- Apoderados anunciaron movilizaciones ante la falta de continuidad educativa para 690 estudiantes afectados por los daños en el establecimiento. El parlamentario calificó la situación como “inaceptable” y pidió medidas inmediatas, como clases online y una escuela modular provisoria.
La comunidad escolar de la Escuela Valentín Letelier de Calama atraviesa un complejo escenario luego de que sus estudiantes continúen sin clases tras los daños que sufrió el establecimiento a raíz del terremoto que afectó a la zona. La situación generó la molestia de apoderados, quienes anunciaron movilizaciones ante lo que califican como una falta de respuestas concretas por parte del Servicio Local de Educación Pública, SLEP.
El caso fue expuesto en una reunión sostenida entre representantes del Centro General de Padres y el diputado por la Región de Antofagasta, Sebastián Videla, quien manifestó su preocupación por la situación que afecta a cerca de 690 niños y niñas de la comuna. El parlamentario calificó como “inaceptable” la ausencia de soluciones oportunas y anunció gestiones directas ante el Ministerio de Educación para exigir medidas que permitan restablecer la continuidad del proceso educativo.
Según los antecedentes entregados por la comunidad escolar, los daños estructurales provocados por el movimiento telúrico impiden el normal funcionamiento del establecimiento, lo que ha mantenido a los alumnos sin clases presenciales. Frente a este escenario, los apoderados solicitaron medidas urgentes, entre ellas la implementación de clases online mientras se define una solución definitiva, además de la instalación de una escuela modular provisoria que cumpla con las condiciones mínimas de seguridad, higiene y funcionamiento.



El diputado Videla sostuvo que la situación representa una vulneración directa al derecho a la educación de los estudiantes, especialmente considerando que se trata de niños y niñas de enseñanza básica que requieren continuidad pedagógica, acompañamiento y certezas para sus familias.
“Claramente acá se están vulnerando los derechos de 690 niños. Detrás de ellos hay familias. Me he juntado con los representantes del Centro General de Padres de la Escuela Valentín Letelier, escuela básica de Calama, y he conversado también con el alcalde, que está apoyando todas estas demandas. La verdad da rabia, da pena y da impotencia”, señaló el parlamentario.
Videla fue crítico respecto del rol que ha desempeñado el SLEP en esta emergencia, asegurando que no ha existido un diálogo concreto ni respuestas eficaces hacia la comunidad educativa. A su juicio, la situación se vuelve aún más grave al tratarse de una ciudad como Calama, que cumple un rol estratégico para el país por su aporte económico y productivo, pero que nuevamente enfrenta dificultades en materia de servicios básicos y derechos sociales.
“Calama es una ciudad importante, que genera muchos recursos, y hoy día que niños estén sin clases es tremendamente grave. Acá el SLEP ha cometido tremendas irregularidades, no hay un diálogo concreto, y hoy día le vamos a enviar toda la información a la ministra de Educación, con la cual ya he conversado, para que se busquen soluciones concretas”, afirmó.
El parlamentario explicó que una de las medidas inmediatas debe ser la implementación de clases online, al menos mientras finaliza el periodo previo a las vacaciones. Ello permitiría evitar una mayor pérdida de contenidos y entregar una respuesta mínima a las familias que, hasta ahora, han debido enfrentar la incertidumbre sin una planificación clara.
“Ellos deben tener clases online mientras termina el periodo para que puedan tener vacaciones y, paralelamente, se debe pensar en un lugar modular con todas las condiciones adecuadas, con todos los permisos correspondientes, con baños como corresponde, para que puedan tener clases como se debe”, sostuvo Videla.
La preocupación de los apoderados apunta no solo a la suspensión de clases, sino también a la falta de una hoja de ruta clara sobre el futuro inmediato del establecimiento. En ese contexto, han planteado que una escuela modular provisoria podría transformarse en una alternativa viable, siempre que cumpla con las exigencias técnicas, sanitarias y de seguridad necesarias para recibir a la comunidad escolar.
Para las familias, la prolongación de la suspensión de clases implica un daño educativo, social y emocional para los estudiantes. Además, genera dificultades prácticas para madres, padres y cuidadores, quienes deben reorganizar sus jornadas laborales y familiares ante la falta de una solución institucional oportuna.
Videla afirmó que entiende la molestia de los apoderados y que respaldará las acciones que decidan adoptar dentro del marco legal. En esa línea, señaló que algunos representantes de la comunidad incluso evalúan presentar un recurso de protección u otros mecanismos judiciales, en caso de que no se obtengan respuestas satisfactorias en el corto plazo.
“De verdad da mucha pena y mucha tristeza, y creo que representa el sentir de muchos apoderados que han llegado hasta las últimas consecuencias, incluso manifestarse marchando. Vamos a apoyar en todas las instancias, porque para eso estamos, y creo que la ministra debe dar una solución concreta. Si hay que sacar personas del SLEP que no están haciendo bien su trabajo, hay que hacerlo”, enfatizó.
El diputado agregó que, si bien espera que no sea necesario judicializar el conflicto, la falta de respuestas podría obligar a las familias a recurrir a todas las herramientas disponibles para resguardar el derecho a la educación de sus hijos.
“Ellos están pensando en un recurso de protección y en otros mecanismos que la verdad no queremos que se hagan, pero si no hay soluciones van a llegar hasta esas instancias. Pedimos a todas las autoridades que nos puedan ayudar también y que, más allá de diferencias políticas, nos unamos, porque aquí hay familias que están sufriendo y que necesitan educación, que es un derecho adquirido”, puntualizó.
La situación de la Escuela Valentín Letelier vuelve a poner en el centro del debate la capacidad de respuesta del sistema de educación pública ante emergencias que afectan la infraestructura escolar. En este caso, la comunidad acusa que, pese al tiempo transcurrido desde el terremoto, no se han adoptado medidas suficientes para garantizar la continuidad de las clases ni entregar tranquilidad a los apoderados.
En Calama, la molestia crece entre las familias, que exigen respuestas urgentes y no descartan iniciar manifestaciones para visibilizar la problemática. La demanda central es clara: que los 690 estudiantes de la Escuela Valentín Letelier no sigan pagando las consecuencias de una emergencia sin solución institucional efectiva.
Mientras se esperan las gestiones anunciadas ante el Ministerio de Educación, la comunidad escolar insiste en que la respuesta debe ser inmediata. Para los apoderados, cada día sin clases profundiza la pérdida educativa y confirma la necesidad de una intervención directa que permita retomar el año escolar en condiciones dignas, seguras y acordes al derecho fundamental de los niños y niñas a recibir educación.