- La Encuesta de Victimización del Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) detectó que seis de cada diez establecimientos sufrieron delitos entre el 1 de julio y el 13 de agosto de 2025, con una preocupante alza en las capitales regionales evaluadas y máximos en Valparaíso–Viña del Mar. El presidente de la CNC, José Pakomio, alertó que el gasto fijo en seguridad saltó de 54% a 72% de las empresas, mientras crecen la extorsión, la revictimización y la percepción de crimen organizado. Más de la mitad de los afectados no denuncia y, entre quienes denuncian, 78,4% no obtiene resultados.
- Un 54,8% de los establecimientos de Antofagasta fue victimizado en el primer semestre de 2025, cayendo significativamente frente a la medición anterior (62,1%).
La fotografía de mitad de año para el comercio establecido en Chile es inquietante. La última encuesta de victimización de la CNC arroja una tasa nacional de 60,4% de locales victimizados, sin variaciones estadísticamente significativas respecto de la medición anterior, pero con un deterioro persistente en las capitales regionales sondeadas. La tendencia revela un ecosistema de mayor exposición al delito, con costos crecientes y una sensación de desprotección que permea las decisiones de inversión, empleo e innovación.
Para el presidente de la entidad gremial, José Pakomio, el diagnóstico es claro: “Nos preocupa profundamente que la proporción de empresas con gastos fijos en seguridad haya subido de 54% a 72%. Esto significa que el comercio, grande y pequeño, está destinando cada vez más recursos a protegerse, sin que existan políticas públicas que entreguen resultados efectivos ni incentivos que alivien este nuevo costo estructural. La inseguridad no solo encarece operar, también frena la inversión, la innovación y el desarrollo de empleos”. Sus palabras resuenan en un contexto que, además, registra el nivel más alto de extorsión desde que existe el indicador, fenómeno que —aunque de ocurrencia aún acotada— muestra revictimización y amenaza la continuidad de miles de emprendimientos formales.
El sondeo —aplicado telefónicamente a 1.202 administradores o encargados de establecimientos de retail, hoteles y restaurantes, automotor–logística–estaciones de servicio y comercio minorista en Iquique, Antofagasta, Valparaíso–Viña del Mar, Gran Santiago, Concepción–Talcahuano, Temuco y Puerto Montt— fue levantado entre el 1 de julio y el 13 de agosto de 2025, con 95% de confianza y un margen de error de ±2,8%. Su período y cobertura permiten captar tanto patrones persistentes como nuevos comportamientos delictuales, con una lectura fino–regional clave para la gestión pública y privada.
Pakomio advierte otra arista que complica la persecución penal: “El que un 58,2% de los afectados no denuncie y que, entre quienes sí lo hacen, un 78,4% no obtenga resultados, perpetúa un círculo vicioso: la falta de confianza desalienta la denuncia, y la falta de denuncias limita la acción de las autoridades. El comercio establecido está quedando atrapado en un escenario de desprotección que inhibe el crecimiento y la creación de empleos formales”. A ello se suma que 66,8% de quienes no denuncian lo atribuyen a la ineficacia percibida del trámite, 45,9% a su carácter engorroso y 45% al bajo monto, mientras crecen razones sensibles como el temor a represalias, que llega a 6,6%.
La CNC incorpora en esta edición una pregunta crítica: si los delitos los comete una persona o más de una (bandas). Un 52,7% de los locales victimizados atribuye los hechos a más de un autor y 31,5% a un individuo. “Más de la mitad de los delitos son atribuidos a más de una persona, lo que puede llevar a inferir que existen bandas organizadas, lideradas tanto por nacionales como por extranjeros”, señala Pakomio. “El crimen organizado impacta directamente en la logística, la distribución y el abastecimiento. Se requiere inteligencia, coordinación y una política pública mucho más contundente para desarticular estas redes que hoy afectan la competitividad del comercio”.
