Diputado José Miguel Castro exige respuestas inmediatas por graves irregularidades detectadas por Contraloría en el Gobierno Regional de Antofagasta

  • Más de $4.200 millones fueron transferidos sin respaldo adecuado, otros $4.856 millones observados sin acciones de restitución, y presuntos conflictos de interés en la evaluación de proyectos marcan el Informe Final de Auditoría.

Con dureza y preocupación reaccionó el diputado José Miguel Castro (Renovación Nacional) ante los resultados del Informe Final de Auditoría N° 810/2024 de la Contraloría General de la República, que revela graves deficiencias administrativas y posibles irregularidades en la gestión del Gobierno Regional de Antofagasta, encabezado por el gobernador Ricardo Díaz.

Uno de los antecedentes más alarmantes del documento es la transferencia de más de 4.200 millones de pesos a entidades privadas sin rendiciones completas ni respaldos suficientes, contraviniendo las exigencias legales sobre control y rendición de recursos públicos. Al respecto, el también presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados fue enfático:

“No estamos hablando de detalles técnicos, sino de millones de pesos que salieron del presupuesto regional sin los controles ni las rendiciones que la ley exige. Eso amerita respuestas urgentes y acciones concretas”.

El informe también advierte que $4.856 millones están observados o rechazados por la unidad de control del propio Gobierno Regional, sin que se hayan iniciado procesos de cobro, restitución ni acciones legales para recuperar esos fondos públicos. Según el legislador, esta omisión representa una falta grave al deber institucional de cautelar los dineros fiscales:

“La probidad no se negocia ni se relativiza. Si hubo errores o negligencia, corresponde asumirlas institucionalmente, aclararlas y corregirlas sin escudarse en el calendario electoral”.

Otro punto que levantó la voz de alerta fue la participación de funcionarios del GORE en la evaluación de proyectos financiados con el FNDR, sin declarar vínculos con las entidades postulantes. Entre las organizaciones mencionadas están la Fundación Red Antofagasta y la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, lo cual, a juicio de Castro, vulnera directamente los principios de imparcialidad y abstención que rigen para los procesos de asignación de fondos públicos.

“Es insostenible que se detecten conflictos de interés en evaluaciones de proyectos sin que nadie lo advierta. Eso debe investigarse a fondo y corregirse para que no vuelva a ocurrir”, declaró.

En el plano comunicacional, la auditoría también incluye una observación sobre el uso de la imagen del gobernador Ricardo Díaz en publicaciones institucionales durante el periodo previo a elecciones, hecho que podría constituir una infracción al principio de prescindencia política, norma clave en tiempos electorales para garantizar la neutralidad del aparato estatal.

Frente a este conjunto de antecedentes, Castro exige una respuesta pública, clara y documentada por parte del Gobierno Regional respecto de cada una de las observaciones contenidas en el informe de Contraloría. Asimismo, confirmó que los antecedentes han sido remitidos al Ministerio Público para su investigación penal.

Finalmente, el parlamentario formuló un llamado urgente al Consejo Regional de Antofagasta para que convoque a una sesión extraordinaria y analice las eventuales responsabilidades administrativas derivadas del caso. También solicitó que la Delegación Presidencial Regional realice un seguimiento estricto del cumplimiento de las medidas correctivas instruidas por el ente contralor.

“El control de los recursos públicos no es una opción, es una obligación legal y ética. Por eso, este informe no puede quedar en el escritorio: debe ser abordado con total transparencia y con acciones inmediatas que devuelvan la confianza a los ciudadanos”, concluyó el diputado José Miguel Castro.