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• Washington acusa que los aludidos “dirigieron, autorizaron o financiaron” acciones que habrían erosionado la seguridad regional; La Moneda rechaza la imputación, afirma que Chile decidirá con autonomía y ordena a Cancillería exigir explicaciones formales.

Una nueva tensión diplomática se instaló este viernes entre Santiago y Washington, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara restricciones de visa contra tres funcionarios del gobierno de Chile, a quienes atribuye participación “con conocimiento” en actividades que habrían comprometido infraestructura crítica de telecomunicaciones y “erosionado la seguridad regional” en el hemisferio occidental. La medida, según la declaración oficial, incluye la revocación de visas existentes y la inelegibilidad de ingreso para los sancionados y sus familiares directos.

El anuncio fue difundido tras una declaración del Secretario de Estado Marcos Rubio, en la que se sostiene que Estados Unidos está comprometido con contrarrestar intentos por socavar la seguridad regional y la soberanía. En ese marco, se informó que la autoridad estadounidense determinó aplicar restricciones migratorias a tres funcionarios chilenos que, de acuerdo con el texto, habrían “dirigido, autorizado, financiado y brindado apoyo sustancial y/o llevado a cabo” acciones contra infraestructura crítica de telecomunicaciones.

La comunicación, replicada también por la representación diplomática estadounidense en Chile, enfatiza que se trata de un instrumento orientado a proteger los intereses de seguridad nacional y la prosperidad económica de Estados Unidos en la región. En la misma línea, el documento afirma que la administración del presidente Donald Trump mantendrá el uso de “todas las herramientas disponibles” para promover la seguridad y protección del hemisferio, y que continuará impulsando la rendición de cuentas de ciudadanos chilenos que “intencionalmente” actúen para desestabilizar la región.

La declaración, además, incorpora un tono abiertamente político respecto del escenario interno chileno. Washington señala que, al finalizar su mandato, el legado del gobierno del Presidente Gabriel Boric quedaría “aún más empañado” por acciones que —según el comunicado— terminan socavando la seguridad regional a expensas del pueblo chileno. A renglón seguido, expresa su expectativa de avanzar en prioridades compartidas, incluidas las que fortalezcan la seguridad hemisférica, con la “nueva administración Kast”.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la identidad de los tres funcionarios alcanzados por la restricción ni se han entregado detalles técnicos específicos sobre la naturaleza de las supuestas intervenciones en telecomunicaciones, más allá de la caracterización general de “infraestructura crítica” y “seguridad regional”. Ese punto ha sido resaltado por distintos medios que han seguido el caso, subrayando el carácter inusual del anuncio en la relación bilateral.

Respuesta de La Moneda

Tras conocerse la determinación estadounidense, el Presidente Gabriel Boric abordó el tema en un punto de prensa, rechazando de plano las imputaciones. Según la versión entregada por el mandatario, como Jefe de Estado “da fe” de que jamás ha realizado acciones que socaven la seguridad de Chile ni la de ningún otro país, y recalcó que Chile “es y será autónomo” en las decisiones que adopte.

En la misma intervención, Boric informó que instruyó al canciller Alberto van Klaveren —titular del Ministerio de Relaciones Exteriores— a citar al embajador de Estados Unidos en Chile a la Cancillería, con el objetivo de solicitar explicaciones por una medida que calificó como “arbitraria, unilateral y sorpresiva”, y que, desde el punto de vista del Gobierno, carecería de justificación.

El episodio abre un flanco sensible para la agenda bilateral, al vincularse con materias de seguridad y resguardo de infraestructura crítica, y se instala además en un contexto político de alta tensión, debido al lenguaje utilizado por Washington al referirse al cierre de la administración Boric y a su disposición a coordinar prioridades con el próximo gobierno

• Carabineros confirmó al menos tres fallecidos y diez lesionados tras el volcamiento y explosión de un camión con gas líquido en la zona norte de Santiago. Bomberos se replegó por el peligro que representa una bombona que aún contiene combustible.

Una tragedia vial de alta complejidad mantiene en alerta a la zona norte de la capital. La mañana de este jueves 19 de febrero de 2026, Carabineros confirmó la muerte de tres personas y la existencia de al menos diez heridos luego de la explosión de un camión que transportaba gas líquido en el enlace de Ruta 5 Norte con General Velásquez, punto neurálgico de conexión entre autopistas y alto flujo vehicular. La emergencia, además, sigue marcada por un factor crítico: persiste el riesgo de una nueva detonación, lo que ha obligado a establecer perímetros de seguridad y a redoblar las medidas de control en el sector.

De acuerdo con los antecedentes preliminares expuestos por Carabineros, el accidente se originó cuando el conductor del vehículo de carga perdió el control, impactó las barreras de contención y terminó volcando en la vía. El general Víctor Vielma explicó que, a raíz del tipo de producto transportado, el siniestro escaló en segundos: tras el choque se produjo la explosión y su onda expansiva alcanzó a otros vehículos que circulaban a la misma hora por la autopista. Siete automóviles menores resultaron consumidos por las llamas como consecuencia directa del estallido del gas, configurando una escena de destrucción en cadena en plena carretera.

El saldo humano aún está en desarrollo y bajo verificación. Carabineros indicó que, si bien hay tres fallecidos confirmados, todavía no se ha logrado establecer con certeza si las víctimas fatales corresponden a ocupantes del camión siniestrado o a personas que se desplazaban en vehículos alcanzados de manera colateral por la explosión y el incendio posterior. En paralelo, los heridos fueron derivados a distintos centros asistenciales con lesiones de diversa consideración, con reportes de pacientes en estado grave.

Mientras los equipos de emergencia trabajaban para contener las llamas, Bomberos advirtió un escenario de riesgo mayor. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Rodrigo Espinoza, confirmó que el camión afectado trasladaba una bombona que aún contiene gas líquido en su interior, condición que elevó el peligro operativo y obligó a replegar personal ante la posibilidad de una segunda explosión. Según explicó, el estanque presenta una fisura desde donde emergen llamas, y el sistema de válvula de alivio se activó, señal de que el material combustible continúa bajo condiciones que podrían derivar en un nuevo evento explosivo.

Pese al repliegue táctico, el fuego se mantuvo circunscrito al área del accidente, gracias al despliegue de numerosas unidades de respuesta. En el sitio trabajaron decenas de compañías de Bomberos con labores de contención, enfriamiento y control de propagación, en medio de una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Los daños no se limitaron a la calzada. Bomberos confirmó que otro camión que transitaba por el carril opuesto también se vio afectado por el calor y las llamas. Además, se reportó afectación a infraestructura colindante: el fuego alcanzó un aparcamientos con autos de remate, un tren y el domo de una empresa cercana, lo que amplió el radio de impacto y obligó a reforzar el resguardo del perímetro.

La autoridad política regional se trasladó al lugar para monitorear la emergencia y el estado de los lesionados. El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, señaló que la principal preocupación es asegurar la atención oportuna de los heridos y seguir de cerca su evolución clínica, indicando que la mayoría corresponde a automovilistas que transitaban por la autopista. En tanto, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, sostuvo que existirían pacientes con lesiones de extrema gravedad y advirtió que no se puede descartar que aparezcan nuevas víctimas fatales en el área del accidente, dadas las condiciones en que quedaron los vehículos y el entorno inmediato.

En medio del operativo, las autoridades reiteraron el llamado a evitar circular por el sector y respetar los cortes y desvíos dispuestos para facilitar el trabajo de emergencia. La suspensión de tránsito en General Velásquez y vías asociadas buscó reducir la exposición de la población a un eventual segundo estallido, además de permitir el acceso de carros bomba, ambulancias y personal especializado que continúa evaluando la estabilidad del estanque y el comportamiento del gas.

Por ahora, la investigación para determinar la causa exacta del siniestro y las circunstancias del volcamiento quedó sujeta a peritajes técnicos y levantamiento de evidencias en el sitio del suceso. A la espera de confirmaciones oficiales sobre la identidad de las víctimas y el balance definitivo de lesionados, la emergencia se mantiene como uno de los episodios más graves de la jornada, con una amenaza latente: la posibilidad de una nueva detonación.

• Informe oficial de la Subsecretaría de Prevención del Delito muestra descensos en homicidios, violencia intrafamiliar y robos con violencia, mientras los casos policiales por microtráfico e infracciones a la Ley de Drogas registran alzas de dos dígitos.

Este miércoles, el Gobierno entregó el balance de las estadísticas delictuales correspondientes al año 2025, elaborado a partir de los registros analizados y recopilados por el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), organismo dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito. El reporte, construido sobre la variación de la tasa de casos policiales cada 100 mil habitantes, dibuja un escenario mixto: se observan bajas en delitos que impactan directamente la seguridad cotidiana —como robos violentos y delitos contra la vida o integridad de las personas—, pero crecen con fuerza los ilícitos asociados a drogas y, en menor medida, los vinculados a armas.

En el grupo de delitos contra la vida o integridad de las personas, el documento consigna una disminución de -1,8% respecto de 2024. La tasa bajó de 1.263,9 a 1.240,8 casos por cada 100 mil habitantes, mientras los casos policiales descendieron de 253.870 a 250.720. Al interior del indicador, las principales reducciones se registran en abusos sexuales (-7,4%), homicidios (-4,1%), lesiones leves (-2,4%), lesiones graves o gravísimas (-2,2%) y violaciones (-1,8%). Si bien las bajas son relevantes, el informe también vuelve a poner sobre la mesa una discusión que persiste año a año: una caída porcentual no necesariamente se traduce en alivio social cuando las cifras absolutas siguen siendo altas y cuando la percepción de inseguridad, especialmente en zonas urbanas, continúa tensionando la convivencia.

