- La aprobación en general del proyecto que busca regular la publicidad y transparencia de las remuneraciones en las ofertas de trabajo representa un avance significativo por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados.
- Tras su aprobación, la normativa que prohíbe la consulta sobre pretensiones de renta a los postulantes ha sido remitida a la Comisión de Trabajo para la presentación de indicaciones. El propósito de esta iniciativa es garantizar la igualdad y eliminar prácticas discriminatorias en el proceso de contratación.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó de manera general el proyecto orientado a regular la publicidad y transparencia de las remuneraciones en las ofertas de trabajo, dando un significativo paso hacia la igualdad y la eliminación de prácticas discriminatorias en el ámbito laboral.
Según la normativa que enmienda el Código del Trabajo, se establece que en las ofertas de trabajo “se deberá identificar siempre al empleador oferente y la remuneración ofrecida para el cargo o función”. Asimismo, la iniciativa prohíbe preguntar a los postulantes sobre sus expectativas salariales y otras asignaciones que no estén directamente relacionadas.
La sala envió la normativa a la Comisión de Trabajo para la presentación de posibles ajustes, resaltando la importancia de perfeccionar el proyecto antes de su aprobación final.
Esta iniciativa, impulsada por diputadas y diputados, busca garantizar que cada postulante conozca previamente todas las condiciones laborales relacionadas con el puesto al que aspira, prohibiendo de esta manera la práctica de preguntar a los postulantes sobre sus pretensiones de renta.
Además, la norma establece que “cuando los servicios requeridos puedan ser desempeñados por personas con diversas competencias, calificaciones, habilidades técnicas o experiencia, el empleador podrá especificar el rango de remuneración asociado a su oferta en base a dichas condiciones”.
Los promotores de la normativa sostienen que esta medida contribuirá a mitigar abusos y a eliminar prácticas discriminatorias por parte de los empleadores, argumentando que las negociaciones entre empleador y trabajador actualmente no se dan en igualdad de condiciones.
No obstante, el proyecto también ha generado críticas. Voces contrarias plantean que la iniciativa podría rigidizar el mercado laboral, lo que resultaría en una menor flexibilidad y, eventualmente, en una disminución de los salarios, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes).