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• En el marco de los compromisos de la mesa de trabajo del ex vertedero La Chimba y del plan “Calles Protegidas”, el Ministerio de Seguridad Pública, la Seremi de Transportes e inspectores junto a Carabineros de la 5ª Comisaría La Portada realizaron más de 30 controles vehiculares y de identidad en el sector norte de Antofagasta.

Un nuevo operativo interinstitucional de control y fiscalización vehicular se desplegó este miércoles en el cuadrante de Huamachuco con La Copia, en el sector norte de Antofagasta, dejando como saldo 13 citaciones por infracciones a la Ley de Tránsito y la detención de un conductor que mantenía una orden de aprehensión vigente. La intervención, coordinada por el Ministerio de Seguridad Pública en conjunto con la Seremi de Transportes y Carabineros de la 5ª Comisaría La Portada, se inscribe dentro de la agenda de compromisos de la mesa de trabajo de La Chimba y del plan “Calles Protegidas”, enfocado en la recuperación del entorno y la prevención del delito.

La Seremi (s) de Seguridad Pública, Paulina Larrondo Vildósola, explicó que estos despliegues se realizan semanalmente para fiscalizar la circulación de vehículos que transportan escombros hacia el ex vertedero, una práctica que, además de ser infraccional, se asocia a quemas y focos de riesgo para la comunidad. “Estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos con los vecinos en la mesa de trabajo del ex vertedero La Chimba, donde el Gobierno, mediante el Ministerio de Seguridad, coordina controles semanales para fiscalizar y prevenir el tránsito de vehículos con escombros, lo que genera quemas. La idea es fiscalizar en las inmediaciones y cercanías del ex vertedero”, señaló. La autoridad recordó que este despliegue está inserto en el plan “Calles Protegidas”, estrategia que potencia la presencia fiscalizadora y el trabajo colaborativo entre servicios.

De acuerdo con el balance del procedimiento, inspectores de la Seremi de Transportes y efectivos de Carabineros realizaron más de 30 controles vehiculares y de identidad, focalizados en rutas de acceso y tránsito hacia áreas adyacentes al ex vertedero. Las fiscalizaciones permitieron cursar 13 citaciones al Segundo Juzgado de Policía Local por diversas infracciones a la normativa de tránsito, además de detectar a un conductor con requerimiento judicial pendiente, quien fue detenido en el lugar.

La intervención consideró puntos de control dinámicos y aleatorios, con énfasis en documentación al día, condiciones mecánicas, transporte de carga y cumplimiento de disposiciones de seguridad. El objetivo, precisaron las autoridades, es inhibir conductas de riesgo, fortalecer la seguridad vial y cortar las cadenas logísticas informales que posibilitan el traslado irregular de residuos y escombros hacia zonas no habilitadas.

Desde el Ministerio de Seguridad Pública subrayaron que el operativo es parte de una secuencia de acciones sostenidas en la macrozona norte de la ciudad. Desde la creación de la cartera, solo en el sector de La Chimba se han ejecutado 16 operativos de fiscalización, con 290 citaciones por infracción a la Ley de Tránsito, 588 controles de identidad y 970 controles vehiculares. Estos resultados, sostuvo la autoridad, dan cuenta de un trabajo sistemático que combina la vigilancia preventiva con la articulación de redes institucionales y comunitarias.

El despliegue también buscó reforzar la “sensación de control” en horarios y puntos de alta circulación, a partir de un modelamiento previo de flujos y la retroalimentación de vecinos y organizaciones del sector. “La fiscalización es una herramienta clave para desincentivar el ingreso de escombros y el uso de áreas no habilitadas, pero también para acompañar a la comunidad en el proceso de recuperación del entorno”, indicó Larrondo, quien destacó la importancia de mantener canales de denuncia y coordinación con juntas de vecinos, comerciantes y trabajadores del sector.

En paralelo, la Seremi de Transportes informó que las inspecciones vehiculares no solo se orientan a sancionar conductas infractoras, sino también a elevar estándares de seguridad en el transporte de carga menor, especialmente en vehículos que trasladan materiales de construcción o residuos sin elementos de sujeción, contención o señalización adecuados. La fiscalización a estas prácticas busca mitigar riesgos de siniestros viales, derrames en calzada y focos de insalubridad.

Carabineros de la 5ª Comisaría La Portada precisaron que los controles de identidad se enmarcaron en las facultades legales vigentes y en parámetros de respeto a los derechos de las personas, priorizando la prevención y la disuasión. Además, recalcaron que la información levantada durante el operativo será compartida con el Ministerio Público y con los equipos territoriales para alimentar estrategias de intervención focalizada y mantener trazabilidad sobre vehículos y rutas recurrentes.

