- Un despliegue simultáneo en diversos domicilios de la capital regional permitió detener a 22 imputados, en su mayoría extranjeros, rescatar a una veintena de mujeres víctimas y golpear el patrimonio de las bandas mediante la incautación de dinero en efectivo, vehículos, joyas y la inmovilización de 87 cuentas bancarias.
- La investigación, dirigida por la Fiscalía de Alta Complejidad y la unidad SACFI junto a brigadas especializadas de la PDI, desarticuló redes transnacionales dedicadas a la explotación sexual.
La Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta, en coordinación con la unidad SACFI de la Fiscalía Regional y equipos especializados de la Policía de Investigaciones de Chile, ejecutó esta mañana un amplio operativo contra organizaciones criminales transnacionales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual y otros delitos asociados. El procedimiento, realizado mediante allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, se saldó con 22 detenidos —la mayoría de nacionalidad colombiana y venezolana— y la incautación preliminar de $86 millones en efectivo, 11 vehículos, joyas y otros bienes, además de diversa documentación y dispositivos electrónicos de interés investigativo.
A la acción policial-judicial se sumó el congelamiento de 87 cuentas bancarias presuntamente vinculadas a los flujos ilícitos de estas agrupaciones y la prohibición de enajenar una vivienda y varios vehículos. De forma paralela, en inmuebles intervenidos se ubicó a una veintena de potenciales víctimas, todas mujeres extranjeras, quienes quedaron bajo el resguardo de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Antofagasta para su protección integral y acompañamiento.
El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, quien encabezó las diligencias, explicó que el despliegue es el resultado de una investigación de largo aliento conducida por la recién creada Fiscalía de Alta Complejidad, SACFI y la PDI, con foco en la trata de personas, la eventual asociación para la trata y el enriquecimiento patrimonial de estas organizaciones. “Quiero destacar que durante esta investigación se utilizaron todas las técnicas que permite nuestra legislación, tanto para la acreditación de los delitos vinculados a la trata de personas, como también diligencias investigativas que dicen relación con la averiguación de las ganancias ilícitas o el patrimonio de estas organizaciones criminales, que es efectivamente uno de los objetivos que tiene, tanto el Ministerio Público como la PDI, a la hora de investigar fenómenos de crimen organizado”, señaló.
El persecutor añadió que el balance económico de la operación —dinero y bienes avaluados en $542 millones— “posiblemente aumente” a medida que se desarrollen peritajes contables y se consoliden los antecedentes provenientes de las cuentas inmovilizadas y los bienes sujetos a medidas cautelares reales. Junto con ello, enfatizó que el operativo permitió desmantelar puntos de operación clandestinos insertos en zonas residenciales, lo que contribuye a recuperar la tranquilidad de los barrios afectados.
Operativo y metodología investigativa
En el despliegue participaron cuatro fiscales del Ministerio Público y detectives de las brigadas especializadas de la PDI: Brilac (Lavado de Activos), Bitrap (Trata de Personas) y Brianco (Antinarcóticos y Crimen Organizado), quienes ejecutaron órdenes judiciales de entrada y registro, incautación de evidencias y detenciones en diversos sectores de Antofagasta. La coordinación consideró seguimientos, análisis financiero, interceptación legal de comunicaciones, levantamiento de información patrimonial y trabajo encubierto, conforme a las herramientas previstas por la normativa vigente.
De acuerdo con la PDI, las diligencias apuntaron a cortar las distintas capas de las redes: captación de mujeres migrantes, traslado y alojamiento en inmuebles arrendados, coacción a través de deudas y control económico de las ganancias, mecanizadas en un circuito bancarizado con testaferros y cuentas “mula”. Las unidades operativas levantaron, además, trazabilidad de movimientos de vehículos y flujos de dinero, permitiendo mapear roles, jerarquías y vínculos transnacionales.
