- La Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para Paz Fuica Contreras, acusada por el Ministerio Público como autora de tres delitos de fraude al fisco, en relación con convenios irregulares entre el Minvu y la Fundación Democracia Viva en 2022.
Hoy, la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó en fallo unánime las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para Paz Fuica Contreras, quien enfrenta acusaciones por parte del Ministerio Público por su presunta participación en tres delitos de fraude al fisco.
La imputada, según el ente persecutor, habría participado en la suscripción irregular de tres convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Democracia Viva, entre octubre y diciembre de 2022. Estos convenios, supuestamente destinados a obras menores en asentamientos precarios, implicaron la transferencia de fondos públicos por un total de $426.000.000.
En su fallo, la Segunda Sala del tribunal de alzada rechazó los recursos de apelación presentados tanto por el Ministerio Público como por la defensa de la imputada, confirmando así la resolución del Juzgado de Garantía de Antofagasta que dejó sin efecto la prisión preventiva que inicialmente cumplía Fuica Contreras.
El tribunal consideró que la medida de prisión preventiva resultaba desproporcionada, especialmente teniendo en cuenta que la imputada no tenía condenas previas y había prestado declaración, permitiendo acceso a medios de comunicación privados. Además, se argumentó que su participación en los hechos se consideraba accesoria a la de otros imputados que ya se encontraban en libertad.
Por tanto, la resolución de la Corte establece que “se confirma la resolución de fecha cuatro de marzo de dos mil veinticuatro que dejó sin efecto la prisión preventiva y decretó el arresto domiciliario total y arraigo nacional respecto de la imputada Paz Nickol Carol Andrea Fuica Contreras por el delito de fraude al fisco y organismos del estado”.
Este fallo refuerza el compromiso de las autoridades judiciales en la lucha contra el fraude y la corrupción, asegurando que aquellos que infrinjan la ley enfrenten las consecuencias correspondientes.