- El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, confirmó que el tribunal reconoció antecedentes suficientes sobre la existencia de los delitos imputados y la participación de la diputada como autora. La Corte negó la prisión preventiva, pero rechazó también el recurso de la defensa que buscaba rebajar las medidas cautelares.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió este martes mantener la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional para la diputada Catalina Pérez Salinas, tras rechazar el recurso de apelación presentado por la Fiscalía que solicitaba su prisión preventiva en el marco de la causa por fraude al Fisco vinculada al caso de los convenios de asentamientos precarios en 2022.
Así lo confirmó el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, quien sostuvo que si bien el tribunal de alzada no accedió a revocar la medida dispuesta por el Juzgado de Garantía, sí reconoció la existencia de los delitos formalizados y la participación de la parlamentaria como autora de los mismos.
“El día de hoy la Corte de Apelaciones resolvió el recurso de apelaciones presentado por la Fiscalía en contra de la resolución del Juzgado de Garantía que no dio lugar a la solicitud de prisión preventiva respecto de la diputada Catalina Pérez Salinas. Si bien la Corte compartió que existían antecedentes que corroboraban la existencia de los delitos formalizados, como asimismo su participación como autora, estuvo por mantener el arresto domiciliario total y el arraigo nacional decretado”, declaró Aguilar.
Además, la Corte rechazó el recurso presentado por la defensa de Pérez, que pretendía reducir la intensidad de las medidas cautelares impuestas, lo que fue interpretado por el Ministerio Público como una señal clara respecto de la gravedad de los hechos investigados.
La parlamentaria está siendo investigada por su presunta participación en tres delitos consumados de fraude al Fisco, que habrían ocurrido en 2022 en el contexto del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a través de convenios de transferencia de fondos que —según la Fiscalía— causaron un perjuicio económico al Estado estimado en $426 millones.
Un caso emblemático del caso convenios
Catalina Pérez se ha convertido en una de las figuras más emblemáticas del caso denominado “convenios”, que ha remecido el escenario político nacional en los últimos meses y que implica a varias fundaciones, entre ellas Democracia Viva, entidad que tuvo vínculos directos con la exmilitante de Revolución Democrática (RD) y con su entonces pareja, quien se desempeñaba como funcionario del Minvu en Antofagasta.
La formalización realizada a fines de abril marcó un punto de inflexión en la investigación del Ministerio Público, al imputar cargos formales en contra de una autoridad en ejercicio, lo que desencadenó una ola de reacciones tanto en el Congreso como en el Ejecutivo.
Aunque la defensa de la diputada ha insistido en su inocencia, la Fiscalía ha sostenido que los antecedentes reunidos hasta ahora permiten acreditar una coordinación operativa que facilitó el traspaso irregular de fondos públicos, favoreciendo a entidades privadas sin justificación técnica ni transparencia.
El proceso sigue
La causa continúa ahora en la etapa de investigación, con un plazo que aún debe ser precisado, y que podría extenderse por varios meses dada la complejidad de los hechos y la cantidad de actores involucrados. La Fiscalía ha adelantado que podría formalizar a otras personas relacionadas con la red de convenios y fundaciones.
Mientras tanto, Catalina Pérez permanecerá en su domicilio bajo vigilancia judicial y con prohibición de salir del país, a la espera de nuevos avances en una de las investigaciones por corrupción más relevantes en el último tiempo en la región de Antofagasta.
El caso, por su alcance político y simbólico, se perfila como un juicio clave para el estándar de responsabilidad pública y transparencia en el uso de fondos fiscales en Chile.