Antofagasta: Fiscalización migratoria detecta irregularidades y denuncia a cinco extranjeros

  • Operativo del Departamento de Migraciones y Policía Internacional reveló irregularidades en el estatus migratorio de trabajadores y transeúntes, incluyendo una orden de expulsión vigente y antecedentes penales.

Este martes, el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Antofagasta llevó a cabo una fiscalización focalizada en el sector céntrico de la ciudad, como parte de las medidas de control migratorio impulsadas para garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente. Durante el operativo, que incluyó la revisión de transeúntes y trabajadores de un lavado de vehículos, se detectaron diversas irregularidades migratorias.

Entre los casos más relevantes, dos ciudadanos venezolanos fueron identificados por ingreso irregular al país, uno de los cuales tiene una orden de expulsión vigente. Adicionalmente, tres personas más fueron denunciadas por distintas infracciones:

  • Ciudadana colombiana: Registraba permanencia transitoria vencida y no abandonó el país tras el rechazo de su visa. Además, se aplicó el Artículo 32 N° 5, al comprobarse que cumplió una condena en Colombia por tráfico de estupefacientes.
  • Dos ciudadanos bolivianos: Ambos ingresaron de manera irregular al territorio nacional y fueron denunciados ante las autoridades competentes.

Estos operativos, según destacó el Departamento de Migraciones, son fundamentales para detectar y corregir situaciones de irregularidad, así como para reforzar la seguridad y el orden en la comunidad.

Jefe de DEMIG, Subprefecto Cristhian Escobar.

La política de control migratorio implementada en Antofagasta tiene como objetivo principal garantizar el respeto a las leyes migratorias y promover una convivencia armoniosa entre residentes y extranjeros. Desde la institución, se hizo un llamado a quienes se encuentren en situación irregular a regularizar su estatus para evitar consecuencias legales.

Finalmente, las personas denunciadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público y de las autoridades administrativas correspondientes para determinar las acciones legales y migratorias a seguir. Con este tipo de procedimientos, se busca no solo reforzar el control, sino también proteger los derechos de quienes residen y transitan legalmente por el país.