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• La Fiscalía de Antofagasta, en conjunto con la Sección de Asuntos Internos de Carabineros, imputó a seis exfuncionarios por presuntos pagos recibidos entre 2022 y 2025 para autorizar el paso de cargas sobredimensionadas por la Ruta 5 Norte, la B-25 y otras vías bajo jurisdicción del retén Sierra Gorda. La Prefectura de Antofagasta informó su desvinculación. El tribunal dejó a cuatro en prisión preventiva y a dos con arraigo nacional y prohibición de acercarse al cuartel.

Durante la jornada del pasado viernes se realizó la audiencia de formalización contra seis exfuncionarios del retén Sierra Gorda, investigados por el delito de cohecho. La causa es dirigida por la Fiscalía Regional de Antofagasta con apoyo de la Sección de Asuntos Internos de Carabineros (Saicar), unidad que gatilló el caso a partir de antecedentes propios y diligencias reservadas desarrolladas durante los últimos meses.

De acuerdo con los primeros antecedentes expuestos en la sala, los hechos se habrían extendido entre los años 2022 y 2025 y consistirían en la recepción de pagos por parte de conductores de camiones con cargas sobredimensionadas, a fin de facilitar u “autorizar” su tránsito por rutas fiscalizadas desde el destacamento de Sierra Gorda, particularmente la Ruta 5 Norte, la Ruta B-25 y vías adyacentes del radio de control del retén. La hipótesis del Ministerio Público apunta a un esquema reiterado que vulneró la probidad funcionaria y la correcta fiscalización del transporte de alto tonelaje en un corredor estratégico para la región.

La Fiscalía detalló que la Saicar ejecutó la detención de cuatro de los imputados el pasado miércoles, producto de diligencias coordinadas y, en algunos casos, autorizadas por el Juzgado de Garantía. Los otros dos exfuncionarios fueron aprehendidos en las ciudades de Arica y Calama por equipos de la misma sección policial, con posterior traslado y puesta a disposición del tribunal competente.

En la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió la tesis de la Fiscalía en cuanto a la necesidad de cautela, decretando prisión preventiva para cuatro de los imputados por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y podría entorpecer la investigación. Respecto de los dos restantes, se impusieron las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de acercarse al retén Sierra Gorda, además de otras obligaciones de control. La investigación continuará bajo reserva en esta etapa, con nuevas diligencias en curso.

Apenas se conoció públicamente la situación, la Prefectura de Carabineros de Antofagasta comunicó la desvinculación de los seis detenidos, marcando un posicionamiento institucional de rechazo a conductas contrarias a la probidad. En paralelo, la cadena de mando informó que se reforzarán los controles internos y la supervisión operativa en destacamentos con alta exposición al transporte de carga y a fiscalizaciones de tránsito de especialidad.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró el trabajo técnico de la unidad interna policial. Según expuso, la investigación “se inició el año 2023 por la propia institución”, que a través de sus sistemas de control interno recabó antecedentes preliminares y los compartió oportunamente con el Ministerio Público para desarrollar las diligencias judicializadas correspondientes. El persecutor destacó la cooperación interinstitucional y subrayó que se indagará no solo la participación de los funcionarios formalizados, sino también posibles ramificaciones del circuito de pagos vinculados al transporte de cargas especiales.

Por su parte, el Jefe de Zona de Carabineros en Antofagasta, general Cristian Montre Soto, explicó que la indagatoria “nace a raíz de un reclamo generado en Comisaría Virtual en septiembre de 2023”, lo que activó los mecanismos internos de evaluación y derivación al Ministerio Público. “Esta es una investigación en curso”, remarcó, y precisó que mediante distintas diligencias —“incluso algunas autorizadas por el Juzgado de Garantía”— se estableció la eventual vinculación de seis funcionarios del retén a ilícitos asociados a cohecho. El general recalcó la línea institucional: “Carabineros manifiesta cero tolerancia a la corrupción… caiga quien caiga”, enfatizando que estos hechos no definen a la institución ni a “los más de 50 mil Carabineros que día a día trabajan con sacrificio”.

