- El caso de Leandro Espinoza Salazar, voluntario de Bomberos baleado por un inspector municipal, sacudió al país y generó una ola de cuestionamientos al proyecto de Ley de Seguridad Municipal, que contempla dotar a patrulleros con armas no letales. Parlamentarios y alcaldes expresan posturas divididas.
El fallecimiento del bombero voluntario Leandro Espinoza Salazar (26), quien murió tras recibir un disparo de un funcionario municipal en la comuna de La Reina el pasado sábado, reactivó con fuerza una de las discusiones legislativas más controversiales del último tiempo: la autorización para el uso de armas no letales por parte de inspectores municipales.
El trágico hecho ocurrió durante un procedimiento por desórdenes en la vía pública. En medio de circunstancias aún bajo investigación, el funcionario disparó un arma de fuego particular, hiriendo a cuatro personas. Espinoza falleció horas más tarde en el Hospital Militar. El autor del disparo fue formalizado por homicidio, quedó bajo arresto domiciliario y fue separado de sus funciones. La Municipalidad de La Reina inició un sumario administrativo y presentó una querella criminal, asegurando que el actuar del funcionario “no se ajustó a ningún protocolo”.
La conmoción pública se trasladó rápidamente al Congreso, donde se discute el proyecto de Ley de Seguridad Municipal, el cual busca fortalecer las atribuciones de los patrulleros comunales. El punto más polémico de esta iniciativa es justamente la autorización del uso de armas no letales, como pistolas paralizantes tipo taser, por parte de funcionarios municipales. El hecho ocurrido en La Reina reavivó las diferencias y puso en duda el avance de esa parte del proyecto.
Tensiones cruzadas en el Congreso
Mientras algunos senadores y alcaldes defienden la incorporación de este tipo de armamento, otros llaman a cautela o rechazan completamente su uso. El senador Manuel José Ossandón (RN) fue enfático al señalar que el caso de La Reina “no tiene ninguna relación con el proyecto que discutimos en el Senado”, asegurando que se trata de un acto individual. “He visto al gobierno intentar usar este hecho como argumento para negar herramientas de defensa, lo que me parece inaceptable”, declaró.
En tanto, el senador Juan Luis Castro (PS) considera que sí debe avanzarse en esa dirección, pero con altos estándares de preparación: “El uso de armas no letales por parte de inspectores va a requerir acreditación, capacitación y uso calificado. Muchos países ya los usan, pero debe haber protocolos serios”, advirtió.
Por el contrario, el senador Esteban Velásquez (FRVS) rechazó completamente la medida: “Jamás he estado de acuerdo con autorizar el uso de estas armas. No basta con capacitaciones exprés. Se necesita una institucionalidad distinta y formación real”.
Alcaldes también se dividen
En el mundo municipal, las opiniones también están lejos de ser unánimes. El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), considera que la discusión es válida, pero “requiere tiempo y estudio”, agregando que “hacerlo mal puede traer muchísimos problemas”. Propuso avanzar en lo que sí genera consenso: facultades y protección legal para los patrulleros.
Desde el oficialismo, el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), lamentó profundamente lo ocurrido, pero cree que no debe frenar la discusión de fondo. “Lo que se necesita son guardias capacitados, con elementos de protección y protocolos bien definidos”, subrayó.
Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín (ind.), rechazó de plano la inclusión de armas no letales en la labor municipal, afirmando que “no van a solucionar los problemas de fondo de la seguridad”. Coincidió en ello la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), quien recordó que el rol de los municipios es preventivo, no represivo: “El uso de armamento implica complejidades legales y altos costos en formación”.
Del lado favorable al proyecto, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), reafirmó su postura: “Nunca hemos propuesto armas de fuego. Lo que necesitamos son elementos no letales, bajo control y con formación adecuada”. Similar es la visión del edil de Ñuñoa, Sebastián Sichel (ind.), quien pidió fortalecer la fiscalización y atribuciones de seguridad comunal sin desvestir el rol de los municipios.
Gobierno y Subsecretaría buscan frenar indicación
Desde el Ejecutivo, la Subsecretaría de Prevención del Delito, liderada por Carolina Leitao, ya había manifestado su preocupación sobre esta indicación incluso antes del trágico suceso. El hecho ocurrido en La Reina reforzó su posición: “Habilitar el uso de estos dispositivos podría derivar en hechos como el ocurrido el sábado”. Se evalúa frenar esa parte del proyecto en la Cámara Alta sin afectar el avance del resto de la ley.
El debate —más político y transversal que partidista— promete continuar con alta tensión en las próximas sesiones legislativas, con el trasfondo de una tragedia que evidenció las graves consecuencias de una mala implementación de políticas de seguridad.
Mientras tanto, la familia de Leandro Espinoza exige justicia, y el país observa con atención cómo la discusión sobre seguridad municipal puede definir una nueva arquitectura en el combate al delito desde el ámbito local.