- La Contraloría General de la República (CGR) ha solicitado información al Ministerio del Interior, Carabineros y la PDI en relación con las acciones tomadas tras la denuncia por violación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve, lo que podría derivar en nuevas investigaciones por obstrucción e infracción a la Ley de Inteligencia.
Este lunes, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, confirmó la llegada del oficio emitido por la Contraloría General de la República (CGR) en el marco de la denuncia por violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En una breve declaración, Cordero señaló que el documento ya está en la Subsecretaría. “Son como de diez días hábiles. Yo no lo he visto en concreto, pero ya llegó -el oficio- a la Subsecretaría”, indicó la autoridad, confirmando así el inicio de la investigación administrativa solicitada por el ente fiscalizador.
El oficio de la CGR no solo fue dirigido al Ministerio del Interior, sino también a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones (PDI). El organismo busca recopilar información detallada sobre las acciones llevadas a cabo tras la denuncia contra Monsalve, incluyendo el uso de una avioneta de Carabineros y la revisión de cámaras de seguridad del hotel donde habría ocurrido el presunto delito. Estas diligencias forman parte del análisis que la Contraloría está realizando para esclarecer el uso de recursos fiscales y procedimientos en el marco de la acusación.
Además, la situación de Manuel Monsalve podría agravarse, ya que se estaría evaluando una investigación adicional por obstrucción a la investigación e infracción a la Ley de Inteligencia, derivada del uso de las mencionadas cámaras de seguridad. Esta posibilidad fue adelantada por la CGR, que está respondiendo a denuncias presentadas tanto por un particular como por parlamentarios de oposición.
Entre los actores políticos que han impulsado estas denuncias, destaca la Unión Demócrata Independiente (UDI), que presentó un oficio el sábado pasado acusando a Monsalve de utilizar recursos fiscales para fines personales. Según la UDI, el exsubsecretario habría solicitado estar sin escoltas y trasladarse en taxi para sus encuentros personales, pero habría utilizado vehículos fiscales para asuntos familiares. “Es paradójico que se justifique un uso indebido de recursos por la importancia de su cargo, cuando el propio Gobierno confirmó que el viaje a Concepción fue solo para informar a su familia sobre la denuncia”, criticaron desde el partido.
En paralelo a estas acciones administrativas, la controversia se ha intensificado debido a una filtración de la carpeta investigativa del caso. Según revelaciones recientes, varios funcionarios del Ministerio Público en distintas regiones del país habrían tenido acceso a dicha carpeta, que incluye testimonios y peritajes clave del Servicio Médico Legal (SML). Esta filtración fue descubierta mediante un sistema de trazabilidad implementado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, que permite registrar y verificar quiénes acceden a información confidencial. Como resultado, se ha abierto una investigación interna y una causa penal en la Fiscalía Centro Norte para determinar responsabilidades en la divulgación no autorizada de documentos.
La desconfianza también ha crecido dentro de la Fiscalía a raíz de la comunicación mantenida entre el director general de la PDI, Eduardo Cerna, y la ministra del Interior, Carolina Tohá. Se ha cuestionado la transparencia en el manejo de información, dado que Cerna habría informado a Tohá sobre la investigación en curso cuando Monsalve aún formaba parte del gobierno, lo que ha generado suspicacias y un ambiente de creciente incertidumbre en torno a los procedimientos seguidos en este caso.
El avance de estas investigaciones y la recopilación de antecedentes podría derivar en nuevas medidas judiciales y administrativas en las próximas semanas.