- El Fiscal Adjunto de Antofagasta, Daniel García, informó ante el Juzgado de Garantía que dos imputados fueron formalizados como presuntos autores de delitos de violación de menores de edad y aborto en un céntrico inmueble de la ciudad utilizado como dojo.
- La prisión preventiva fue decretada por el Tribunal al considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Los hechos ocurrieron entre los años 2013 y 2022, y el principal imputado se autodenominaba “Sandalfon”, aduciendo ser de naturaleza no humana.
En una audiencia ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, el Fiscal Adjunto Daniel García dio a conocer la formalización de dos imputados, identificados como C.C.W.R. y R.C.P.G., por su presunta responsabilidad como autores de los delitos de violación reiterada y aborto. Los hechos tuvieron lugar en un céntrico inmueble de la ciudad utilizado como dojo, entre los años 2013 y 2022.
La investigación, llevada a cabo en colaboración con la Brigada de Delitos Sexuales y BRIANCO de la PDI, permitió ejecutar diversas diligencias que culminaron con la entrada y registro a varios inmuebles, la detención de los imputados e incautación de evidencia. El principal imputado, autodenominado “Sandalfon,” alegaba ser de naturaleza no humana y utilizaba esta afirmación para llevar a cabo conductas de carácter sexual en contra de las víctimas menores de edad.
En la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los imputados, argumentando la gravedad de los hechos. Tras un debate con la oposición de los defensores, el Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la prisión preventiva, considerando que la libertad de cada uno de ellos representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
El Fiscal García explicó que la prisión preventiva implica que los imputados quedan privados de libertad por el tiempo fijado por el Tribunal, durante el cual la Fiscalía debe completar la investigación y presentar, si corresponde, la acusación. Este periodo no es un juicio, sino una oportunidad para informar a los imputados sobre la investigación en curso. El Tribunal fijó el plazo de investigación en XX días, manteniendo las cautelares decretadas, y estableció 150 días para el cierre de la investigación.