Johannes Kaiser pide modificar normas sobre atención de migrantes irregulares, uso de la fuerza y control de armas

  • El ex candidato presidencial planteó una serie de ajustes reglamentarios al Ejecutivo, asegurando que no requieren tramitación legislativa y que permitirían fortalecer la seguridad, ordenar prioridades del Estado y facilitar el cumplimiento de la ley por parte de ciudadanos legalmente inscritos.

El ex candidato presidencial Johannes Kaiser realizó un punto de prensa en el que solicitó al Gobierno avanzar en una serie de modificaciones administrativas y reglamentarias vinculadas a migración, seguridad pública, reglas de uso de la fuerza y control de armas, materias que, según afirmó, podrían abordarse sin necesidad de impulsar cambios legales desde el Congreso.

En su intervención, Kaiser cuestionó el decreto supremo N°67 de 2016, normativa que, de acuerdo con sus declaraciones, permite que inmigrantes en situación irregular accedan a prestaciones a través de Fonasa como parte de grupos vulnerables. A su juicio, esta disposición genera un incentivo a la migración irregular y debería ser limitada por la actual administración.

“Creemos que esta normativa lo que hace es generar un incentivo de inmigración y no se requiere de una modificación legal desde el Congreso para que esto sea limitado cuanto menos”, señaló.

El ex abanderado presidencial precisó que su planteamiento no apunta a negar atención de urgencia o primeros auxilios a personas extranjeras en situación irregular, sino a establecer límites respecto del financiamiento de tratamientos prolongados con recursos del Estado.

“No estamos planteando que a una persona que se encuentra ilegalmente en nuestro país no se le puedan entregar primeros auxilios, pero no vemos la razón por la cual en Chile debamos pagar toda una terapia, por ejemplo, para una persona que se encuentra en nuestra nación. Eso tiene que terminar y tiene que terminar ahora ya. Los chilenos y los inmigrantes regulares y legales tienen que estar primeros en la fila y no los inmigrantes ilegales”, afirmó.

En materia de seguridad pública, Kaiser también llamó al Ejecutivo a revisar el decreto sobre reglas de uso de la fuerza vigente desde 2019 para Carabineros de Chile. Según indicó, dicho marco mantiene el concepto de proporcionalidad como criterio rector para la actuación policial, aspecto que, a su juicio, genera confusión en las fuerzas de seguridad al momento de enfrentar situaciones de riesgo o delitos violentos.

El dirigente sostuvo que durante los últimos años en el Congreso han insistido en reemplazar el concepto de proporcionalidad por el de necesidad, argumentando que el uso de la fuerza por parte de un uniformado debe medirse en función de la amenaza concreta que enfrenta, ya sea contra su vida, la de terceros o la protección de la propiedad.

“Nosotros consideramos que es la necesidad el concepto que debe ser utilizado a la hora de medir con qué medios tiene que responder un uniformado a una amenaza específica”, expresó.

En esa línea, Kaiser planteó que no debe existir una equivalencia de fuerza entre un policía y una persona que comete un delito, sino que el representante de la ley debe contar con herramientas suficientes para asegurar el control efectivo de la situación.

“No se requiere proporcionalidad cuando se trata de enfrentar a un delincuente. El carabinero o el uniformado ha de hacer uso de los medios necesarios para suprimirlo”, indicó, agregando que “el policía, el uniformado, el representante de la ley, debe entrar siempre con una fuerza mucho mayor que aquel que está cometiendo delito, para asegurar el éxito del control del delito”.

Otro de los puntos abordados por Kaiser fue la situación de agricultores, deportistas y propietarios de armas legalmente inscritas en zonas bajo estado de excepción, especialmente en el sur del país. Según explicó, las restricciones vigentes han dificultado la compra de municiones, la venta, el transporte y el uso legítimo de armas, afectando tanto actividades productivas como deportivas.