El mapa regional exhibe matices que orientan decisiones de focalización. Antofagasta anota una caída significativa en su tasa de victimización hasta 54,8%, aunque más de la mitad del comercio sigue afectado; Valparaíso–Viña del Mar, en cambio, escala a un alarmante 71,9% y lidera el ranking nacional, en un territorio neurálgico para turismo y servicios. Gran Santiago se mantiene en 60,2%; Concepción–Talcahuano bordea 62,8%; Temuco llega a 60,6%; Puerto Montt a 52% e Iquique a 50,8%, esta última con descenso en percepción de inseguridad del barrio respecto de la medición previa. El deterioro percibido de la seguridad barrial avanza en prácticamente todas las ciudades, con picos en Valparaíso–Viña del Mar (56,8%) y Concepción–Talcahuano (56,6%), mientras Santiago alcanza 55%. A escala nacional, 45,8% de los locatarios cree que la violencia con que operan los delincuentes es mayor que hace un año y 31,6% observa crimen organizado “siempre o con bastante frecuencia”, con máximos en Valparaíso–Viña (35,3%) y niveles elevados en Santiago (33,2%).
Los rubros más golpeados son los de gran retail —tiendas por departamento, supermercados y farmacias— con una tasa de victimización de 87,5%, seguidos por estaciones de servicio, compraventa de automóviles y logística (69,2%), hoteles y restaurantes (60,4%) y otros minoristas (58,5%). El podio de incidentes lo encabezan los daños materiales al local (25,4%), el hurto hormiga (24,1%) y el hurto (21,4%); luego aparecen delitos económicos (16%), robo de accesorios de vehículos de uso comercial (13,5%) y robo de mercancía en ruta (9,7%). El universo de hechos de mayor connotación violenta —saqueo o robo con fuerza y robo con violencia e intimidación— afectó a 11,4% de los encuestados.
La revictimización es el rasgo que más alarma a la industria: quienes sufren delitos los padecen, en promedio, 33,8 veces en el período si se incluye hurto y hurto hormiga; incluso sin considerar esas dos categorías, la media es de 7,7 hechos por local victimizado. El hurto hormiga destaca por su repetición: 90,4% de los afectados reporta más de un episodio y un promedio de 61,1 veces en el semestre; “otros daños materiales” exhibe 68,7% de revictimización con 8,3 veces en promedio; y el hurto, 62% con cinco repeticiones. Llama la atención la extorsión: pese a su menor incidencia, 70,5% de las víctimas declara haberla sufrido más de una vez, con una media de 4,2 ocasiones en el semestre, un patrón típico de estabilización de rentas criminales en barrios comerciales.
El fenómeno del comercio ambulante ilegal y su concentración en polos urbanos agrega presión a la seguridad y al flujo de caja del comercio establecido. Un 38,2% de los locales reporta presencia de comercio ilegal cerca de sus negocios, con niveles más altos en Iquique (45,2%), Valparaíso–Viña (43,7%) y Temuco (43,5%). El 47% sostiene que el comercio ambulante ilegal en su barrio ha aumentado —61% en Concepción–Talcahuano y 54,7% en Valparaíso–Viña— y 53% percibe ausencia de fiscalización, cifra que sube frente a la medición anterior. La correlación con victimización es clara: 70,9% de los negocios con comercio ilegal en las cercanías fue víctima de algún delito o falta, versus 53,8% entre quienes no registran esa presencia. Para 71,5% de los locatarios, el ambulantaje ilegal incrementa la inseguridad del barrio; 61,5% estima que afecta la seguridad de los clientes y 45,1% afirma que reduce sus ventas.
En paralelo, el comercio formal invierte en múltiples capas de protección. En promedio, cada local declara ocho medidas implementadas y 44% de los encuestados aumentó su set de seguridad en el primer semestre. La canasta incluye cámaras, reducción de manejo de efectivo, rejas exteriores, alarmas, rediseños del espacio y coordinación vecinal. El 72% de las empresas presenta gastos fijos mensuales asociados a seguridad. Los montos varían por segmento: en gran retail promedian $9 millones por local; en estaciones de servicio, automotor y logística, $1,1 millón; en hoteles y restaurantes, en torno a $500 mil; y en otros minoristas, $380 mil mensuales. A este costo se suma un dato inquietante: a 12% de los encuestados le han ofrecido “servicios de seguridad” de origen sospechoso o sin acreditación, una externalidad que abre otro frente de vulnerabilidad.