Uno de los descensos más significativos del balance se observa en los delitos de robos violentos. El CEAD reporta una reducción de -9,8% en comparación con 2024, con una baja de tasa desde 600,1 a 541,5 por cada 100 mil habitantes. En términos de casos policiales, la cifra cae de 120.548 a 109.419. Dentro de este grupo, las disminuciones más marcadas corresponden al robo violento de vehículo motorizado (-22,2%) y al robo con violencia o intimidación (-12,0%). En particular, el robo violento de vehículos contabilizó 2.293 casos menos en 2025, dato que el Ejecutivo exhibe como señal de impacto de estrategias policiales focalizadas. Sin embargo, la pregunta que se instala es si esta tendencia es sostenible en el tiempo o si responde a desplazamientos del delito hacia otras modalidades o territorios, un fenómeno que expertos suelen advertir cuando se analizan balances anuales sin desagregación fina por comuna o tipo de operación criminal.

En violencia intrafamiliar (VIF) también se registra una baja. Según el informe, la tasa disminuye -3,2% frente a 2024, pasando de 704,2 a 681,9 cada 100 mil habitantes, con casos policiales que caen desde 141.445 a 137.801. Las reducciones más relevantes se observan en VIF con lesiones psicológicas (-5,0%) y VIF con lesiones físicas (-4,6%). Aunque el dato se presenta como positivo, sigue siendo un indicador sensible, porque suele estar atravesado por niveles de denuncia, acceso a redes de apoyo y confianza en las instituciones. En otras palabras, una baja puede reflejar disminución real, pero también subregistro, cambios en la disposición a denunciar o barreras en la atención, variables que suelen debatirse cuando se analizan delitos que ocurren mayoritariamente en contextos privados.

En contraste con esas caídas, el reporte advierte un aumento notorio en los delitos asociados a drogas. En 2025, la tasa sube 17,9% respecto de 2024, pasando de 79,3 a 93,5 casos por cada 100 mil habitantes. Los casos policiales aumentan de 15.932 a 18.890. El CEAD atribuye este crecimiento, principalmente, al alza en microtráfico de sustancias (21,6%) y a otras infracciones a la Ley de Drogas (24,5%). Aquí el debate público suele dividirse: para algunos, el incremento refleja mayor actividad policial y capacidad de detección; para otros, da cuenta de una expansión de mercados ilícitos y presencia territorial del narco, especialmente a nivel barrial, donde el microtráfico se vuelve una amenaza cotidiana, aunque no siempre se mida con la misma intensidad que los delitos violentos.

En el ámbito de armas, el informe registra un alza más moderada, pero igualmente preocupante: 2,4% respecto de 2024. La tasa pasa de 144,7 a 148,2 cada 100 mil habitantes, mientras los casos policiales suben de 29.065 a 29.944. El detalle agrega un matiz: pese al aumento global, disminuyen las tasas de porte o posesión de armas o explosivos (-1,6%) y otras infracciones a la Ley de Armas (-4,5%). Esa combinación sugiere un comportamiento heterogéneo del fenómeno: puede haber variaciones por tipo de delito, por fiscalización o por el peso de ciertas categorías que empujan el indicador al alza, lo que refuerza la necesidad de mirar con lupa qué está creciendo exactamente cuando se habla de “delitos asociados a armas”.

En delitos contra la propiedad no violentos, el CEAD reporta una disminución de -2,4% en comparación con 2024. La tasa bajó de 1.586,4 a 1.548,6 por cada 100 mil habitantes, y los casos policiales descendieron de 318.656 a 312.918. Las caídas principales se observan en robo de objetos de o desde vehículos (-7,4%), robo en lugar no habitado (-5,7%) y robo en lugar habitado (-4,8%). Aunque se trata de delitos sin violencia directa, su impacto en la vida cotidiana es alto por el daño económico y la sensación de vulnerabilidad, por lo que cualquier descenso suele ser leído con atención. No obstante, también aquí se abre una interrogante: ¿el descenso responde a prevención efectiva, cambios en patrones de denuncia, mayor resguardo privado, o traslado del delito hacia modalidades digitales y estafas, que no siempre quedan reflejadas con el mismo peso en balances tradicionales?

Finalmente, en incivilidades el informe indica que la variación es acotada: -0,8% en la tasa, con 287.743 casos en 2025 frente a 288.340 en 2024. En este apartado destacan disminuciones en porte de drogas (-17,4%), desórdenes públicos (-16,9%) y amenazas con armas (-13,6%). Aun así, el volumen de casos sigue siendo alto, lo que confirma que buena parte de la conflictividad cotidiana se juega en hechos que muchas veces no llegan a ser delitos de alta connotación, pero que inciden en convivencia, uso del espacio público y percepción de control territorial.

El balance presentado por el Gobierno deja, en síntesis, una doble lectura. Por un lado, muestra retrocesos en delitos violentos y en categorías sensibles como homicidios, robos con violencia y VIF. Por otro, instala una alerta clara: drogas y armas siguen presionando al alza, y con ello la posibilidad de que el crimen organizado y sus economías ilícitas continúen permeando barrios y ciudades. La discusión que se abre para 2026 no será solo si las cifras bajan o suben, sino qué estrategias están detrás de esos cambios, cómo se sostienen en el tiempo y, sobre todo, si las estadísticas se traducen en una experiencia real de mayor seguridad para la ciudadanía.