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• El tribunal de Concepción acogió un recurso de protección presentado por una mujer oxígeno-dependiente, obligando al Ministerio de Salud y a Fonasa a garantizar el suministro del fármaco Trikafta, pese a su exclusión de programas oficiales. El fallo acusa a las autoridades de actuar en forma ilegal y poner en riesgo la vida de la paciente.

Una resolución judicial de alto impacto en el ámbito de la salud pública se conoció esta semana, luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción acogiera de forma unánime un recurso de protección presentado por una mujer con diagnóstico de fibrosis quística, obligando al Ministerio de Salud y al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) a gestionar el acceso inmediato al medicamento Trikafta, considerado crucial para su tratamiento y supervivencia.

El fármaco fue prescrito por su médico tratante como el único tratamiento eficaz para frenar el acelerado deterioro de su función pulmonar, una condición que la mantiene actualmente oxígeno-dependiente y en riesgo vital. Sin embargo, pese a su urgencia y respaldo clínico, las autoridades sanitarias rechazaron la cobertura del tratamiento.

Rechazo administrativo sin sustento técnico

Según consta en el fallo judicial, Fonasa argumentó que Trikafta no está incluido en la canasta de prestaciones del Programa MAC, ni en el sistema GES, ni en la Ley Ricarte Soto, y que además no contaba con suficiente evidencia de efectividad ni con los recursos presupuestarios necesarios.

Sin embargo, la Corte desestimó todos estos argumentos, destacando que el Instituto de Salud Pública (ISP) ya había autorizado su uso en Chile desde noviembre de 2023, validando su eficacia y seguridad para pacientes con fibrosis quística. A ello se sumó el respaldo técnico del equipo médico tratante, que subrayó el carácter insustituible del tratamiento.

Fallo categórico: Fonasa y Minsal actuaron de forma arbitraria

En su resolución, la Tercera Sala del tribunal, compuesta por los ministros Rodrigo Cerda San Martín, Gonzalo Rojas Monje y el abogado integrante Maximiliano Escobar Saavedra, determinó que el actuar de las entidades recurridas fue “arbitrario e ilegal”, al basarse en razones estrictamente administrativas y económicas, sin tomar en cuenta el criterio técnico de los profesionales médicos.

“El actuar de las recurridas, consistente en la negativa a proporcionar a la recurrente el acceso a un fármaco único y eficaz […] ha sido arbitraria y, por ende, ilegal, amenazando con ello la garantía consagrada en el artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental”, señala el fallo.

Asimismo, el tribunal subrayó que si bien la fibrosis quística no está explícitamente incluida en los programas GES ni Ricarte Soto, el Programa MAC sí contempla esta enfermedad, por lo que resultaba injustificada la negativa de Fonasa a cubrir el tratamiento.

Obligación inmediata de entregar el fármaco

Como parte de la sentencia, la Corte ordenó a Fonasa y al Ministerio de Salud que “realicen todas las gestiones necesarias para adquirir y suministrar el medicamento Trikafta, mientras sea indicado por los médicos tratantes”, lo que implica una acción inmediata y sostenida.

Este fallo marca un precedente importante en el acceso a tratamientos de alto costo en Chile, especialmente para enfermedades poco frecuentes o de difícil inclusión en programas regulares, dejando en evidencia las brechas entre el criterio médico y la lógica presupuestaria de las instituciones públicas de salud.

Un llamado a revisar políticas públicas en enfermedades raras

El caso pone nuevamente en discusión la necesidad de actualizar los marcos regulatorios y los instrumentos de financiamiento sanitario, para que patologías de alto riesgo y baja prevalencia no queden fuera del sistema por tecnicismos o limitaciones administrativas.

Organizaciones de pacientes han valorado el fallo, señalando que representa “una victoria para el derecho a la vida y la dignidad de las personas con enfermedades graves”, al tiempo que llamaron a establecer protocolos más flexibles y humanizados para la evaluación de tratamientos.

Mientras tanto, la paciente continuará su tratamiento con Trikafta, luego de una larga espera que, de no haberse resuelto a través de los tribunales, podría haber puesto en grave riesgo su vida.

• La ministra vocera Camila Vallejo abordó la renuncia del ahora exdirector del Servicio de Impuestos Internos tras revelarse que adeudaba nueve años de contribuciones. La portavoz señaló que, ante este tipo de contingencias, se deben tomar decisiones que garanticen certidumbre institucional y política en medio del debate tributario.

La renuncia de Javier Etcheberry al cargo de director del Servicio de Impuestos Internos (SII) continúa generando repercusiones en el ámbito político y gubernamental. Este sábado, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió públicamente al caso, marcando una posición clara desde La Moneda respecto al manejo de este tipo de controversias que afectan la confianza ciudadana en instituciones clave del Estado.

