- Con la publicación de la Ley 21.740, el Ministerio de Obras Públicas busca una vigilancia más eficiente del recurso hídrico, reduciendo tiempos de tramitación, promoviendo mecanismos digitales y fomentando la corrección temprana de infracciones menores.
La gestión del agua en Chile dio un paso significativo hacia la modernización. El pasado miércoles 23 de abril fue publicada la Ley 21.740 que introduce cambios al procedimiento de fiscalización y vigilancia realizado por la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), enfocándose en agilizar los procesos, reducir los tiempos de tramitación, incorporar la notificación digital, promover incentivos al pago de multas y facilitar la corrección de infracciones menores.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó la importancia de esta reforma, subrayando que “estas nuevas atribuciones permitirán a la DGA agilizar sus procedimientos de fiscalización, entregando a la ciudadanía una respuesta oportuna frente a posibles infracciones, pero sobre todo permite a quienes incurren en pequeñas faltas enmendar el error y no ser multados. Como Ministerio no tenemos como objetivo la recaudación fiscal, sino la vigilancia del buen uso de las aguas, por lo que esta modificación legal es un importante avance para el resguardo del recurso hídrico”.
Por su parte, el director general de Aguas del MOP enfatizó que “el proyecto fue ingresado por el Ejecutivo en diciembre de 2023, y en solo 16 meses logramos consensuar un cambio que hace más eficiente nuestra tarea. La modificación faculta a municipios y otros órganos del Estado a ejecutar medidas ordenadas por la DGA, como la paralización de obras, y permite que las notificaciones se realicen presencialmente o por medios electrónicos”.
Impacto en la Región de Antofagasta
En la Región de Antofagasta, la DGA abrió durante 2024 un total de 198 procesos de investigación por presuntas infracciones al Código de Aguas, y concluyó 206 procesos, de los cuales 106 terminaron en multa. De ellas, 77 corresponden a investigaciones del presente año y 29 al año anterior.
El seremi de Obras Públicas, Pedro Barrios, valoró la entrada en vigencia de la nueva ley, asegurando que “se robustece aún más la labor fiscalizadora de la DGA y el compromiso con la gestión eficiente y sostenible del recurso hídrico en una región donde la escasez de agua es una realidad permanente. Esta ley nos da mejores herramientas para proteger este recurso vital”.
Principales cambios introducidos
La Ley 21.740 establece un procedimiento simplificado para determinadas infracciones: aquellas sancionadas entre 10 y 500 UTM, cometidas en zonas de escasez hídrica o que no requieran fiscalización en terreno. En estos casos, los presuntos infractores podrán aceptar los cargos antes de presentar descargos, obteniendo así un 25% de descuento en la multa correspondiente.
Además, la DGA queda facultada para ordenar la paralización inmediata de extracciones ilegales de agua en zonas de escasez hídrica o en situaciones que comprometan el consumo humano y doméstico de subsistencia. Esta paralización puede decretarse como medida preventiva durante el desarrollo del procedimiento sancionatorio.
Otra innovación relevante es que el organismo podrá conceder un plazo de hasta 30 días hábiles para corregir infracciones menores, eximiendo al infractor de la apertura de un expediente y de la aplicación de multas, si subsana la falta dentro del tiempo establecido.
Finalmente, los infractores que paguen sus multas dentro de los 9 días hábiles desde la notificación de la sanción, sin presentar un recurso de reconsideración, también podrán acceder a un descuento del 25% sobre el monto total.
Modernización orientada a la protección del recurso hídrico
Con estos cambios, la Dirección General de Aguas apuesta por una fiscalización más eficiente y cercana, priorizando la corrección de faltas sobre la sanción, y fortaleciendo así la protección del recurso hídrico, especialmente relevante en regiones como Antofagasta, donde la disponibilidad de agua es crítica para el desarrollo humano, agrícola e industrial.
La implementación efectiva de estas nuevas facultades será clave para consolidar una gestión más transparente, eficiente y centrada en el bienestar de las comunidades y el medio ambiente.