La causa, que se mantiene en etapa inicial, busca establecer la frecuencia, el monto y la trazabilidad de los pagos indagados, además de precisar los turnos, roles y posibles concertaciones entre los imputados y terceros. En ese marco, la Fiscalía no descarta nuevas diligencias, incluidos eventuales peritajes financieros, levantamiento de comunicaciones y análisis de rastros documentales en controles de tránsito, registros de peajes, autorizaciones de circulación especial y reportes de encomiendas industriales que requieren escoltas y permisos por cargas sobredimensionadas.

El caso revive el debate sobre los estándares de control en rutas de alto tránsito de carga y en zonas donde la economía regional depende de circuitos logísticos sensibles. Expertos consultados en otras causas similares han recordado que la fiscalización de cargas sobredimensionadas supone protocolos estrictos de seguridad vial —por el impacto que tales convoyes pueden tener en puentes, accesos urbanos y flujos de tráfico—, por lo que cualquier interferencia indebida en las autorizaciones compromete no solo la probidad administrativa sino también la seguridad de terceros.

Desde la defensa, en tanto, se anticipa que se discutirán eventuales atenuantes y la suficiencia de los antecedentes presentados por el Ministerio Público para sostener la prisión preventiva de cuatro de los imputados. Los abogados patrocinantes podrán solicitar revisiones de las medidas cautelares si estiman que se han cumplido hitos investigativos o si aparecen nuevos elementos que modifiquen los presupuestos tenidos a la vista por el tribunal.

Finalmente, en el plano administrativo, Carabineros continuará con sus procedimientos internos, los que pueden incluir sumarios, depuración de responsabilidades y revisión de protocolos de fiscalización en la zona. El general Montre Soto adelantó que se fortalecerán los sistemas de control que permitieron detectar la situación, insistiendo en que la investigación y la separación de filas de los involucrados son la respuesta institucional para “no permitir” conductas que “tanto daño hacen” a la función policial.

• El Gobierno Regional, junto a las compañías mineras, municipios, gremios y universidades, presentaron avances concretos en proyectos prioritarios para la comunidad, impulsados bajo la Estrategia Minera para el Bienestar de la Región de Antofagasta (EMRA 2023-2050).

Durante años la comunidad de la Región de Antofagasta ha esperado mejoras en servicios básicos, salud, educación y empleo. Hoy, ese anhelo comienza a materializarse a través de un modelo de trabajo inédito en Chile, articulado entre el sector público y el privado para transformar el desarrollo minero en un bienestar tangible para las personas.

La consolidación de este esfuerzo quedó reflejada a lo largo del conversatorio “Minería y Futuro: Colaboración para impulsar el desarrollo”, donde autoridades regionales, representantes de compañías mineras, universidades y gremios dieron a conocer los avances de esta alianza. El punto de partida es la Estrategia Minera para el Bienestar de la Región de Antofagasta (EMRA 2023-2050), hoja de ruta elaborada por el Gobierno Regional en un proceso participativo y transversal, que define prioridades en áreas clave como salud, educación, servicios básicos, sostenibilidad ambiental y empleabilidad local.

El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés celebró diciendo que “Hoy damos un paso decisivo: combinar lo mejor de ambos mundos, capacidades públicas y técnicas privadas, para responder con mayor rapidez y eficacia a las necesidades de nuestra gente” y añadió que algo clave de esta alianza ha sido reducir los tiempos para que la comunidad pueda contar lo antes posible con distintos espacios y servicios: “hemos podido ir agilizando permisos para proyectos que antes demoraban décadas, a máximo uno o dos años”.

“Desde la minería, sabemos que no basta con generar riqueza si no se transforma en mejoras reales en la calidad de vida de las personas.”, señaló por su parte el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino durante la apertura del evento.

El funcionamiento de esta alianza establece que los diseños de obras de infraestructura estarán a cargo de las empresas mineras, aprovechando su capacidad de gestión y experiencia en proyectos de gran envergadura. Mientras que su ejecución, se financiará con recursos públicos administrados por el Gobierno Regional y los municipios. Con esto, se busca garantizar avances claros en las materias priorizadas con trazabilidad, transparencia y resultados verificables.

