- El operativo en el campamento Pimpineles considera cinco días de trabajo, demolición de estructuras, retiro de escombros y la salida de 88 familias que habitaban irregularmente el terreno. Autoridades destacaron la coordinación interinstitucional y aseguraron que hubo alternativas para los casos más vulnerables.
La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta encabezó un amplio operativo de desalojo en el campamento Pimpineles, ubicado en el sector de La Chimba, al norte de la capital regional, en una intervención que abarcó 16,6 hectáreas y que se enmarca en las acciones de recuperación de terrenos ocupados irregularmente.
El procedimiento, que tendrá una duración aproximada de cinco días, contempla la demolición de 23 mil metros cuadrados de construcciones, el retiro de escombros, el desalojo de 92 sitios y la salida de 88 familias, equivalentes a más de 300 personas que vivían en el lugar de manera irregular.
De acuerdo con la Delegación Presidencial Regional, el operativo no fue una acción improvisada, sino el resultado de un trabajo iniciado en 2022, especialmente en materia de notificaciones, catastros sociales y coordinación con distintas instituciones públicas. La delegada presidencial regional, Katherine López, explicó que la intervención “responde a una coordinación interinstitucional que busca garantizar el orden territorial y la protección de las familias vulnerables”.
La autoridad agregó que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, junto al Serviu, realizaron un trabajo previo en el sector para identificar los casos de mayor complejidad social y ofrecer alternativas habitacionales o albergues transitorios. En ese contexto, informó que tres familias ya recibieron sus llaves en un barrio transitorio, entre ellas una familia con un menor electrodependiente.
El operativo fue liderado por la Delegación Presidencial Regional, con apoyo del Ministerio de Seguridad Pública, y contó con la participación del Mideso, Serviu, Bienes Nacionales, la Municipalidad de Antofagasta, funcionarios de la Policía de Investigaciones y un despliegue de 120 efectivos de Carabineros, coordinados por la Prefectura de Antofagasta.
Desde el Gobierno Regional se recalcó que el sector intervenido había sido identificado como un punto complejo desde el punto de vista territorial y de seguridad. El seremi de Seguridad Pública, Juan Fernández, señaló que el lugar “era un foco de incivilidades que se venía estudiando hace tiempo” y afirmó que la acción busca avanzar en la recuperación de espacios, conforme al mandato presidencial de reforzar el control territorial.
“Este es el inicio de muchos desalojos que se van a realizar en la región de Antofagasta”, sostuvo Fernández, apuntando a que la intervención en Pimpineles forma parte de una estrategia más amplia para enfrentar ocupaciones irregulares y ordenar sectores críticos de la ciudad.
Carabineros, en tanto, informó que el procedimiento se desarrolló sin incidentes y con total normalidad. El general Cristian Montre Soto, jefe de la Zona de Carabineros de Antofagasta, indicó que la institución dio cumplimiento a una resolución administrativa emanada de la Delegación Presidencial, la cual autorizaba la demolición de inmuebles donde residía un número importante de familias, además de estructuras emplazadas en sectores de uso industrial.
La autoridad policial destacó que el trabajo preventivo realizado en los días previos fue clave para evitar mayores conflictos. Según explicó, el diálogo anticipado con las familias permitió generar condiciones para un retiro voluntario y ordenado de parte importante de los ocupantes.
En el lugar se mantuvo desplegado personal de Control de Orden Público, GOPE y Carabineros territoriales, con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas, proteger a los equipos municipales y técnicos que participan en las faenas de demolición, y asegurar el cumplimiento de la resolución administrativa.
La intervención en el campamento Pimpineles vuelve a poner en el centro del debate regional la tensión entre la recuperación de terrenos ocupados de manera irregular, la necesidad de enfrentar focos de incivilidades y el deber del Estado de entregar respuestas sociales a familias vulnerables que no cuentan con una solución habitacional definitiva.
Por ahora, las autoridades insistieron en que el operativo continuará durante los próximos días, con labores de demolición, retiro de material y acompañamiento institucional para los casos priorizados. La medida marca un precedente relevante en la política de control territorial en Antofagasta y abre una nueva etapa en la fiscalización de asentamientos irregulares en la región.