Protección de víctimas y enfoque de derechos
La Fiscalía Regional dispuso medidas inmediatas de protección para las mujeres rescatadas, incluyendo evaluación médica y psicológica, alojamiento seguro y representación jurídica. El abordaje contempla coordinación con redes públicas y privadas para garantizar el acceso a prestaciones de salud, regularización migratoria cuando corresponda y apoyo social, todo ello bajo los estándares de la Ley N° 20.507 y protocolos interinstitucionales para la asistencia a víctimas de trata.
El jefe de la Región Policial Antofagasta de la PDI, prefecto inspector Jorge Aguillón Vidal, sostuvo que las detenciones y, especialmente, el decomiso de grandes sumas de dinero y bienes “golpea a estas organizaciones donde más les duele: su patrimonio”, resultado de un año de investigación silenciosa y de trabajo constante de los equipos. En tanto, el jefe nacional Contra el Crimen Organizado de la PDI, prefecto inspector Mauricio Jorquera Ramírez, destacó que el operativo permitió “rescatar del flagelo de la trata de personas a una veintena de mujeres que eran explotadas”, y que el congelamiento de cuentas y la inmovilización de activos permiten afirmar con alto grado de certeza que las bandas han sido “desarticuladas desde su esfera patrimonial”.
Golpe al patrimonio criminal
El componente financiero fue clave en la estrategia. Brilac levantó matrices de riesgo y flujos para acreditar operaciones sospechosas, mientras Bitrap articuló los hallazgos con entrevistas a víctimas y análisis de patrones de captación, traslado y explotación. Brianco, por su parte, brindó apoyo operacional y de análisis de crimen organizado. La convergencia de estas líneas de trabajo derivó en la incautación de $86 millones en efectivo, 11 vehículos de distinto avalúo, joyas y dispositivos electrónicos, además de la inmovilización de 87 cuentas y la prohibición de enajenar al menos una vivienda y otros móviles.
Según el Ministerio Público, estos resultados no solo robustecen la imputación por trata de personas y delitos conexos, sino que dificultan la rearticulación de las células delictivas al privarlas de su capacidad financiera y logística. Se anticipa, además, la solicitud de peritajes informáticos y contables sobre teléfonos, computadores y documentación incautada, con miras a identificar nuevos partícipes, testaferros y rutas de lavado.
Próximas diligencias y formalización
Por petición de la Fiscalía, el tribunal amplió la detención de los 22 aprehendidos hasta el próximo martes, fecha en la que serán formalizados por el Ministerio Público y se solicitarán las medidas cautelares correspondientes. En esa audiencia, la Fiscalía expondrá los antecedentes recabados durante la investigación y los resultados del operativo, junto con el análisis patrimonial y los informes periciales preliminares.
La causa seguirá abierta a nuevas diligencias, incluidas eventuales solicitudes de alzamiento de secreto bancario, cooperación internacional y ampliación de medidas cautelares reales sobre bienes que se identifiquen en Chile y en el exterior. No se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, conforme se procesen las evidencias levantadas en los allanamientos.
Llamado a denunciar y continuidad del trabajo interinstitucional
Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar situaciones de captación, traslado o explotación de personas, así como pagos, coacciones o deudas ilegítimas que a menudo encubren este delito. La PDI y la Fiscalía recalcaron que la información ciudadana, sumada a las capacidades de análisis criminal y a la persecución patrimonial, son determinantes para detectar y desbaratar redes que operan en la sombra, transnacionalmente y con alta movilidad.
Con el operativo de esta jornada, Antofagasta da un nuevo paso en la persecución del crimen organizado y la protección de las víctimas de trata. La Fiscalía de Alta Complejidad y la unidad SACFI, junto a las brigadas especializadas de la PDI, mantendrán su trabajo coordinado para consolidar la desarticulación de estas estructuras y avanzar en sanciones ejemplares, al tiempo que se asegura la reparación y el acompañamiento integral de las mujeres rescatadas.