embajada estadounidense fueron consideradas en una nueva evaluación del proyecto, incorporando antecedentes y dimensiones fuera del ámbito sectorial de Telecomunicaciones.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, afirmó que el Gobierno tomó “en forma muy seria” las alertas planteadas por la embajada de Estados Unidos respecto del proyecto de cable submarino entre Chile y Hong Kong, y explicó que esos antecedentes llevaron a retroceder en la tramitación de un decreto que, según indicó, ya estaba avanzado para su envío a Contraloría. La declaración fue realizada en entrevista con Canal 24 Horas de TVN, en el contexto de la controversia diplomática abierta por las sanciones de visas aplicadas por Washington a autoridades chilenas.

En sus declaraciones, Muñoz señaló que se trata de un proceso con información reservada y que, por esa razón, no todos los antecedentes pueden ser difundidos públicamente. En ese marco, precisó que las alertas transmitidas por la representación diplomática estadounidense llevaron al Ejecutivo a solicitar información adicional y a ampliar la revisión del expediente, incorporando variables que, según dijo, exceden las competencias propias del Ministerio de Transportes y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

El ministro detalló que el decreto había avanzado en su preparación, pero que el Ejecutivo optó por reabrir el análisis a la luz de los antecedentes recibidos. Esa explicación coincide con la línea expuesta por autoridades de Gobierno en los últimos días, en cuanto a que la iniciativa no se encuentra aprobada y permanece en evaluación, con revisión de aspectos técnicos, regulatorios y de seguridad antes de adoptar una definición sobre su continuidad.

La intervención de Muñoz se produce luego de que el propio secretario de Estado informara públicamente que el embajador de Estados Unidos en Chile le había advertido previamente sobre eventuales sanciones vinculadas al proyecto. En reportes difundidos el fin de semana, el ministro indicó que en una reunión previa se le planteó la posibilidad de medidas contra quienes hubiesen participado en la tramitación de la iniciativa, antecedente que se sumó a la secuencia de hechos que derivó en la revocación de visas anunciada por Washington.

En paralelo, la crisis escaló en el plano diplomático tras las declaraciones públicas del embajador Brandon Judd, quien defendió la decisión de su gobierno y vinculó la preocupación estadounidense con materias de seguridad de telecomunicaciones e infraestructura crítica. Desde el Gobierno de Chile, en tanto, Cancillería reiteró el rechazo a las imputaciones y a la medida, señalando que la evaluación del proyecto seguía en curso y que no existía una aprobación definitiva de la iniciativa cuestionada.

Desde una perspectiva informativa centrada en el análisis del proceso, las palabras de Muñoz entregan un elemento relevante para comprender el estado de la tramitación: el Ejecutivo reconoce que existió un cambio en el curso administrativo del proyecto tras recibir observaciones externas, y que esa modificación implicó ampliar la revisión hacia áreas especializadas distintas del ámbito técnico-sectorial del ministerio. En la práctica, esto sitúa la discusión en un plano interinstitucional, donde convergen antecedentes de telecomunicaciones, seguridad y evaluación regulatoria.

Asimismo, el ministro indicó en 24 Horas que la decisión final debe basarse en la mejor información disponible, en medio de un escenario donde continúan los intercambios entre Chile y Estados Unidos por el proyecto y sus implicancias. Con ello, la señal oficial apunta a que la tramitación permanece abierta y sujeta a revisión, mientras se mantienen en desarrollo los análisis complementarios requeridos por el Ejecutivo.

• La crisis por el proyecto de China Mobile escaló con sanciones de visas, advertencias sobre Visa Waiver y una revisión de seguridad que, en los hechos, posterga la definición para la próxima administración.

La controversia por el proyecto de cable submarino que busca conectar Valparaíso con Hong Kong dejó de ser una discusión técnica de telecomunicaciones y pasó a convertirse en una crisis político-diplomática de alto voltaje entre Chile y Estados Unidos. En pocos días, la tensión escaló desde advertencias reservadas a una ofensiva pública de Washington, con revocación de visas a autoridades chilenas, cuestionamientos directos al Ejecutivo y una señal explícita sobre eventuales efectos en la relación bilateral, incluyendo el programa Visa Waiver, según reportes de prensa publicados entre el 23 y 24 de febrero.

El punto central de la disputa es el proyecto impulsado por China Mobile para un cable submarino transpacífico entre Chile y Hong Kong, iniciativa que el Gobierno de Gabriel Boric ha insistido en presentar como un expediente “en evaluación” y no como una decisión cerrada. Esa posición fue reiterada por autoridades chilenas en medio del conflicto, mientras se informó que el proyecto quedará en suspenso a la espera de informes técnicos y de seguridad solicitados a organismos especializados del Estado.

