- Tras informes de la Contraloría que detectaron posibles usos indebidos de licencias —incluido uno que establece que más de 25 mil funcionarios viajaron al extranjero estando con reposo—, el Ejecutivo ingresó el 10 de julio una iniciativa para regular la materia. El proyecto, presentado por los ministerios de Salud, Hacienda y Trabajo, propone que los trabajadores públicos dejen de percibir automáticamente el 100% de su remuneración durante la licencia, alineándolo con el régimen del sector privado. La medida encendió la oposición de gremios como la ANEF y llevó al Gobierno a imprimir cautela en su tramitación, mientras la Comisión de Salud del Senado equilibra su agenda con otras reformas como eutanasia y salud mental.
El plan del Gobierno para cambiar el régimen de licencias médicas en el sector público entró a una fase de “baja velocidad” legislativa. La decisión de atenuar el ritmo —sin detener el proyecto, pero evitando aceleraciones— surge tras la ola de cuestionamientos que gatilló la propuesta entre asociaciones de funcionarios, en particular por la regla que elimina el pago automático del 100% del sueldo durante los periodos de reposo, tal como ocurre en el sector privado con el Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL).
El origen político de la iniciativa se remonta al compromiso asumido por el Ministerio de Salud durante las negociaciones presupuestarias de 2024, que viabilizaron la aprobación del erario 2025. A ese telón de fondo se sumaron los hallazgos de la Contraloría, cuyos informes describen indicios de mal uso del sistema de licencias, entre ellos el dato de que más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país estando con licencia médica. Con ese cuadro, el Ejecutivo ingresó el 10 de julio el proyecto, rubricado por Salud, Hacienda y Trabajo, para reforzar controles y homologar reglas entre los sectores público y privado.
Pese a que inicialmente el plan del Gobierno era imprimirle urgencia, la propuesta llegó al Congreso con urgencia simple y su tramitación ha mostrado señales de prudencia. Fuentes parlamentarias aseguran que La Moneda ha transmitido la intención de avanzar con cuidado, abriendo espacios de conversación con los gremios y administrando los tiempos para evitar que la resistencia sindical se profundice. En los pasillos del Senado se resume así: no se frenará, pero tampoco se forzará.
En la Comisión de Salud de la Cámara Alta —instancia a cargo del primer trámite—, el proyecto fue presentado formalmente este martes, luego de un par de postergaciones por agenda de autoridades. Su presidente, el senador Iván Flores (DC), interpreta el cuadro como un cambio de prioridades de la cartera sanitaria. “Pareciera que el proyecto se está ralentizando. Se postergó dos semanas la presentación porque, supuestamente, debían estar presentes los ministros de Trabajo, Hacienda y Salud. Esto finalmente ocurrió recién este martes, pero, dado que su urgencia es simple, queda claro que ya no cuentan con el mismo apuro que al inicio”, planteó. Y agregó que no ha habido contacto directo con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ni con los otros secretarios de Estado para explicar ese giro, que atribuye al “tremendo revuelo” provocado en el mundo público.
La agenda de la comisión también presiona. Proyectos con fuerte componente social —como eutanasia y salud mental— demandan espacios y consensos, por lo que el rediseño del régimen de licencias debe abrirse paso en un calendario exigente. En paralelo, circula en el Congreso la tesis de que la iniciativa incluso podría no completar su tramitación antes de que termine la actual administración, escenario que el Ejecutivo no comparte.
En terreno gremial, el rechazo ha sido frontal. Apenas ingresó el proyecto, distintas asociaciones solicitaron su retiro. Esta semana, representantes llegaron al Senado para exponer su desacuerdo. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) endureció el tono. Su secretario general, Carlos Insunza, sostuvo que “no aceptamos que este proyecto de ley siga tramitándose, porque es inconsulto y precariza la Seguridad Social en nuestro país”, y lo calificó como una propuesta “de ahorro fiscal” que debería ser “rechazada de plano”, acusando un intento de “hacer caja con los ingresos de los trabajadores y trabajadoras enfermos”.
Desde el Ejecutivo intentan descomprimir. Cercanos al Ministerio de Salud —que derivó las consultas a otra cartera— aseguran que la reforma sigue siendo prioritaria y que se constituyó una mesa de trabajo para conducir la conversación con las organizaciones, en particular sobre el punto más controvertido: la eliminación del pago íntegro y automático del sueldo durante la licencia para funcionarios públicos.
La propuesta del Gobierno no se agota en esa regla. El texto incorpora disposiciones para fortalecer la labor de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), clave en la evaluación y autorización de licencias, con el objetivo de mejorar tiempos de respuesta, trazabilidad y control del fraude. Además, rediseña el esquema de “carencia” del Subsidio por Incapacidad Laboral: hoy, cuando las licencias son superiores a 10 días, el pago se efectúa desde el primer día; en cambio, para licencias iguales o inferiores a 10 días, el subsidio corre desde el cuarto día, lo que implica tres días de carencia. La iniciativa propone uniformar el sistema para que el SIL se pague siempre desde el tercer día, reduciendo la carencia a dos días con independencia de la duración de la licencia. En términos prácticos, eso significa que los primeros dos días no se pagan y el tercero sí, tanto para licencias breves como extensas.
La convergencia regulatoria entre el mundo privado y el público es el eje argumental del Gobierno, que defiende la necesidad de alinear incentivos, mejorar la fiscalización y asegurar la sostenibilidad del sistema, manteniendo la protección de ingresos por enfermedad. Los detractores, en cambio, alertan sobre el riesgo de desprotección económica ante patologías agudas o crónicas, particularmente en los tramos salariales más bajos del Estado, y cuestionan la oportunidad política de la medida en medio de tensiones laborales y sobrecarga de servicios de salud.
En el plano político, el oficialismo y la oposición miden costos y beneficios. Para el Ejecutivo, el desafío es ordenar a sus bancadas, contener a los gremios y sostener el discurso de probidad y buen uso de recursos públicos sin erosionar su relación con el sector estatal. La oposición, por su parte, observa un flanco para exigir mayores estándares de control —en línea con los informes de Contraloría—, pero sus parlamentarios también toman nota del riesgo de conflictos con funcionarios en regiones y servicios que administran.
La tramitación inmediata exige despejar definiciones técnicas en la comisión: cómo se implementará la nueva regla de remuneración en el Estado; qué transición y excepciones se contemplarán para patologías de alto costo o licencias prolongadas; y de qué forma se fortalecerá la Compin para que el reforzamiento del control no derive en más burocracia o demoras, especialmente en territorios con menos capacidad operativa. A ello se suma el compromiso de escuchar a los gremios en la mesa de trabajo y canalizar sus observaciones en indicaciones que eviten la percepción de una reforma “punitiva”.
Por ahora, el Gobierno apuesta a mantener vivo el debate con un tono menos confrontacional, priorizando acuerdos técnicos que blinden el corazón del proyecto —la homologación de reglas y el cierre de espacios al abuso— y faciliten su paso por la comisión. En paralelo, el Senado administra su escaso tiempo entre expedientes de alta sensibilidad social, lo que configura un escenario de avances incrementales para la reforma de licencias.
El tablero queda, así, con tres fuerzas en tensión: la presión por corregir malas prácticas y ordenar incentivos; la necesidad de no desproteger a trabajadores efectivamente enfermos; y la realidad política de un Congreso donde cada prioridad compite por horas de tramitación. En ese equilibrio, el proyecto seguirá su curso, con la cautela que impone la calle, los gremios y una agenda sanitaria que, además de recursos, demanda consensos.