El ex candidato presidencial afirmó que en zonas agrícolas existen problemas crecientes con plagas de conejos y jabalíes, especies que —según sostuvo— dañan cultivos, siembras y también la flora y fauna nativa. En ese contexto, advirtió que limitar excesivamente a quienes cumplen con la normativa podría terminar fomentando mercados informales.

“Si nuestros agricultores no pueden defender lo suyo, lo que se está haciendo es fomentar un mercado negro de armas y municiones, y no nos parece que ese sea el camino”, señaló.

Asimismo, cuestionó que clubes deportivos y practicantes de tiro se vean impedidos de desarrollar sus actividades con normalidad debido a restricciones vinculadas al estado de excepción. En ese sentido, afirmó que el actual marco no se hace cargo de necesidades deportivas, económicas y de defensa personal.

Kaiser también solicitó al Gobierno modificar el reglamento de la Ley de Control de Armas, señalando que las fiscalizaciones reiteradas a propietarios legales estarían consumiendo recursos policiales que, a su juicio, deberían destinarse principalmente al combate de armas ilegales y delitos violentos.

“No puede ser que haya personas que hayan sido ya fiscalizadas tres veces, cuatro veces en estos cinco meses respecto de sus armas legales, mientras vemos cómo en poblaciones las armas ilegales circulan sin ningún problema”, afirmó.

En su diagnóstico, el dirigente planteó que una fiscalización excesiva sobre quienes cumplen con la ley no ha contribuido de manera efectiva a enfrentar la criminalidad, sino que termina desviando recursos de Carabineros desde tareas de prevención y persecución del delito.

“El tener a cientos de carabineros fiscalizando de manera permanente y constante a aquellos que tienen armas legalmente inscritas no ha ayudado en nada al combate a la criminalidad. Lo único que hace es limitar los ya escasos recursos que tiene nuestra institución de Carabineros”, sostuvo.

Durante el punto de prensa, Kaiser también fue consultado por las declaraciones de la ex subsecretaria Quintana, quien señaló en un podcast que habría faltado apoyo comunicacional al plan de seguridad y que dicho plan fue entregado al Ministerio del Interior. Al respecto, el ex candidato indicó que se trata de un tema que debe ser abordado por esa cartera, aunque reconoció que la comunicación inicial de la estrategia pudo haber tenido dificultades.

“Evidentemente es un tema del cual se tiene que hacer cargo el Ministerio del Interior. Yo creo que efectivamente el tema comunicacional en una primera instancia sufrió”, manifestó.

Sin embargo, también señaló que los procesos de instalación de un gobierno requieren ajustes y que, con el paso del tiempo, ciertas áreas han mejorado su forma de comunicar la gestión. En ese sentido, destacó el rol comunicacional de autoridades como el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y del ministro de Seguridad, Martín Arrau, a quien atribuyó una mayor exposición pública de las acciones adoptadas en la materia.

Respecto de los primeros días del ministro Arrau en Seguridad, Kaiser valoró su despliegue en terreno y su decisión de visitar zonas críticas, como la frontera norte. No obstante, advirtió que la seguridad no depende exclusivamente de esa cartera, sino de una coordinación más amplia entre distintas instituciones del Estado.

“Me parece perfecto. Creo que el ministro tiene que ver qué es lo que está sucediendo, pero también tiene que hacerse cargo de una serie de modificaciones en lo que va a ser su propia aproximación”, indicó.

Finalmente, Kaiser insistió en que la seguridad debe abordarse de manera integral, incorporando al Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, Fiscalía Nacional, Poder Judicial, Hacienda, la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y otros organismos vinculados a la persecución del delito y el crimen organizado.

A juicio del ex candidato presidencial, las modificaciones planteadas no requieren necesariamente grandes reformas legislativas, sino decisiones administrativas concretas que permitan ordenar prioridades, reforzar la acción del Estado y facilitar el cumplimiento de la ley por parte de quienes actúan dentro del marco legal.

“Estas son pequeñas modificaciones que le van a hacer la vida más sencilla a mucha gente”, concluyó.