Sin embargo, el episodio revela una debilidad política más profunda: la dificultad del Ejecutivo para sostener, al mismo tiempo, una defensa robusta de la soberanía de sus decisiones y una gestión diplomática que evite una escalada pública con uno de sus socios estratégicos. La Moneda rechazó las sanciones y calificó como arbitrarias las imputaciones estadounidenses, pero en paralelo confirmó una revisión en profundidad del proyecto tras las objeciones de Washington. Ese doble movimiento —rechazo político y prudencia operativa— busca bajar la tensión, aunque también expone al Gobierno a críticas por dar señales ambiguas frente a una presión externa que terminó marcando la agenda.

El conflicto se agravó cuando el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, comunicó restricciones de visa contra tres funcionarios del gobierno chileno, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, en el marco de acusaciones vinculadas a infraestructura crítica de telecomunicaciones y seguridad regional. La medida fue defendida públicamente por el embajador Brandon Judd, quien subrayó que la política migratoria y de visados es una decisión soberana de su país, al tiempo que endureció el tono de sus declaraciones hacia el Ejecutivo chileno.

Desde una mirada crítica, pero sin prejuicios, el episodio deja varias capas de análisis. La primera es geopolítica: Chile quedó atrapado en la competencia estratégica entre Estados Unidos y China en un sector sensible como la conectividad digital. En ese tablero, un proyecto privado o mixto ya no se evalúa solo por su rentabilidad o factibilidad técnica, sino por sus implicancias en ciberseguridad, control de datos y alineamientos internacionales. La discusión, por tanto, no es meramente comercial.

La segunda capa es institucional. El Gobierno chileno ha remarcado que el proyecto enfrenta múltiples etapas pendientes —ambientales, marítimas y técnicas— y que la evaluación no está cerrada. Ese argumento es relevante porque muestra que la tramitación aún tiene filtros estatales en curso. Pero el problema político no está solo en el estado del expediente, sino en el costo diplomático que ya produjo una iniciativa que, oficialmente, todavía no ha sido aprobada. En otras palabras, la crisis se adelantó a la decisión final.

La tercera dimensión es la forma en que se comunicó el conflicto. Las declaraciones cruzadas entre La Moneda y el embajador estadounidense elevaron el tono en público y endurecieron posiciones. El Gobierno defendió que Chile no toma decisiones bajo amenaza, mientras el representante de Washington rechazó esa interpretación y vinculó la confianza bilateral con la conducta de Chile en materias de seguridad. Ese intercambio, más que cerrar la controversia, consolidó una percepción de deterioro en la relación política entre ambas administraciones.

Además, Judd señaló que Estados Unidos, algunas semanas atrás, compartió “información específica con múltiples funcionarios de Gobierno de distintas agencias, sobre incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos por parte de actores malignos extranjeros”, y que estos hackeos habrían estado dirigidos “a múltiples compañías de telecomunicaciones privadas, poniendo la privacidad y la información personal de casi todos los chilenos que usan un teléfono celular en riesgo de que sus datos fueran robados, sus comunicaciones espiadas y sus vidas afectadas”. Y aseguró que “hasta la fecha no han recibido ”ninguna respuesta de alguna acción tomada para remediar la situación”.

Según Judd, debido a la “gran cantidad de reuniones con ministros y funcionarios del Gobierno”, le ha parecido “irrisorio” que la Administración de Boric mostrara sorpresa tras la medida. “Durante el fin de semana vi en los diarios que algunas personas en el Gobierno dijeron estar sorprendidas de que tomamos esta acción. Eso es irrisorio”, dijo. “Fui muy claro acerca de nuestra preocupación y franco acerca de las amenazas no solo a la seguridad chilena, sino a la seguridad de la región entera”.

También consideró como “bastante ridículo” que la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, dijera que Chile “no toma decisiones bajo amenaza de ningún país”, porque EE UU no estaría amenazando, sino que a lo que se refieren “estrictamente todo el tiempo es que todo lo que hacemos depende de la comunicación y la seguridad”.

Añadió que desde hace años la Casa Blanca habría estado pidiendo “encarecidamente al Gobierno chileno que adopte mecanismos de evaluación de inversiones”, y recalcó que “las economías avanzadas alrededor del mundo tienen un proceso para evaluar las inversiones extranjeras y asegurarse de que su infraestructura crítica, sus puertos, sus líneas de transmisión de electricidad, y sus redes de telecomunicaciones estén protegidos”. En ese sentido, el diplomático advirtió que “cuando un país no protege su infraestructura crítica, arriesga perder su soberanía”.

