- La Superintendencia de Educación registró 14.931 denuncias entre enero y septiembre; el 74,3% corresponde a conflictos de convivencia. Expertos llaman a una estrategia integral que priorice habilidades socioemocionales desde la primera infancia.
La convivencia escolar vive un momento crítico. El segundo reporte trimestral de la Superintendencia de Educación consigna que entre enero y septiembre de este año se recibieron 14.931 denuncias a nivel nacional, 2.244 más que en el mismo periodo de 2024. De ese total, 11.091 casos —un 74,3%— están asociados a conflictos de convivencia, un dato que, según especialistas, exige redoblar la prevención y el trabajo formativo en las aulas.
La tendencia se observa en todos los tipos de establecimientos y con alzas similares. Respecto del mismo periodo del año anterior, las denuncias crecieron 25,2% en el sector público (municipalidades y SLEP), 25,5% en particulares subvencionados y 27,7% en particulares pagados. El aumento ha sido más acelerado fuera de la Región Metropolitana (+41,7%) que dentro de ella (+32,2%), lo que abre desafíos de gestión territorial y acompañamiento a comunidades educativas con menor acceso a redes de apoyo.
El informe desglosa, además, tres categorías que explican el 80% del alza interanual en denuncias por convivencia: más de 943 casos adicionales por maltrato a párvulos y estudiantes; más de 564 por discriminación; y más de 295 relacionados con medidas disciplinarias. Aunque el maltrato a estudiantes sigue siendo la principal causa, su peso relativo cae de 64,8% en 2022 a 55% en 2025, mientras que la discriminación aumenta de 9,5% a 16,6%, indicador que preocupa por su impacto en la cohesión de los grupos curso y en la inclusión.
Otro dato que tensiona los climas escolares: el 4,2% de las denuncias corresponde a maltrato contra miembros adultos de la comunidad educativa. En este ámbito, se observa una subida de agresiones atribuibles a apoderados (+86,0%), estudiantes (+64,2%) y entre el propio personal (+73,2%). Para directivos y sostenedores, el fenómeno obliga a revisar protocolos de relación escuela–familia, gestión de conflictos y resguardo de funcionarios.
Frente a este escenario, la discusión se ha desplazado desde el énfasis exclusivo en sanciones hacia la instalación de competencias socioemocionales como eje de la política escolar. “Los datos son concretos, estamos frente a un síntoma que refleja un problema más profundo. No basta con sancionar conductas, es imprescindible enseñar a vivir juntos, a reconocer y gestionar las emociones, a resolver conflictos con diálogo y empatía”, afirma Ximena Álvarez, directora de Formación Santillana Compartir Chile. A su juicio, “la convivencia no se mejora sólo con un reglamento más estricto. Se mejora cuando en las salas de clases se abren espacios para la escucha activa, cuando se enseñan habilidades blandas desde la infancia, y cuando toda la comunidad educativa entiende que el desarrollo socioemocional es tan importante como el aprendizaje académico”.
La Superintendencia ha llamado a reforzar estrategias preventivas, promover el trabajo colaborativo, actualizar protocolos de actuación y asegurar respuestas oportunas y proporcionales a cada caso. No obstante, expertos advierten que el desafío de fondo es cultural: instalar rutinas pedagógicas y comunitarias que practiquen, evalúen y sostengan en el tiempo habilidades como la autorregulación, la resolución pacífica de conflictos y la empatía.
En esa línea, Santillana Chile presentó el Programa de Fortalecimiento para la Convivencia Escolar, una propuesta que combina diagnóstico, intervención y seguimiento con miras a construir entornos más sanos e inclusivos. El itinerario contempla una primera fase de evaluación para identificar brechas reales, una etapa formativa con desarrollo de habilidades socioemocionales, y un componente de monitoreo que mide avances en clima, prácticas inclusivas y bienestar. Entre sus herramientas destaca Emotilab, un proyecto con sesiones dinámicas desde 1° básico a III medio que incorpora materiales para docentes, estudiantes y familias, orientados al autoconocimiento, la empatía y la autorregulación.
La pertinencia de modelos integrales, señalan los especialistas, radica en su capacidad de alinear a toda la comunidad educativa —equipos directivos, docentes, asistentes, estudiantes y apoderados— en torno a metas comunes de convivencia, con indicadores y retroalimentación periódica. De ese modo, la gestión de incidentes deja de ser reactiva para instalarse en una lógica preventiva, con soportes pedagógicos y psicosociales que disminuyen la reincidencia y mejoran la percepción de seguridad.
El contexto descrito obliga a articular esfuerzos entre estamentos, servicios y territorios. Para los sostenedores, ello implica asegurar horas protegidas de trabajo colaborativo y formación continua; para los directivos, revisar y socializar protocolos, y fortalecer la mediación escolar; para los docentes, incorporar estrategias socioemocionales en la práctica diaria; para las familias, reforzar el vínculo con la escuela y las pautas de buen trato; y para el Estado, garantizar acompañamiento técnico, financiamiento y estándares comparables a lo largo del país.
Mientras las cifras marcan un incremento sostenido de denuncias, la evidencia sugiere que los avances más duraderos emergen cuando la convivencia se trabaja día a día, se enseña, se evalúa y se cuida. La urgencia está planteada: instalar una cultura escolar donde el bienestar socioemocional sea un aprendizaje esencial y compartido.