- Parlamentarios de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama piden al Gobierno disponer presencia de Fuerzas Armadas en apoyo a las policías, ante el incremento del crimen organizado, narcotráfico y violencia que afecta a la Macrozona Norte.
Una contundente exigencia realizaron este lunes un grupo transversal de diputados representantes de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, quienes emplazaron al Gobierno a desplegar de forma inmediata a las Fuerzas Armadas en la Macrozona Norte, en apoyo a las labores de seguridad interior que hoy enfrentan serias limitaciones frente al avance del crimen organizado.
La solicitud responde al sostenido aumento de delitos asociados al narcotráfico, el tráfico de armas, el ingreso irregular de personas y hechos de violencia que han deteriorado gravemente la seguridad en las principales ciudades del norte del país. Según señalaron los parlamentarios, las capacidades de las policías han sido sobrepasadas, y la población se encuentra expuesta diariamente a hechos delictuales que ponen en riesgo su integridad.
“Lo hemos dicho muchas veces y con mucha claridad: la seguridad de nuestra gente no puede seguir esperando. La Constitución permite la colaboración de las Fuerzas Armadas en resguardo de la seguridad interior, y hoy esa medida no solo es legal, sino también indispensable”, afirmó un grupo de diputados en declaración conjunta, llamando a La Moneda a tomar decisiones inmediatas y contundentes.
Entre los firmantes se encuentran legisladores de diversas bancadas, quienes coincidieron en la urgencia de intervenir con fuerza en zonas críticas como las provincias de Arica, Tamarugal, El Loa y Copiapó, donde los índices de criminalidad han experimentado un alarmante crecimiento durante los últimos meses.
“El norte de Chile se ha transformado en una verdadera zona de sacrificio para sus habitantes. Las familias viven con miedo, los comerciantes cierran más temprano, y los funcionarios públicos no dan abasto. Necesitamos un Estado que actúe con todas sus herramientas y de manera decidida”, puntualizó una diputada de la Región de Antofagasta.
Llamado al Ejecutivo y respaldo constitucional
Los legisladores recordaron que la propia Constitución habilita el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de resguardo de la seguridad interior, siempre que exista una justificación legal y coordinación con las policías. En ese sentido, remarcaron que ya existen experiencias previas como el despliegue militar en frontera, decretado bajo estados de excepción o mediante leyes especiales de infraestructura crítica.
“Esto no se trata de militarizar la vida civil, sino de usar los recursos del Estado de forma proporcional a la amenaza. Hoy estamos frente a bandas armadas, crimen transnacional y estructuras logísticas que superan lo que puede enfrentar una patrulla policial común. El Estado no puede seguir actuando con guantes de seda”, enfatizó otro de los representantes del norte.
El emplazamiento fue acompañado por la solicitud de una sesión especial en la Cámara de Diputados para abordar la crisis de seguridad en la Macrozona Norte, donde esperan contar con la presencia de los ministros del Interior y de Defensa, así como del alto mando policial y militar.
Preocupación ciudadana y respaldo desde los territorios
La preocupación no es exclusiva del ámbito parlamentario. En las últimas semanas, diversas organizaciones sociales, juntas de vecinos y gremios de transportistas y comerciantes del norte han expresado públicamente su desesperación ante la ola de delitos, demandando mayor presencia estatal en las calles y pasos fronterizos.
“El norte no puede seguir siendo la puerta abierta al crimen. Necesitamos un Gobierno que escuche, actúe y proteja a su gente”, agregaron los parlamentarios, quienes advirtieron que, de no haber una respuesta efectiva en el corto plazo, evaluarán nuevas acciones políticas y legislativas para presionar al Ejecutivo.
La situación de inseguridad en el norte se mantiene como una de las principales preocupaciones de las autoridades locales y de la ciudadanía, que clama por medidas concretas y sostenidas que garanticen el derecho básico a vivir en paz.