De hecho, las empresas Antofagasta Minerals, BHP, Codelco, El Abra, Glencore, Sierra Gorda y SQM Litio ya cuentan con avances. SQM Litio encabeza el diseño de cuatro postas rurales en Socaire, Camar, Talabre y Río Grande, un paso decisivo para avanzar en un mejor acceso a la salud. Su subgerenta de Asuntos Públicos y Valor Compartido, Germana González, afirmó que “este proyecto nace desde las comunidades. Es el diálogo permanente que mantenemos en el territorio los que nos permite co-crear iniciativas que apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas y que permiten el desarrollo integral de las comunidades”.

Antofagasta Minerals está trabajando en el diseño de una posta rural en Baquedano, Sierra Gorda; así como en el rediseño de dos parques: uno en Sierra Gorda, otro en Antofagasta, el Parque Chungungo. Felipe Alveal, gerente de Asuntos Públicos de Antofagasta Minerals, afirmó que “la minería cobra sentido cuando contribuye al bienestar de las personas y como industria trabajamos con convicción para que así sea. La positiva valoración que ha consolidado nuestro sector demuestra que, trabajando junto a la institucionalidad pública y las comunidades locales, es posible transformar los desafíos de la región en oportunidades de desarrollo con impacto real en la calidad de vida de quienes aquí habitamos”.

Por su parte, Sierra Gorda SCM trabaja en el diseño de un jardín infantil en Calama. Su Fiscal General, Rocío Amarilla Páez, instó a que estas acciones “reafirman nuestro compromiso con el desarrollo de la comunidad. Este nuevo establecimiento responderá a las necesidades urgentes y permitirá el acceso a la educación parvularia de 124 niños”.

Codelco, en alianza con Econssa y dos universidades regionales, avanza en un acuerdo para abordar el déficit de servicios sanitarios (agua potable y alcantarillado) en Atacama La Grande,  Alto El Loa y caletas de Tocopilla. Fernando Promis, Gerente de Sustentabilidad y Comunidades de las Operaciones Norte de la minera estatal, enfatizó que “el acuerdo no solo aborda desafíos materiales, también responde al anhelo profundo de las comunidades por una mejor región, participativa y con mejor calidad de vida. Este trabajo colaborativo reafirma que la minería puede y debe ser una aliada del desarrollo humano y social, no solo un motor económico”.

BHP, junto a la JUNJI, impulsa en el ámbito de la educación la relocalización de cuatro centros de educación parvularia. Pablo Pisani, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Escondida | BHP dijo que “estamos mirando la región en conjunto y priorizando una ruta compartida a través de la EMRA para los próximos años. Como industria queremos construir el futuro con todos”.

Desde Minera El Abra, quienes aportarán con el diseño de tres postas. Gonzalo Larroulet, gerente de Sustentabilidad, destacó que esta iniciativa tiene como fin que los habitantes de la región “alcancen el mayor bienestar posible, reforzando el compromiso de Minera El Abra con el desarrollo regional, en esta oportunidad, acercando una mejor salud a sus territorios, respondiendo a una necesidad presente en las localidades cercanas donde operamos”.

La colaboración no se limita al diseño de obras de infraestructura, también se han puesto en marcha estudios estratégicos. Para fortalecer el empleo local es fundamental contar con información fidedigna y actual. Es por eso que, la Universidad Católica del Norte y contando con la participación de una académica de la Universidad de Antofagasta, realizó un estudio sobre la oferta laboral local, en base a los datos del portal Empleo Región de Antofagasta. El informe pudo identificar brechas y coincidencias entre las habilidades requeridas por las empresas y las declaradas por las personas, con el fin de aportar información para fortalecer la empleabilidad local.  

La consolidación de este modelo marca también un hito institucional. Por primera vez, se establece una gobernanza compartida entre el Gobierno Regional, el sector privado, universidades y gremios como la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). El Clúster Minero jugará un rol central en la organización y seguimiento del plan, mientras que las universidades aportarán con su capacidad técnica en la generación de información clave para la toma de decisiones.

Con este plan, la Región de Antofagasta reafirma su rol como capital minera del país, pero da un paso más allá: se proyecta como un referente nacional en colaboración público-privada, donde el desarrollo económico se transforma en mejores servicios, más oportunidades y un futuro compartido para todos sus habitantes.