Judd expresó que la “gran preocupación” de Washington respecto a la capacidad de Chile para proteger información y datos delicados en otros canales “podría obligar a realizar una revisión de todos los espectros de intercambio de información (…) incluyendo los programas que brinden beneficios reales, seguridad y facilidades al pueblo chileno”. Aseguró que, si Chile quiere seguir participando en el programa de Visa Waiver, tiene que ser capaz de proteger su infraestructura crítica. “Eso no es una amenaza, es parte de un acuerdo”, destacó.

En ese contexto, la decisión de mantener el proyecto en suspenso aparece como una salida de contención, pero también como una transferencia de costos hacia la próxima administración. Reportes periodísticos señalan que la definición podría quedar, en la práctica, en manos del gobierno entrante de José Antonio Kast, que asume el 11 de marzo, luego de completarse —o no— los informes solicitados a Defensa, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y otras instancias. Esto descomprime la coyuntura inmediata, pero posterga una definición estratégica que igual deberá enfrentar el mismo dilema: cómo resguardar soberanía regulatoria sin tensionar al extremo la relación con Estados Unidos, y cómo administrar los vínculos con China en infraestructura crítica.

Desde el punto de vista periodístico, el caso también deja una advertencia: cuando una decisión técnica entra en el radar de seguridad nacional de una potencia, el margen de maniobra comunicacional se reduce drásticamente. Chile pasó de discutir permisos, concesiones y etapas administrativas a responder por sanciones, señales diplomáticas y eventuales consecuencias en mecanismos sensibles para la ciudadanía, como el Visa Waiver. Aunque el embajador estadounidense afirmó que el programa se mantiene seguro “por ahora”, el solo hecho de instalar ese tema en la conversación pública elevó el costo político del episodio.

El balance, por ahora, es incómodo para todas las partes. Para el Gobierno de Boric, porque cierra su mandato con una disputa externa que tensiona el discurso de soberanía y revela límites en la conducción de una crisis geopolítica compleja. Para Washington, porque su presión pública y sanciones a autoridades de un país aliado abren cuestionamientos sobre la proporcionalidad de su estrategia. Y para Chile, en términos institucionales, porque el debate de fondo —qué estándares debe aplicar el Estado en infraestructura digital crítica y cómo se blindan esas decisiones de la pugna entre potencias— seguirá vigente más allá del cambio de mando.

• La Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó un nuevo deceso en la Mutual de Seguridad y actualizó el estado de los lesionados que permanecen en la red pública y privada.

La tragedia provocada por la explosión de un camión que transportaba gas licuado de petróleo en la comuna de Renca sumó una nueva víctima fatal durante la tarde de este lunes 23 de febrero, luego de que la Subsecretaría de Redes Asistenciales informara el fallecimiento de un paciente hospitalizado en la Mutual de Seguridad producto de la gravedad de sus quemaduras. Con esta actualización, el número de personas fallecidas por el accidente se elevó a diez.

De acuerdo con el comunicado difundido por la autoridad sanitaria, actualmente 11 personas afectadas por el siniestro permanecen internadas en la red pública y privada de salud. De ese total, siete continúan en riesgo vital, aunque se mantienen estables dentro de su gravedad, mientras que otras cuatro se encuentran en unidades de cuidados intermedios.

La distribución de los pacientes hospitalizados refleja la alta exigencia asistencial que ha implicado esta emergencia en distintos centros de salud de la Región Metropolitana. Según el balance informado, cuatro pacientes permanecen en la Mutual de Seguridad, cuatro en el Hospital del Trabajador, dos en la Clínica Indisa y uno en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, ex Posta Central.

El accidente ocurrió el jueves 19 de febrero de 2026, cuando un camión de la empresa Gasco se volcó en el sector de Ruta 5 Norte con General Velásquez, en Renca. El hecho provocó la liberación de la carga de gas licuado de petróleo y posteriormente una explosión de gran magnitud, que generó un incendio de alto impacto y dejó múltiples personas lesionadas, además de daños en vehículos y el entorno del lugar del siniestro.

Con el paso de los días, la evolución clínica de los heridos más graves ha marcado el curso de la emergencia, elevando progresivamente la cifra de víctimas fatales. El nuevo reporte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales confirma que, a casi cuatro días del accidente, la situación sigue siendo crítica para parte importante de los pacientes que permanecen hospitalizados, en especial para quienes presentan quemaduras extensas y continúan bajo monitoreo intensivo.

Mientras continúan las atenciones médicas y el seguimiento clínico de los lesionados, el caso mantiene abierta la atención pública y judicial respecto de las circunstancias que derivaron en uno de los accidentes más graves registrados en los últimos días en la capital. En paralelo, las autoridades sanitarias y asistenciales han seguido actualizando el estado de los pacientes internados en distintos recintos, dada la complejidad del cuadro que enfrentan varios de ellos.