Etcheberry había sido cuestionado durante los últimos días tras revelarse que mantenía una deuda por nueve años de contribuciones impagas correspondientes a una propiedad en la comuna de Paine, situación que, pese a su decisión posterior de renunciar a la prescripción de esos montos y comprometerse a pagar, terminó por costarle el cargo.

La decisión de su salida fue informada la noche del viernes y, según explicó la ministra Vallejo en entrevista con CHV Noticias, la resolución fue tomada por el Ministerio de Hacienda, liderado por Mario Marcel, con el objetivo de resguardar la imagen del servicio y dar señales de responsabilidad institucional.

“Lo más correcto era pedirle que diera un paso al costado”

Durante la conversación, Vallejo aseguró que ante casos de esta naturaleza la prioridad del gobierno debe ser preservar la confianza pública, especialmente en momentos en que el debate tributario se encuentra activo en el Congreso y marcado por tensiones políticas.

“Lo importante es que se tomen las decisiones correctas frente a estas contingencias, para dar certidumbre y claridad a la ciudadanía sobre el rumbo que sigue el país. Ese rumbo debe ser el adecuado ante situaciones que, evidentemente, no son deseables”, indicó.

Si bien el ministro Marcel había calificado previamente como “plausible” la explicación dada por Etcheberry, también reconoció que, al estar al frente del SII, tenía una responsabilidad mayor como garante del cumplimiento fiscal. De ahí que, en la evaluación del Gobierno, la salida del exdirector era necesaria para evitar una erosión mayor en la credibilidad del servicio.

“Después de conocerse que el exdirector del SII no pagó las contribuciones durante varios años, y aunque renunció al beneficio de prescripción y decidió pagar, el Ministerio de Hacienda evaluó que lo más correcto era solicitarle que diera un paso al costado”, detalló la vocera.

Tensiones en medio del debate tributario

El caso Etcheberry se produce en un momento particularmente sensible para el Gobierno, con un proyecto de pacto fiscal aún en discusión en el Congreso, y una creciente presión por fortalecer la fiscalización tributaria y recuperar la confianza pública en las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento del sistema.

Desde distintos sectores políticos, tanto oficialistas como de oposición, se cuestionó la permanencia de Etcheberry en el cargo, señalando que su situación personal generaba un conflicto ético con el rol institucional que ejercía. Su salida, entonces, fue vista como una forma de descomprimir el ambiente y evitar que el caso continuara erosionando el debate tributario.

Ética y servicio público

La ministra Vallejo recalcó que este tipo de hechos deben abordarse con responsabilidad y sin ambigüedades, afirmando que el estándar que se exige a los altos cargos públicos no puede ser menor al de cualquier ciudadano.

“No basta con tener una explicación válida desde lo legal. Cuando se está a la cabeza de un organismo como el SII, también se debe responder al estándar ético que espera la ciudadanía”, sostuvo la ministra.

Próximos pasos

Por ahora, el Ministerio de Hacienda no ha anunciado quién asumirá el cargo de manera definitiva, aunque se espera que durante los próximos días se defina una subrogancia interina, mientras se realiza la búsqueda de una nueva autoridad que pueda liderar con solvencia técnica y credibilidad pública el Servicio de Impuestos Internos.

La vocera concluyó que el Gobierno seguirá comprometido con una agenda de probidad y fortalecimiento institucional, enfatizando que la transparencia es un pilar clave para avanzar en reformas estructurales como la tributaria.

La renuncia de Etcheberry no solo cierra un capítulo controvertido, sino que también refuerza la señal del Gobierno de que los cargos públicos deben ir acompañados de coherencia personal y rendición de cuentas, especialmente en contextos donde la confianza en las instituciones es un valor en disputa.

• El imputado por el crimen del “Rey de Meiggs”, liberado por error bajo una identidad falsa, habría pagado $2,5 millones para trasladarse desde Estación Central hasta Iquique con la intención de cruzar la frontera. El escándalo revela graves falencias en la identificación de imputados extranjeros indocumentados y reactiva el debate sobre la coordinación institucional frente al crimen organizado.

Nuevos antecedentes complican aún más el escándalo por la liberación del sicario implicado en el asesinato del comerciante José Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”. A casi diez días del error que permitió la salida del imputado de Santiago 1, investigaciones revelan que Alberto Carlos Mejía Hernández, de nacionalidad venezolana, habría utilizado un vehículo de aplicación para desplazarse desde la capital hasta Iquique, presuntamente en su intento por cruzar la frontera hacia Perú.

De acuerdo con un reportaje emitido por 24 Horas, Mejía habría contactado durante la madrugada del 11 de julio a un conductor, al cual le pagó cerca de $2,5 millones en efectivo para que lo trasladara en un viaje de más de 1.800 kilómetros. En el trayecto, el imputado habría confesado al chofer su intención de salir del país por pasos fronterizos no habilitados.

