- El director del Servicio Nacional de Migraciones destacó las complejidades logísticas y de seguridad de la iniciativa, mientras en el oficialismo surgen divisiones sobre su viabilidad.
El Servicio Nacional de Migraciones, liderado por Luis Eduardo Thayer, tomó distancia del proyecto de ley que busca crear un centro de internación “de carácter no carcelario” para que extranjeros con orden de expulsión pendiente permanezcan hasta por 60 días. La institución expresó estar “abierta a discutir distintas alternativas”, pero advirtió sobre las dificultades de implementar esta medida en el corto plazo.
“Esta propuesta tiene varias complejidades logísticas y de seguridad que habría que analizar bien. Es una medida que se podría aplicar a largo plazo, pero lo que necesitamos son soluciones viables en el corto plazo”, señalaron desde Migraciones, marcando un punto crítico en el debate sobre la gestión de personas con orden de expulsión.
La iniciativa, impulsada por un grupo transversal de diputados tras la reposición de la suma urgencia en la modificación de la Ley de Migraciones, genera posturas encontradas incluso dentro del oficialismo. En la comisión de Gobierno Interior, el diputado comunista Matías Ramírez criticó duramente la propuesta, calificándola como un mecanismo que podría derivar en “centros de vulneración de derechos fundamentales” y alertando sobre el “gasto público exorbitante” que implicaría su implementación.
En contraste, la diputada independiente Catalina Pérez, también de la misma comisión, defendió los centros de internación como “una práctica común” en países receptores de migrantes. Según Pérez, es necesario “analizar la propuesta en su justa dimensión” antes de descartarla.
Por su parte, la diputada Camila Musante, jefa de bancada independiente-PPD y promotora de la iniciativa junto a otros legisladores, defendió el proyecto argumentando que representa una solución concreta para abordar las dificultades actuales en el manejo de órdenes de expulsión.
Más allá de su postura sobre el proyecto, el Servicio Nacional de Migraciones destacó la necesidad de contar con “mejores herramientas para obligar a las personas con orden de expulsión vigente a comparecer ante la autoridad y limitar su movilidad”. Este enfoque pone en evidencia los desafíos de gestionar migrantes con órdenes de expulsión, en un contexto donde los recursos y la infraestructura disponibles parecen insuficientes para responder de manera eficiente.
El proyecto comenzará su tramitación la próxima semana en la comisión de Gobierno Interior del Congreso. Las discusiones prometen ser intensas, con sectores que llaman a priorizar los derechos humanos de los migrantes y otros que exigen medidas más estrictas para garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias.
Mientras tanto, el Servicio Nacional de Migraciones reiteró su compromiso con buscar soluciones que equilibren la seguridad, los derechos fundamentales y la viabilidad operativa, dejando abierta la puerta para analizar alternativas más inmediatas y efectivas.