- Una batería de recomendaciones a diversas autoridades realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos luego de su visita a Antofagasta, donde constataron vulneraciones a los derechos de los habitantes de La Chimba.
Fue en el mes de julio del 2022 que el Diputado Jaime Araya, dada la falta de solución en La Chimba, ofició al Instituto Nacional de Derechos Humanos como organismo autónomo para articular soluciones en conjunto a las autoridades de la región debido a las constantes quemas ilegales e incendios que afectan la salud y la calidad de vida de la población, ampliamente denunciado y que -a la fecha- ha empeorado luego del cierre del exbasural en 2018.
Desde ese tiempo, el drama de La Chimba fue incorporado al Mapa de Conflictos Socio-ambientales del INDH, incrementando a 8 los problemas de esta índole en la región. En diciembre del 2022, una Delegación nacional y regional del INDH visitó Antofagasta y constató in situ la grave situación en La Chimba. En esa instancia, la Presidenta del Consejo, Consuelo Contreras, declaraba que “vamos a trabajar recomendaciones para los distintos organismos del Estado (…) con el fin de que el Estado, de una vez por todas, termine con este flagelo gravísimo de violación a los DD.HH.”
Pues bien, el Instituto ha dado a conocer su informe luego del levantamiento de información en el sector, reuniones y audiencias con diversas actorías. Las conclusiones que arroja son de índole inmediata y otras con plazos determinados.
RECOMENDACIONES
Al Gobierno Regional le formuló la recomendación de realizar periódicamente operativos de limpieza en el sector y financiar las obras de remediación del exbasural La Chimba. A la Delegación Presidencial le recomienda ejercer de inmediato acciones legales respecto de aquellos bienes fiscales ocupados de manera ilegal conjuntamente con el Ministerio de Bienes Nacionales, quien además deberá limpiar sus terrenos y presentar -en un plazo de dos años- un plan de urbanización en el área.
Al Municipio de Antofagasta le recomienda reforzar fiscalizaciones con Carabineros y Seguridad Ciudadana en el área del exbasural, a quienes realizan quemas ilegales y depósito clandestino de residuos, a presentar las acciones judiciales ante el Ministerio Público en torno a los delitos de daño contemplados en el Artículo 485 del Código Penal. Así mismo, recomienda a la administración del Alcalde Jonathan Velásquez habilitar un corral municipal para camiones que sean sorprendidos botando escombros en sitios no autorizados y realizar operativos constantes de limpieza.
Al Ministerio de Salud le recomienda realizar estudios de salud pública a la población aledaña al exbasural, mientras que al Ministerio de Medio Ambiente le recomienda elaborar planes y campañas destinadas a educación ambiental y en el plazo de un año instalar una estación de monitoreo para medir los contaminantes asociados a las quemas ilegales, en el marco de las normas de calidad de aire vigentes.
También hay recomendaciones a SENAPRED (ex ONEMI), al MINVU, a la Superintendencia de Medio Ambiente y a la Secretaría General de Gobierno.
REACCIONES
Ante esto, el Diputado Jaime Araya, declaró que el informe constata “que se violan los derechos humanos de las personas que viven en el sector, fundamentalmente de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que ahí residen”.
Señala que el INDH llama con este informe a la acción inmediata a distintas autoridades. “Hacemos un fuerte llamado a las autoridades que son destinatarias de este informe a tomarse muy en serio las recomendaciones que ha hecho el INDH”.
El parlamentario indicó también que “activamente voy a fiscalizar que se cumplan los plazos y los objetivos que ha exigido el INDH para poner término a la violación a los derechos humanos que ocurre en el sector La Chimba”. Araya valoró el trabajo del Instituto “que haya viajado y entregado recomendaciones claras, con objetivos precisos y haya entregado una carta de navegación a todas las autoridades que están involucradas en la solución de este problema”.
Finalmente, el Diputado llamó a los habitantes del sector a que valoren este instrumento y hagan valer sus derechos y “exigir a las autoridades que se cumplan las medidas concretas”.