Fuga encendió alertas en la región de Tarapacá

La revelación generó una inmediata respuesta de las autoridades regionales, que ordenaron nuevos operativos de búsqueda en Iquique y sus alrededores, con especial atención en los puntos de ingreso ilegal hacia el Perú. La posibilidad de que el imputado haya logrado cruzar al extranjero reavivó las críticas hacia el sistema penal chileno y su capacidad de controlar a imputados sin identidad verificada.

Recordemos que Mejía Hernández, inicialmente registrado bajo el nombre falso de Osmar Ferrer, fue formalizado por el crimen ocurrido el 19 de junio en Estación Central. Sin embargo, tras un aparente cruce de datos erróneo entre Gendarmería, el Registro Civil y el Poder Judicial, fue liberado por decisión de la jueza Irene Rodríguez, quien no contaba con elementos para acreditar su identidad.

Solo el 17 de julio, casi una semana después de su salida de la cárcel, la Fiscalía Regional Occidente accedió a su verdadera identidad a través de un proceso de verificación con Interpol y la policía venezolana, lo que permitió emitir nuevas órdenes de captura internacional. Demasiado tarde.

Identidades falsas: una práctica extendida

Según expertos del Ministerio Público y fuentes de la Fiscalía Nacional, este caso no es aislado, ya que más del 50% de los imputados por delitos vinculados al crimen organizado transnacional operan bajo identidades falsas. El fenómeno se ve agravado en el caso de imputados venezolanos sin documentos oficiales, dada la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que obstaculiza los canales formales de verificación.

El fiscal jefe de la ECOH Metropolitana, Álex Cortés, reconoció que “corroborar la identidad de una persona es una de las diligencias claves en estos casos, pero en ocasiones se logra incluso estando los imputados ya en prisión preventiva”.

“Chapas”, cédulas inexistentes y RUT provisorios

En este contexto, se evidenció que cuando Mejía Hernández fue arrestado, no existía registro alguno de sus huellas en los sistemas nacionales. Ante esa situación, se le asignó un RUT provisorio, trámite usual en estos casos según lo explicado por la Fiscalía.

Sin embargo, el denominado “criterio Valencia”, que exige ampliar la detención hasta confirmar la identidad mediante un RUT provisorio, no fue aplicado con rigor en esta ocasión, dejando un espacio crítico que el imputado aprovechó para fugarse.

El caso se asemeja a otras situaciones recientes, como el imputado por el homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien posee hasta tres identidades distintas, o el detenido Yonder Emilio Blanco Véliz, quien al momento de su formalización no contaba con registros civiles en Chile ni en su país de origen.

Críticas desde el Congreso y el sistema judicial

Desde el Congreso, las críticas no se hicieron esperar. El diputado Jaime Araya (PPD) fue enfático en advertir que “estamos ante riesgos para la democracia, y me parece que hay que levantar todas las alertas para que las autoridades estén a la altura”. En tanto, Andrés Longton (RN) cuestionó la ausencia de coordinación: “Aquí queda claro que las instituciones no conversan. Falta una conducción clara desde el Ministerio de Seguridad”.

Desde dicha cartera, sin embargo, respondieron señalando que la identificación de Mejía Hernández “fue posible gracias a la acción conjunta de las policías, en coordinación con el Ministerio de Seguridad”, desmarcándose del fallo judicial que permitió su liberación.

“Hay herramientas, pero falta coordinación”

El exdirector de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional, Antonio Segovia, sostuvo que sí existen mecanismos para identificar a imputados indocumentados, pero que lo fundamental es mejorar la coordinación entre los actores del sistema penal.

Además del uso de RUT provisorios, explicó que se pueden implementar estrategias digitales, como el rastreo de redes sociales, teléfonos móviles y patrones biométricos, que permitan ubicar a sujetos prófugos aunque actúen bajo nombres falsos.

Iquique en la mira

La posible presencia del sicario en la región de Tarapacá activó las alarmas en el norte del país, donde se han intensificado las fiscalizaciones, controles en carreteras, y patrullajes en zonas fronterizas. El Ministerio Público no descarta que Mejía ya haya salido del país, pero mantiene las alertas activas, tanto a nivel nacional como internacional, con el respaldo de Interpol.

Un caso que desnuda las fragilidades del sistema

El caso del sicario de Meiggs ha puesto al descubierto fallas estructurales en la identificación, detención y control judicial de imputados indocumentados, y ha abierto un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo enfrentar el crimen organizado transnacional desde un Estado que aún carece de herramientas modernas y coordinadas para prevenir este tipo de fugas.

Mientras tanto, Alberto Carlos Mejía Hernández sigue prófugo, y su paradero, ya sea en el norte de Chile o más allá de la frontera, continúa siendo una incógnita que avergüenza al sistema judicial y preocupa a las autoridades encargadas de la seguridad pública.