- Juan Castro Bekios expuso en seminario organizado por Directemar los riesgos asociados a la futura puesta en marcha del Corredor Bioceánico Capricornio y planteó que Chile tiene una ventana crítica entre 2026 y 2028 para reforzar inteligencia, control fronterizo, seguridad portuaria y persecución penal.
El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, realizó una dura advertencia sobre los desafíos de seguridad que podría traer para el norte de Chile la próxima puesta en marcha del Corredor Bioceánico Capricornio, infraestructura considerada estratégica para el comercio internacional, pero que, a juicio del persecutor, también puede convertirse en un factor de escalamiento para amenazas vinculadas al crimen organizado transnacional.
El diagnóstico fue presentado durante el seminario “Nuevas tendencias del tráfico de drogas en la cadena logística marítimo-portuaria”, desarrollado en Viña del Mar y organizado por Directemar, instancia que reunió a representantes de la Armada, el Ministerio Público y otras instituciones para analizar los riesgos que enfrenta el comercio global ante la irrupción de redes criminales en puertos, rutas logísticas y cadenas de exportación.
Durante su exposición, Castro Bekios describió el escenario que enfrenta actualmente la Región de Antofagasta en materia de delitos complejos, especialmente en tráfico de drogas, donde la zona ya registra cifras históricas. Según expuso, este año se han incautado 36 toneladas de droga en la región, lo que representa el 60% del total nacional, antecedente que confirma el rol crítico que ha adquirido el territorio nortino en las rutas del narcotráfico.
“El caso de Antofagasta es para tener en cuenta, debido a que comparte frontera con Bolivia, uno de los productores de cocaína más grandes del mundo, sumado a que fue la región que más droga incautó a nivel nacional durante el 2025, superando las 38 toneladas”, señaló el fiscal regional.
El persecutor también llamó la atención sobre el contrabando de cigarrillos, principalmente de origen paraguayo, fenómeno que ha mostrado un crecimiento sostenido. De acuerdo con los antecedentes entregados, en 2025 se decomisaron 11.603.063 cajetillas en la región, cifra que representó un aumento de 49,4% respecto del año anterior y que este año estaría nuevamente en vías de ser superada.
En ese contexto, Castro Bekios advirtió que el Corredor Bioceánico Capricornio podría transformarse en un “multiplicador estructural” de amenazas criminales para Chile y, particularmente, para la Región de Antofagasta. Entre los riesgos mencionó la llegada de nuevas organizaciones delictuales, el narcotráfico marítimo y terrestre, el lavado de activos, la irrupción de drogas sintéticas, la minería ilegal, el robo de cobre, el contrabando, el cibercrimen, la corrupción institucional e incluso eventuales vínculos con organizaciones terroristas.
Uno de los puntos más sensibles abordados por el fiscal fue la conexión del corredor con la denominada Triple Frontera, zona compartida por Paraguay, Brasil y Argentina, reconocida por la presencia de organizaciones criminales de alta peligrosidad, entre ellas el Primer Comando Capital. Además, recordó que dicha área ha sido vinculada al financiamiento de organizaciones como Hezbollah, lo que amplía el nivel de preocupación desde una mirada estrictamente criminal hacia una dimensión de seguridad internacional.
Respecto de las eventuales consecuencias para Chile, Castro Bekios mencionó escenarios asociados al narcotráfico, tráfico de armas, crimen organizado, inseguridad, violencia, migración irregular, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando y lavado de activos. A ello sumó la posibilidad de una “proyección extra-hemisférica”, considerando las redes marítimas que conectan a Chile con mercados distantes, las capacidades logísticas del país y el interés que ya han mostrado organizaciones criminales internacionales, como el Cartel Jalisco Nueva Generación, en desarrollar operaciones en territorio nacional.
El fiscal regional planteó que la Región de Antofagasta presenta cuatro nodos críticos que deben ser abordados con urgencia: la existencia de una franja sin vigilancia suficiente en pasos fronterizos, una deficiente cobertura de inteligencia, carencia de infraestructura y horarios no continuos en puntos sensibles, además de una baja capacidad de inspección de contenedores en los puertos regionales.
Frente a ese diagnóstico, Castro Bekios fue enfático en señalar que las amenazas no pueden enfrentarse únicamente con más controles u operativos aislados. A su juicio, el país requiere una reingeniería institucional en seguridad, inteligencia y persecución penal, capaz de anticiparse a fenómenos criminales que podrían consolidarse si no se actúa de manera oportuna.
Entre las medidas propuestas, el persecutor planteó la creación de un Centro de Inteligencia Portuaria Conjunto, cobertura continua de Carabineros y PDI en pasos fronterizos, un equipo interagencial permanente para delitos vinculados a la minería, aumento de analistas criminales, un registro de empresas exportadoras y contratistas con cruce de información con Interpol, sellado electrónico de contenedores, mayor porcentaje de inspección en origen y la suscripción de un protocolo de inteligencia para los puertos de destino.
Pese a la severidad de las advertencias, Castro Bekios reconoció que el Corredor Bioceánico constituye una oportunidad estratégica para el desarrollo de la región y del país, especialmente por su capacidad de fortalecer el comercio, la conectividad y la posición logística de Chile en Sudamérica. Sin embargo, recalcó que esa oportunidad debe ser acompañada por una respuesta estatal robusta, coordinada y anticipada.
“El corredor no crea el problema, lo escala”, afirmó el fiscal, sintetizando el principal punto de su exposición: la infraestructura por sí sola no genera criminalidad, pero puede amplificar fenómenos ya existentes si el Estado no fortalece sus capacidades de control, inteligencia y persecución penal.
En la parte final de su intervención, Castro Bekios advirtió que Chile enfrenta una ventana de acción limitada. Según planteó, el país cuenta con un horizonte crítico entre 2026 y 2028 para fortalecer sus capacidades preventivas antes de que las amenazas se consoliden en torno a las nuevas rutas logísticas y portuarias.
“El Estado de Derecho en el norte de Chile se juega en el corredor”, sostuvo el Fiscal Regional de Antofagasta, reforzando la necesidad de mirar el Corredor Bioceánico no solo como una obra de integración comercial, sino también como un desafío de seguridad nacional, control fronterizo y protección institucional para las regiones del norte del país.