- La Fiscalía Local de Osorno, dirigida por la fiscal jefe María Angélica De Miguel, confirmó la detención de tres de los cuatro investigados por torturas y vejámenes contra un exfuncionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) del Hospital Base de Osorno, hechos ocurridos entre 2018 y 2020 y difundidos recientemente en registros audiovisuales. El cuarto implicado es buscado activamente. El Ministerio de Salud destituyó a los cuatro funcionarios, instruyó un enviado especial y derivó antecedentes al INDH, mientras la Subsecretaría de Redes Asistenciales abrió sumario por eventual omisión de denuncia.
La Fiscalía de Osorno, en coordinación con equipos especializados de la Policía de Investigaciones, concretó en las últimas horas la detención de tres personas sindicadas como responsables de torturas y vejámenes graves contra un exfuncionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) del Hospital Base de Osorno. Las aprehensiones se enmarcan en la investigación abierta tras la circulación pública de videos que registran agresiones al interior del recinto asistencial. Un cuarto investigado se mantiene prófugo y es buscado intensamente en la ciudad.
“Como Fiscalía Local de Osorno, podemos confirmar que la tarde del día de hoy se solicitaron cuatro órdenes de detención respecto a las personas investigadas por las agresiones a un funcionario dentro del Hospital Base de Osorno y que han sido de público conocimiento a través de los videos que se han difundido a través de redes sociales. Es así y confirmamos que de las cuatro personas, tres de ellas han sido detenidas ya por la Policía de Investigaciones, faltando una restante, la cual se está buscando en la ciudad de Osorno y estas pasarán el día de mañana. Audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Osorno para ser formalizada los cargos correspondientes”, consignó la fiscal jefe, María Angélica De Miguel a un medio radial.
De acuerdo con los antecedentes recopilados, los hechos investigados se habrían cometido entre 2018 y 2020, y se califican preliminarmente como constitutivos del delito de tortura. La persecutora explicó que la decisión de iniciar esta nueva causa obedece a que “los nuevos antecedentes conocidos esta semana a través de los registros audiovisuales, que no habían sido denunciados con anterioridad, nos han permitido iniciar esta nueva investigación”. En este contexto, el Ministerio Público ya tomó contacto con la víctima para resguardar su integridad y avanzar en la toma de declaraciones y pericias.
La PDI ejecutó las diligencias bajo coordinación de la Fiscalía, con un equipo multidisciplinario orientado a la recolección de evidencia técnica, análisis de los registros audiovisuales y empadronamiento de testigos. Las detenciones se materializaron sin incidentes y los imputados fueron trasladados a cuarteles policiales para los trámites de rigor, a la espera de su presentación ante el Juzgado de Garantía de Osorno para el control de detención y la posterior formalización de cargos este viernes 5 de septiembre.
Desde el ámbito administrativo, el Ministerio de Salud confirmó la destitución de los cuatro funcionarios involucrados. La ministra Ximena Aguilera ofició al Servicio de Salud de Osorno el mismo día en que se conocieron los hechos, requiriendo todos los antecedentes y la adopción de medidas inmediatas. Asimismo, designó a un enviado especial —un abogado de su gabinete— para reforzar la supervisión in situ de los procesos y asegurar el cumplimiento de los protocolos. El Minsal dispuso además que la totalidad de los antecedentes del sumario y de la denuncia fueran remitidos al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
En paralelo, la Subsecretaría de Redes Asistenciales ordenó la apertura de un sumario administrativo con dos objetivos: determinar si existió omisión de denuncia a la Fiscalía por parte de los directivos de la época y revisar los procedimientos que habrían concluido en el sobreseimiento administrativo de los implicados, a fin de establecer responsabilidades y eventuales sanciones adicionales. El examen de esos procedimientos incluirá la trazabilidad de las alertas internas, la oportunidad en la activación de protocolos y la cadena de mando que tomó conocimiento de los hechos.
La Fiscalía informó también que, con anterioridad, en 2020, la víctima interpuso una denuncia por lesiones menos graves contra un funcionario distinto del que aparece en los videos conocidos esta semana. Ese proceso dejó a un imputado formalizado. La nueva causa, sin embargo, se sustenta en material probatorio que no había sido incorporado y que, por su gravedad, podría configurar tipos penales más severos.
En las próximas horas, el Ministerio Público definirá las medidas cautelares que solicitará para los detenidos al momento de la formalización, considerando la naturaleza de los hechos, el posible riesgo para la víctima y la necesidad de asegurar la comparecencia a las diligencias futuras. No se descarta solicitar medidas de protección complementarias para la víctima y su entorno, así como órdenes de no acercamiento a instalaciones hospitalarias o testigos relevantes.
La investigación penal avanza en varias líneas: análisis pericial de los registros audiovisuales, identificación de todas las personas presentes en los episodios documentados, determinación de la extensión de las agresiones sufridas por la víctima, evaluación de contextos de subordinación o abuso de poder dentro del recinto asistencial y revisión de protocolos institucionales vigentes en el periodo 2018–2020. A esto se suma la búsqueda del cuarto imputado, para lo cual se desplegaron equipos en terreno y se emitieron alertas de control a nivel local.
Las autoridades recalcaron que, conforme al principio de presunción de inocencia, la responsabilidad penal de los imputados deberá ventilarse en sede judicial con pleno respeto de las garantías del debido proceso. Al mismo tiempo, subrayaron el deber estatal de investigar con celeridad y enfoque de derechos posibles tratos crueles, inhumanos o degradantes, más aún tratándose de una persona con TEA y en un contexto institucional en que pesaba un especial deber de resguardo.
El caso ha generado alta conmoción pública por la crudeza de los registros y por la condición de la víctima, que habría sido objeto de agresiones mientras se desempeñaba laboralmente en el Hospital Base de Osorno. Tanto la Fiscalía como la PDI solicitaron prudencia en la difusión de imágenes que puedan revictimizar o dificultar las diligencias y llamaron a canalizar aportes de información directamente a las unidades investigadoras.
En lo inmediato, se espera que el tribunal fije horario para la audiencia de control de detención y formalización de cargos este viernes 5 de septiembre en el Juzgado de Garantía de Osorno. Será en esa instancia donde el Ministerio Público detallará los hechos que atribuye a cada uno de los imputados, la eventual calificación jurídica y las cautelares solicitadas. En paralelo, proseguirán las diligencias destinadas a ubicar y detener al cuarto investigado, así como las acciones administrativas dispuestas por la autoridad sanitaria y el seguimiento del INDH a las garantías de la víctima.
La Fiscalía reiteró su llamado a cualquier persona que cuente con información relevante a acercarse a las policías o al propio Ministerio Público. La coordinación interinstitucional —Fiscalía, PDI, Minsal, Servicio de Salud de Osorno e INDH— continuará activa para asegurar verdad, justicia y no repetición ante hechos que, por su gravedad, demandan una respuesta ejemplar del sistema.