Corte Suprema revisa apelación por caso Huneeus y Ministerio Público acusa falta de imparcialidad en fallo de Corte de Antofagasta

  • La Segunda Sala del máximo tribunal escuchó los alegatos del fiscal Eduardo Ríos, quien cuestionó duramente la resolución que declaró ilegales las escuchas telefónicas a la psiquiatra Josefina Huneeus en el marco del caso Fundación ProCultura.

En una audiencia marcada por duros cruces de argumentos, la Segunda Sala de la Corte Suprema revisó este lunes la apelación presentada por el Ministerio Público y los querellantes en el denominado caso Fundación ProCultura, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera un recurso de amparo presentado por la defensa de Josefina Huneeus y declarara ilegales las escuchas telefónicas a su número personal.

Hasta el Palacio de Tribunales en Santiago llegó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, acompañado por el fiscal Eduardo Ríos Briones y el abogado Pablo Campos, director de Recursos Procesales de la Fiscalía Nacional. Fue Ríos quien expuso a nombre del Ministerio Público, asegurando que el fallo de la Corte antofagastina —de 46 páginas— contenía una resolución “falsa” y que el tribunal no actuó con la debida imparcialidad.

“Vengo a levantar la voz en rechazo a lo expresado en una resolución que toma partido y denosta al Ministerio Público”, expresó el fiscal durante su alegato, señalando que el tribunal de alzada “acogió todas las peticiones de la defensa” e incurrió en una posición parcializada que pone en entredicho el principio de objetividad.

Josefina Huneeus, psiquiatra e imputada en esta investigación por presuntos delitos de fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias, estuvo representada por los abogados Alejandro Awad Cherity y Miguel Schürmann Opazo. Fue el primero quien tomó la palabra para defender el fallo de Antofagasta, calificándolo como un “fallo reflexivo y serio”.

Awad argumentó que el número interceptado nunca perteneció a Alberto Larraín —exesposo de su representada— como se habría planteado en la solicitud original, sino que corresponde al teléfono personal de Huneeus desde hace más de 21 años. “El Ministerio Público no ha sido capaz de aclarar de dónde obtuvo el número”, señaló el abogado, acusando una grave vulneración al debido proceso.

La afirmación fue refutada por el fiscal Ríos, quien sostuvo que el número figura en un informe de Equifax del 30 de septiembre de 2024, días antes de que se solicitara la interceptación. “No hay engaño, no hay ocultamiento. Todo el misterio de este amparo es de dónde salió el número, y eso se explicó en los alegatos”, insistió.

Ríos fue enfático en recordar que Josefina Huneeus sigue siendo formalmente imputada y que el fallo de la Corte de Antofagasta, al declarar la ilegalidad de las escuchas, se convierte en una peligrosa señal de parcialidad. “Ella ha sido, lo es y seguirá siendo imputada hasta que se determine lo contrario. Esto es parte de una investigación grave, con aristas complejas que no pueden ser desestimadas con liviandad”, dijo.

El caso Fundación ProCultura ha salpicado a múltiples figuras públicas y mantiene abiertas diversas líneas investigativas por el eventual uso fraudulento de recursos fiscales y vínculos con autoridades políticas. La resolución de esta apelación podría tener implicancias clave para la validez de pruebas y el futuro del proceso.

La Corte Suprema quedó en acuerdo y se espera que emita su fallo en los próximos días. La defensa de Huneeus ha insistido en que las garantías constitucionales de su representada fueron vulneradas, mientras que el Ministerio Público sostiene que el uso de herramientas investigativas fue legítimo y en conformidad con los antecedentes disponibles.