- El profesional, de 46 años, fue imputado por fraude al Fisco, estafa procesal, prevaricación, falsificación de instrumento público y usurpación de nombre. La Fiscalía sostiene que habría ideado una maniobra para apropiarse de $13 millones pertenecientes al Servicio de Salud de Antofagasta.
Un exabogado del Servicio de Salud de Antofagasta (SSA) fue formalizado por la Fiscalía SAC por una serie de delitos contra la probidad pública, luego de una investigación que apunta a una compleja maniobra presuntamente ejecutada entre los años 2023 y 2024, cuando el imputado se desempeñaba profesionalmente en dicho organismo.
El abogado, de 46 años, fue formalizado por los delitos de fraude al Fisco, estafa procesal, prevaricación, falsificación de instrumento público y usurpación de nombre. Su detención se concretó durante la jornada anterior por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, Bridec, de la Policía de Investigaciones, en cumplimiento de una orden gestionada por el Ministerio Público.
La resolución judicial también autorizó diligencias de entrada, registro e incautación de especies vinculadas a la causa, como parte de las acciones destinadas a reunir antecedentes y esclarecer la eventual participación del profesional en los hechos investigados.
Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía expuso que entre junio y diciembre de 2023 el imputado habría accedido, en razón de sus funciones, a información considerada privilegiada respecto de cinco depósitos pertenecientes al Servicio de Salud de Antofagasta que permanecían en la cuenta corriente del Juzgado de Letras de Calama.
La suma total alcanzaba aproximadamente los $13 millones y, según los antecedentes entregados en tribunales, dichos depósitos no presentaban una indicación clara respecto de la causa judicial o del motivo específico por el cual habían sido efectuados.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, al tomar conocimiento de la existencia de esos recursos, el abogado habría comenzado a ejecutar un plan destinado a obtener el dinero mediante una estructura judicial aparentemente legítima.
La maniobra habría consistido en propiciar una demanda de tutela de garantías en contra del propio Servicio de Salud de Antofagasta, generando posteriormente las condiciones para alcanzar un avenimiento judicial.
En ese acuerdo, el SSA se comprometía a desembolsar una suma equivalente a los depósitos existentes para poner término al litigio. La particularidad del caso, según explicó la Fiscalía, es que el servicio público habría sido representado en aquellas actuaciones por el mismo imputado, circunstancia que constituye uno de los elementos centrales de la investigación penal.
Para materializar la operación, el abogado habría incorporado a una tercera persona, gestionando que ésta figurara formalmente en calidad de demandante dentro de la causa judicial.
Posteriormente, dicha persona habría recibido en su cuenta bancaria los fondos derivados del avenimiento y, entre enero y febrero de 2024, habría transferido el dinero a la cuenta personal del ahora imputado.
La investigación se inició luego que el propio Departamento Jurídico del Servicio de Salud de Antofagasta pusiera los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público durante octubre de 2024.
La denuncia surgió después que la persona involucrada como receptora de los fondos informara de lo ocurrido. Actualmente figura en calidad de víctima dentro del proceso investigativo.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal Cristian Aguilar Aranela solicitó al tribunal decretar la prisión preventiva del imputado, argumentando la diversidad de delitos investigados, la gravedad de las penas que eventualmente podrían ser impuestas y la particular forma en que presuntamente se ejecutaron los hechos.
El persecutor también hizo presente la relevancia de los bienes jurídicos afectados, considerando que los antecedentes expuestos no solamente involucran un eventual perjuicio patrimonial para un organismo público, sino además posibles vulneraciones a principios esenciales de probidad y correcto funcionamiento de la administración del Estado y del sistema de justicia.
Sin embargo, el tribunal desestimó la solicitud de prisión preventiva y resolvió aplicar medidas cautelares de menor intensidad.
El imputado quedó sujeto a arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas relacionadas con la investigación.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta estableció un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, periodo en que la Fiscalía deberá profundizar las diligencias, revisar documentación, eventuales movimientos bancarios y otros antecedentes destinados a establecer con precisión la participación que habría tenido el profesional en cada uno de los delitos imputados.
La causa continúa bajo investigación y los hechos deberán ser acreditados durante el proceso judicial. No obstante, según los antecedentes planteados por el Ministerio Público en la audiencia, la eventual utilización de información obtenida en el ejercicio de una función pública, sumada a la creación de actuaciones judiciales destinadas presuntamente a obtener recursos fiscales, configura un caso de especial preocupación por su impacto sobre la probidad administrativa y la confianza en las instituciones públicas.