- El parlamentario por Antofagasta solicitó a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, respaldar indicaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional que buscan financiar equipamiento para Carabineros, PDI, Armada, Gendarmería y Ministerio Público en el combate al crimen organizado.
El diputado por la Región de Antofagasta, Jaime Araya, solicitó formalmente a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, que el Ejecutivo patrocine una serie de indicaciones presentadas en el marco de la tramitación del Proyecto de Ley sobre Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas de las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado en la Macrozona Norte.
La solicitud fue enviada mediante un oficio dirigido a la secretaria de Estado, luego de que la Comisión de Hacienda declarara inadmisibles algunas de las propuestas ingresadas por el parlamentario en materia de seguridad. Según explicó Araya, se trata de iniciativas concretas que apuntan a dotar de mayores herramientas a Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Armada, especialmente en zonas fronterizas, carreteras, sectores rurales y áreas fuera del radio urbano.
El legislador sostuvo que pidió a la ministra Steinert “que el Ejecutivo patrocine las indicaciones que la Comisión de Hacienda declaró inadmisibles en materia de seguridad”, recalcando que las medidas buscan “fortalecer el control territorial de Carabineros, de la PDI, de la Armada”. Con ello, el diputado pretende abrir una vía política y legislativa para que estas propuestas puedan ser discutidas en la Sala de la Cámara de Diputados durante la próxima etapa de tramitación.
Entre las indicaciones impulsadas por Araya se encuentra la posibilidad de otorgar facultades extraordinarias a los Gobiernos Regionales y municipios de la Macrozona Norte para financiar la adquisición de unidades móviles de control territorial destinadas a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones. Estos recursos serían traspasados al Ministerio de Seguridad Pública para su ejecución, bajo un modelo de colaboración entre instituciones locales, regionales y nacionales.
La propuesta apunta a responder a una realidad que las regiones del norte vienen denunciando desde hace años: el crecimiento del crimen organizado, el tráfico de drogas, el contrabando, el ingreso irregular por pasos no habilitados y la necesidad de desplegar presencia efectiva del Estado en territorios extensos, complejos y muchas veces difíciles de controlar. En ese contexto, las unidades móviles permitirían mejorar la fiscalización en carreteras, rutas secundarias y zonas alejadas de los principales centros urbanos.
Otra de las indicaciones planteadas por el diputado considera el financiamiento para la compra de lanchas patrulleras, con el objetivo de conformar un escuadrón táctico de combate al crimen organizado en la Macrozona Norte. Esta medida busca reforzar las capacidades de vigilancia marítima y portuaria, especialmente en una zona estratégica para el país, donde confluyen actividades comerciales, logísticas, pesqueras y también amenazas vinculadas al contrabando y a redes criminales transnacionales.
Asimismo, Araya propuso avanzar en la adquisición de modernos incineradores móviles para la destrucción de drogas y cigarrillos incautados en el norte del país. Esta iniciativa apunta a mejorar la gestión de especies decomisadas, reducir riesgos asociados al almacenamiento prolongado de cargamentos ilegales y entregar mayor eficiencia a los procedimientos posteriores a las incautaciones realizadas por las policías, Aduanas, la Armada y el Ministerio Público.
El parlamentario también presentó indicaciones destinadas a permitir la asignación de recursos a unidades especializadas del Ministerio Público, Carabineros, Gendarmería, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, y la Policía de Investigaciones, particularmente aquellas dedicadas al análisis, investigación y persecución del crimen organizado. Con ello, busca fortalecer no solo el despliegue operativo en terreno, sino también la capacidad investigativa y de inteligencia institucional.
Desde una mirada regional, la solicitud del diputado Araya vuelve a instalar una discusión de fondo: la Macrozona Norte no puede seguir enfrentando fenómenos criminales de alta complejidad con presupuestos rígidos, herramientas insuficientes y una estructura institucional que muchas veces reacciona tarde frente a delitos que evolucionan con rapidez. La coordinación entre municipios, gobiernos regionales y el Ministerio de Seguridad aparece como una alternativa necesaria, pero requiere voluntad política, respaldo jurídico y financiamiento efectivo.
El punto crítico está en que varias de estas medidas fueron declaradas inadmisibles en la Comisión de Hacienda, lo que impide su avance si no cuentan con patrocinio del Ejecutivo. Por ello, el oficio enviado a la ministra Steinert busca transformar una propuesta parlamentaria en una agenda viable desde el punto de vista legislativo. En términos prácticos, el respaldo del Gobierno permitiría reabrir la discusión y someter las indicaciones al debate de la Cámara.
Araya afirmó que espera que la ministra de Seguridad Pública “pueda hacerse parte de esta solicitud” y que el Ejecutivo entregue el patrocinio necesario durante la próxima semana, de manera que las indicaciones puedan discutirse en la Sala. La petición se produce en medio de un escenario donde las regiones del norte demandan más presencia estatal, mayor capacidad de control y una respuesta más decidida frente a organizaciones criminales que han extendido sus operaciones en zonas fronterizas, urbanas, portuarias y rurales.
La propuesta del parlamentario recoge una preocupación instalada con fuerza en Antofagasta y en toda la Macrozona Norte: la seguridad no puede depender únicamente de anuncios generales ni de planes diseñados desde el nivel central sin considerar la realidad territorial. Las regiones que enfrentan directamente el crimen organizado requieren equipamiento, personal, tecnología, movilidad y coordinación interinstitucional, pero también mecanismos legales que permitan actuar con rapidez.
El debate que se abrirá en la Cámara será clave para determinar si estas indicaciones logran avanzar o si quedarán nuevamente detenidas por falta de patrocinio. Para Araya, el llamado es claro: si el Gobierno reconoce la gravedad de la crisis de seguridad en el norte, debe respaldar medidas concretas que permitan financiar capacidades reales para las instituciones encargadas de proteger el territorio.
Más allá de la discusión legislativa, el caso refleja una tensión persistente entre las necesidades urgentes de las regiones y los límites administrativos del Estado. La Macrozona Norte no solo requiere diagnósticos sobre crimen organizado, narcotráfico y contrabando; requiere herramientas para enfrentarlos. Y en ese punto, el patrocinio del Ejecutivo puede marcar la diferencia entre una propuesta que queda archivada y una política pública que entregue respuestas concretas a territorios que llevan demasiado tiempo esperando.