- La Segunda Sala del tribunal de alzada acogió el recurso de protección presentado por la madre y apoderada de un estudiante que no obtuvo cupo para cursar primero medio a través del sistema de admisión escolar (SAE).
- La resolución establece que la omisión de la Secretaría Regional Ministerial de Educación constituye un acto arbitrario y discriminatorio, ordenando la matrícula del estudiante en un establecimiento educacional subvencionado por el Estado.
En una decisión unánime, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de protección presentado por la madre y apoderada de un estudiante que se vio impedido de obtener cupo para cursar primero medio a través del sistema de admisión escolar (SAE). La Segunda Sala del tribunal de alzada, determinó que la omisión de la Secretaría Regional Ministerial de Educación constituye un acto arbitrario y discriminatorio.
En el fallo, se establece que la falta de asignación de cupo al estudiante constituye una vulneración del derecho constitucional a la educación, según lo estipulado en el artículo 19 N°10 de la Constitución Política de la República, que obliga al Estado a financiar un sistema gratuito para dar acceso a toda la población. La resolución destaca que la negativa de la entidad pública a otorgar un cupo al estudiante en cuestión implica una discriminación, por lo que se ordena adoptar medidas para superar dicha discriminación arbitraria.
El tribunal de alzada también resalta la falta de oferta educativa en la comuna, según lo informado por la Secretaría Regional Ministerial de Antofagasta, lo que dificulta aún más el acceso a la educación media. Se critica específicamente la falta de respuesta por parte de la entidad pública, que no ha proporcionado una solución al estudiante ad portas del inicio del año lectivo.
En virtud de este fallo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta ordena a la Secretaría Regional Ministerial de Educación matricular al estudiante en algún establecimiento educacional que perciba subvención del Estado, garantizando así su derecho a la educación y poniendo fin a la situación discriminatoria denunciada por la madre y apoderada del estudiante.