- El ente contralor coordina con las auditorías internas de 733 instituciones —incluidas municipalidades, ministerios, universidades, FF.AA. y policías— un plan de cobro y reintegro por licencias médicas rechazadas, subsidios de incapacidad laboral y reposos incumplidos. La revisión, iniciada a comienzos de septiembre, se extenderá por cerca de tres meses y contempla sumarios administrativos tras detectarse 25 mil viajes al extranjero durante periodos de licencia.
La Contraloría General de la República (CGR) inició un proceso nacional de fiscalización para recuperar recursos pagados por concepto de licencias médicas rechazadas, subsidios de incapacidad laboral y casos de mal uso de reposo. La acción se enmarca en los hallazgos informados en mayo por el organismo y busca verificar y exigir las medidas de cobro y reintegro que deben ejecutar los servicios públicos involucrados.
Según informó la CGR, el despliegue se realiza en coordinación con las unidades de auditoría interna de 733 instituciones que registran montos por recuperar: 33 del ámbito de educación escolar, 24 de educación superior, 26 pertenecientes a Fuerzas Armadas, Policías y Gendarmería, 2 empresas del Estado, 143 otras entidades públicas y 332 municipalidades a lo largo del país. El énfasis está puesto en constatar los procedimientos de cobro, las responsabilidades administrativas y la restitución efectiva de los recursos.
La inspección comenzó a principios de septiembre y tendrá una duración aproximada de tres meses, periodo en el que la CGR analizará las acciones adoptadas por cada servicio, la trazabilidad de los cobros y las eventuales medidas disciplinarias en curso. Finalizada esa etapa, el organismo elaborará un consolidado con los resultados, los montos efectivamente recuperados y los casos que ameriten profundización.
En el universo de deudores figuran entidades de salud previsional —como Fonasa e isapres en su calidad de administradores y pagadores de subsidios— y funcionarios públicos cuyas licencias fueron rechazadas por incumplimiento del reposo o por observaciones médicas, quienes deberán reintegrar los días no trabajados y enfrentar, de corresponder, sumarios administrativos. La CGR recalcó que cada institución tiene el deber de activar los mecanismos de cobro y, cuando corresponda, remitir antecedentes al Ministerio Público.
El impulso fiscalizador ocurre tras las pesquisas del noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), que revelaron 25.000 funcionarios públicos que viajaron fuera del país durante periodos de licencia médica. A partir de esa alerta, se ordenaron sumarios en ministerios, municipios, Carabineros, Fuerzas Armadas y otros servicios, mientras que el Ministerio Público y el Congreso iniciaron procesos administrativos propios para esclarecer eventuales infracciones y determinar responsabilidades.
La Contraloría subrayó que el objetivo principal es resguardar el buen uso de los recursos públicos y corregir malas prácticas, estableciendo medidas preventivas para evitar su reiteración. En paralelo, se revisarán protocolos internos, controles y reportabilidad de las instituciones, con el fin de estandarizar procedimientos frente a licencias rechazadas, subsidios objetados y reposos incumplidos.
Durante el periodo de auditoría, la CGR mantendrá comunicación con los servicios para acelerar los planes de cobro y transparentar los avances. Se prevé la publicación de resultados parciales a medida que concluyan las revisiones sectoriales y, al cierre, un informe consolidado con recomendaciones y medidas de mejora para el sistema público.