• En un operativo de fiscalización en el sector de La Chimba, Carabineros de la 5ª Comisaría La Portada detuvo a un conductor de vehículo de carga que no poseía licencia profesional A4 o A5. Es el cuarto caso en lo que va del mes en el mismo punto, lo que revela una preocupante tendencia de incumplimiento en el transporte de carga. En la jornada se controlaron 70 vehículos, se cursaron 26 citaciones al Segundo Juzgado de Policía Local y se realizaron 37 controles de identidad, en el marco de los planes Calles Protegidas y Calles Sin Violencia.

Carabineros de la 5ª Comisaría La Portada detuvo a un conductor de camión que circulaba por el sector de La Chimba sin portar la licencia profesional requerida para operar transporte de carga cuyo peso bruto supera los 3.500 kilos. Durante el control vehicular se constató que el individuo no contaba con licencia clase A4 o A5, exigencia básica para el manejo de este tipo de maquinaria en vías urbanas e interurbanas.

La fiscalización se desarrolló en una zona que combina usos semi industriales y residenciales, con alta presencia de maquinaria pesada y flujo de vehículos menores, condición que incrementa los riesgos cuando existen conductores que no acreditan la habilitación profesional. De acuerdo con Carabineros, este nuevo caso se suma a otros tres registrados en lo que va del mes, todos en el mismo sector y por idéntica infracción, lo que configura un patrón inquietante de incumplimiento de la normativa.

El Seremi de Seguridad Pública de Antofagasta, Jorge Cortés-Monroy De La Fuente, subrayó que la detección no es un hecho aislado y responde a un trabajo coordinado y permanente entre servicios. “Esta situación no es aislada. Los controles que realiza Carabineros junto a inspectores fiscales del Ministerio de Transportes forman parte de los esfuerzos coordinados bajo el Plan Calles Protegidas y el Plan Calles Sin Violencia. Estas acciones permiten detectar no solo infractores a la Ley de Tránsito, sino también personas con órdenes judiciales vigentes y quienes utilizan el sector para depositar basura o escombros ilegalmente, lo que posteriormente deriva en quemas no autorizadas”, indicó.

El balance del procedimiento da cuenta de 70 vehículos fiscalizados, 26 citaciones al Segundo Juzgado de Policía Local por diversas infracciones y 37 controles de identidad. Las cifras, precisaron las autoridades, refuerzan la necesidad de sostener y ampliar las intervenciones preventivas y sancionatorias en zonas críticas, con foco en el transporte de carga y el respeto a las exigencias habilitantes.

Desde la 5ª Comisaría La Portada enfatizaron que conducir camiones sin la debida licencia profesional no solo constituye una falta grave a la normativa, sino que expone a terceros a un riesgo innecesario, especialmente en vías con cruces peatonales, accesos a recintos industriales y áreas residenciales de alto tránsito. El cumplimiento de las categorías A4 o A5 resulta indispensable para garantizar la operación segura de vehículos de gran porte, cuya conducción demanda competencias técnicas, conocimiento de maniobras específicas y manejo en contextos de mayor complejidad.

Las autoridades hicieron un llamado a las empresas y a los propietarios de flotas a reforzar sus protocolos de verificación interna, asegurando que los choferes cuenten con la documentación vigente y las certificaciones correspondientes antes de iniciar su jornada. En paralelo, se reiteró a la comunidad la importancia de denunciar situaciones de riesgo o prácticas ilegales asociadas al transporte de carga o a la disposición de residuos en el sector.

De acuerdo con la planificación intersectorial, se mantendrán los controles sorpresivos en La Chimba y en otros puntos sensibles de la ciudad, con la presencia de Carabineros, inspectores del Ministerio de Transportes y apoyo de equipos municipales cuando corresponda. La finalidad es doble: resguardar la seguridad vial y combatir conductas que degradan el entorno, como los vertidos clandestinos y las quemas no autorizadas.

El conductor detenido quedó a disposición de la justicia, mientras que los antecedentes fueron remitidos para el procedimiento sancionatorio correspondiente. Las autoridades reiteraron que la fiscalización continuará durante las próximas semanas, con especial énfasis en el transporte de alto tonelaje y el respeto estricto de las licencias profesionales exigidas por la normativa vigente.