- La contralora Dorothy Pérez confirmó que se intensificarán las inspecciones a instituciones tradicionalmente resguardadas, como las Fuerzas Armadas y Carabineros, en el marco de los nuevos Consolidados de Información Circularizada (CIC), que ya han revelado irregularidades en el uso de licencias médicas y otras prácticas administrativas en más de 700 organismos públicos.
Una nueva forma de control llegó para quedarse en el aparato público chileno. La Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Dorothy Pérez, ha comenzado a implementar una herramienta inédita de fiscalización denominada Consolidados de Información Circularizada (CIC). Este nuevo sistema cruza millones de datos de organismos estatales con el objetivo de identificar fallas estructurales, irregularidades administrativas y potenciales actos de corrupción.
La contralora general confirmó esta semana que uno de los focos de los nuevos informes será el control sobre Carabineros y las Fuerzas Armadas, particularmente en el uso indebido de licencias médicas para salir del país, una práctica que ya ha generado polémica en otras instituciones del Estado.
“Estamos fiscalizando áreas donde históricamente ha habido menos supervisión. Las Fuerzas Armadas y Carabineros también deben someterse a los principios de eficiencia, probidad y transparencia”, afirmó Pérez.
Este anuncio se enmarca dentro de una ofensiva de control más amplia. Desde octubre de 2024 —cuando asumió formalmente como contralora general—, Pérez se comprometió ante el Senado a modernizar los mecanismos de fiscalización, haciéndolos más sistemáticos, preventivos y accesibles al público.
Radiografía del aparato público: más de 700 instituciones con observaciones
Entre los hallazgos más recientes de los CIC destaca el informe sobre licencias médicas mal utilizadas, que detectó 25.078 funcionarios públicos que viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 estando con permiso médico, de los cuales al menos 4.200 lo hicieron sin respaldo médico válido.
Dentro de las instituciones afectadas están Codelco, BancoEstado, Metro de Santiago, Correos de Chile, Enap, universidades públicas, embajadas, hospitales y ahora también organismos de seguridad del Estado.
“No se trata solo de sancionar, sino de generar un estándar más alto en la gestión pública”, aseguró Pérez.
En el caso del Servicio de Impuestos Internos (SII), el propio director Javier Etcheberry reconoció esta semana que al llegar al cargo solicitó una revisión interna, detectando inicialmente 38 licencias prolongadas sospechosas, que luego se ampliaron a 137 casos con salidas al extranjero.
En Codelco, en tanto, ya se han producido 37 despidos sin derecho a indemnización por uso irregular de licencias, según confirmó el presidente del directorio, Máximo Pacheco.
Fiscalización a Carabineros y Fuerzas Armadas
La inclusión de Carabineros y las ramas de las Fuerzas Armadas en los CIC representa un hito en la historia de la Contraloría. Se trata de entidades que, por su carácter estratégico, tradicionalmente han tenido menor exposición al escrutinio público directo, aunque sí están sujetas al control administrativo.
Según fuentes de la CGR, ya se han identificado casos de personal uniformado que viajó fuera del país en períodos donde debía estar convaleciente por enfermedad, situación que será reflejada en próximos informes.
La contralora Pérez fue enfática:
“Nadie puede estar por sobre la ley ni por fuera de los controles. Esta herramienta nos permite mirar de forma transversal, comparar instituciones y anticipar fallas antes de que se transformen en escándalos.”
Cómo funcionan los CIC
Los CIC no son auditorías tradicionales. Se trata de documentos públicos, descargables desde el sitio de la CGR, que utilizan herramientas tecnológicas avanzadas para cruzar bases de datos de múltiples servicios del Estado. Hasta la fecha, ya se han publicado diez informes, que abarcan:
- Uso irregular de licencias médicas y viajes internacionales.
- Personal de salud que asiste partos en clínicas privadas mientras está con licencia.
- Cumplimiento ambiental y de transparencia en gobiernos locales.
- Doble contratación en el aparato público.
- Deudas en universidades estatales.
- Ocupación ilegal de propiedades fiscales.
Además, se encuentran más de 20 nuevos CIC en distintas fases de elaboración, con foco en áreas sensibles como seguridad municipal, rendiciones pendientes en embajadas, hospitales sin dotación médica, y más recientemente, organismos policiales y de defensa.
Reacciones y perspectivas
Desde el Congreso, el senador Matías Walker (Demócratas) valoró la expansión del control fiscal:
“Estamos ante una herramienta que puede marcar un antes y un después en la transparencia estatal. Es clave que se fiscalice también a quienes durante años no fueron mirados con la misma lupa.”
Por su parte, desde el Instituto Chileno de Estudios de Administración Pública, la experta Pamela Figueroa sostuvo que los CIC permiten por primera vez “pasar del control reactivo al control preventivo”.
Lo que viene
En los próximos meses, se espera la publicación de informes que involucren viajes oficiales, uso indebido de viáticos, acumulación de horas extraordinarias ficticias y gestiones cuestionables en embajadas y consulados.
La Contraloría prepara además una plataforma ciudadana que permitirá denunciar casos de mal uso de recursos públicos, y seguir en tiempo real las medidas adoptadas por las instituciones observadas.
“El control fiscal no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para mejorar los servicios públicos”, cerró Pérez.
Con estas medidas, la Contraloría busca establecer un nuevo estándar en la gestión pública, uno que impida la normalización de prácticas ineficientes y refuerce el rol fiscalizador del Estado frente a la ciudadanía.