La satisfacción con la respuesta institucional continúa siendo baja. Los mayores niveles de insatisfacción se concentran en Congreso (86%) y Tribunales de Justicia (83,2%), seguidos por el Ministerio Público (72,6%) y el Gobierno (71,7%), aunque estos dos últimos retroceden levemente en su desaprobación respecto del corte previo. En el polo positivo, Carabineros alcanza 53% de satisfacción y la PDI 52%, mientras la seguridad municipal llega a 43%, señales que sugieren que la presencia territorial y la capacidad de respuesta inmediata siguen siendo valoradas por los locatarios.
El detalle por ciudad refuerza la necesidad de intervenciones a la medida. Gran Santiago registra 60,2% de victimización, con “otros daños” como incidente más frecuente (25,6%) y una percepción barrial “poco o nada segura” que salta a 55%. El norponiente concentra el peor registro de inseguridad percibida (77,4%), seguido por el suroriente (67,7%) y el surponiente (62,1%), mientras el nororiente exhibe niveles significativamente menores. En Iquique, la tasa llega a 50,8%, con descenso en la percepción de inseguridad barrial (39,3%) respecto de la medición previa, aunque sube la presencia de ambulantaje ilegal y su incremento reciente. Antofagasta baja en victimización a 54,8%, pero sube la percepción barrial de inseguridad a 51,2% y se mantiene alta la sensación de mayor violencia; el 39% reporta aumento del comercio ambulante ilegal. Valparaíso–Viña del Mar, con 71,9%, exhibe un cuadro más hostil: hurto hormiga (34,5%) y daños materiales (33,5%) puntean, 56,8% califica su barrio como “poco o nada seguro” y 56,1% cree que la violencia es mayor que hace un año; además, 12,1% declara observar siempre bandas de crimen organizado y 23,2% con bastante frecuencia. Concepción–Talcahuano, con 62,8%, reporta alzas en percepción de inseguridad (56,6%) y violencia, y 61% de quienes tienen ambulantaje en su entorno dice que ha aumentado. Temuco marca 60,6% de victimización, con percepciones al alza y 25%–15% de observación frecuente o muy frecuente de crimen organizado. Puerto Montt, en tanto, se sitúa en 52%, con percepción de inseguridad en ascenso y menor prevalencia de crimen organizado “siempre”, aunque con indicadores persistentes de hurto hormiga.
En expectativas, el termómetro muestra una leve mejora respecto de la medición anterior: 35,1% espera que la delincuencia aumente en los próximos seis meses, 36,8% cree que seguirá igual y 25,9% confía en que baje. Son números aún frágiles, condicionados por la capacidad de corregir tres cuellos de botella: la efectividad de la persecución penal, la disuasión en terreno y la reducción de los incentivos criminales en cadenas logísticas, rutas y barrios comerciales.
Pakomio sintetiza el cuadro: “Estos resultados confirman que la inseguridad se ha transformado en un costo estructural para el comercio. No podemos normalizar que las empresas deban destinar cada vez más recursos a protegerse en lugar de invertir en crecer, innovar y generar empleos. Urge que las autoridades den garantías efectivas al comercio formal, motor clave de la economía y la cohesión social”. El llamado del gremio, respaldado por datos de victimización, revictimización y desaliento a la denuncia, no es meramente contable: apunta a recuperar condiciones básicas de competencia, formalidad y movilidad económica en los centros urbanos del país.
La hoja de ruta sugerida por los hallazgos —más inteligencia y coordinación para desarticular bandas; gestión proactiva del “hot product” y del hurto hormiga; fortalecimiento de controles en rutas y nodos logísticos; incentivos a la formalización y fiscalización efectiva del comercio ambulante ilegal; simplificación y “service level agreements” en la denuncia; y cofinanciamiento de infraestructura de seguridad crítica— delinearía un paquete integral para cortar el círculo de la impunidad y el sobrecosto. A la par, la articulación municipal–policial–fiscal, con métricas barriales y foco en corredores comerciales, podría acelerar el retorno de la confianza al terreno.
La CNC deja sobre la mesa cifras y señales. La decisión política y la gestión interagencial determinarán si el comercio formal, que hoy opera con ocho candados y márgenes erosionados, podrá volver a abrir sus cortinas con la tranquilidad mínima que exige cualquier actividad productiva. Porque la seguridad, antes que un gasto hundido, es un habilitador del crecimiento. Y ese, a la luz de estas cifras, es el principal déficit que Chile arrastra en su red de barrios comerciales.