Tras la presentación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, el diputado Jaime Araya (IND.-PPD), uno de los diez parlamentarios firmantes, se refirió a los fundamentos del libelo, que contempla tres capítulos acusatorios por presuntas infracciones a la Constitución y las leyes, vulneraciones al principio de probidad y obstaculización de la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados, en el contexto de la entrega de beneficios penitenciarios a condenados por delitos graves.
“Acabamos de firmar el ingreso de la acusación constitucional contra el ministro Rabat. Ha sido suscrita por 10 parlamentarios, diputadas y diputados de oposición. Lo hacemos con la firme convicción, en tres capítulos, de que el ministro ha faltado a la Constitución y la ley.
Es muy evidente que él se ha arrogado facultades y competencias que la ley no le entrega. Además, él infringió gravemente la probidad y ha obstaculizado la labor fiscalizadora que tiene la Cámara de Diputados. Él, sistemáticamente, por más de 20 días, le ha ocultado información a la Cámara de Diputados.
Hoy día, el ministro Quiroz, en menos de cinco minutos, a través de un telefonazo, logra que se entreguen antecedentes. La situación es grave. Aquí se liberó, sin ninguna resolución judicial, sino que por una mera decisión del ministro Rabat, por orden del Presidente de la República, a violadores de niñas, a pedófilos, a abusadores sexuales infantiles, a violadores de derechos humanos, a narcotraficantes, a asesinos neonazis e incluso a miembros del Tren de Aragua.
Nos parece que es un conjunto de situaciones demasiado graves como para que la Cámara de Diputados mire para el techo. Lo que viene ahora es que el día lunes se dé cuenta en la Sala, se haga el sorteo de la Comisión Revisora y, una vez emitido el informe de la Comisión Revisora, sea la Sala de la Cámara de Diputados la que tenga que emitir su voto, estableciendo si se hace lugar o no a la acusación constitucional.
Y en esa definición, cada diputado, cada diputada tendrá que decir si está de acuerdo con la decisión del ministro Rabat de haber dejado libres a violadores de derechos humanos, a violadores de niños, a pedófilos, abusadores sexuales infantiles, narcotraficantes, homicidas neonazis e incluso miembros del Tren de Aragua.
Hemos actuado con mucha responsabilidad. Por eso se demoró la confección de un tremendo documento que tiene mucho sustento jurídico y que no tenemos ninguna duda de que tiene la solidez jurídica, pero, sobre todo, tenemos la convicción ética de que esto hay que hacerlo. Esperamos que los diputados y las diputadas acojan esta acusación constitucional”.