Las autoridades adelantaron que, en los próximos días, se sostendrán nuevas rondas de fiscalización con foco en el cumplimiento de la normativa de tránsito, el transporte de residuos y la seguridad vial. Estas acciones irán acompañadas de labores de educación y difusión para conductores, propietarios de vehículos de carga y empresas de arriendo de camionetas, a fin de promover buenas prácticas y responsabilidades compartidas en el manejo de escombros.

El trabajo de la mesa de La Chimba continuará priorizando la coordinación intersectorial con servicios públicos y la comunidad, con metas que incluyen el control de puntos críticos, el seguimiento de infractores recurrentes y la consolidación de perímetros de resguardo alrededor del ex vertedero. En esa línea, el plan “Calles Protegidas” seguirá siendo el paraguas operativo para integrar fiscalización, patrullaje, recuperación de espacios y atención de denuncias ciudadanas, con foco en reducir incivilidades, mejorar la convivencia y elevar la seguridad en el territorio.

El Ministerio de Seguridad Pública reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna el transporte ilegal de escombros y cualquier conducta que atente contra la seguridad o el medioambiente, e insistió en la importancia de circular con documentación al día, respetar límites de velocidad y condiciones de carga, y evitar transitar por zonas no habilitadas para la disposición de residuos. Con el refuerzo de controles y la continuidad de los operativos semanales, la autoridad espera sostener los resultados obtenidos y avanzar en el objetivo de proteger las calles del sector y la calidad de vida de sus habitantes.

• En una ceremonia realizada en el Muelle Histórico, 31 funcionarios recién egresados fueron destinados a la 2ª y 3ª Comisarías de Antofagasta, 5ª Comisaría La Portada y a las Subcomisarías Playa Blanca y Antofagasta Norte. La medida forma parte de una estrategia integral para aumentar la presencia policial, fortalecer el vínculo con la ciudadanía y consolidar la prevención del delito en la región.

Con el mar como telón de fondo y ante autoridades regionales y comunales, Carabineros de Chile dio la bienvenida a 31 nuevos funcionarios que desde hoy se integran a labores operativas y preventivas en distintas unidades de la capital regional. El refuerzo responde a una planificación institucional que busca incrementar la presencia policial en los territorios, optimizar los patrullajes y profundizar el trabajo colaborativo con la comunidad.

“Los nuevos funcionarios se integrarán activamente a las labores de patrullaje y prevención en las 2ª y 3ª Comisarías de Antofagasta, así como en la 5ª Comisaría La Portada, la Subcomisaría Playa Blanca y la Subcomisaría Antofagasta Norte; diferentes unidades, con realidades distintas, pero con un objetivo común: resguardar la seguridad de la comunidad”, señaló el Jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre Soto.

El oficial enfatizó que el arribo de este contingente no es solo un aumento numérico, sino una apuesta por la calidad del servicio policial. “Su presencia aquí tiene un gran valor. No hablamos solo de cifras, sino de personas formadas, comprometidas y preparadas. Ustedes representan una nueva generación de Carabineros que aportan una mirada renovada y moderna a una institución próxima a cumplir su primer centenario”, afirmó.

Formación con enfoque ciudadano

Los nuevos Carabineros culminaron un proceso formativo de dos años, que incluyó preparación técnica y operativa, además de una sólida formación en derechos humanos y en el actuar policial con enfoque ciudadano. Este componente académico se traduce en habilidades para intervenir en contextos complejos, aplicar protocolos con estándares de probidad y proporcionalidad, y privilegiar la prevención y la mediación en el territorio.

La planificación operativa contempla su despliegue inmediato en patrullajes preventivos, controles focalizados, servicios de cuadrante y apoyo a dispositivos comunitarios, reforzando turnos y coberturas en sectores de alta afluencia y horarios estratégicos.

Coordinación regional y resultados

La Seremi (s) de Seguridad Pública y de Gobierno, Paulina Larrondo Vildósola, valoró la destinación como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad: “Nosotros hemos establecido una estrategia nacional de seguridad que aborda la criminalidad, que es lo que más preocupa a las familias en nuestros barrios, y en ese marco poder aumentar la dotación de Carabineros en la región va a permitir desarrollar un mejor trabajo. Esta región ha tenido muy buenos resultados en materia de seguridad; somos una de las regiones que mayor cantidad de incautación de drogas ha realizado y eso demuestra que debemos seguir con esos esfuerzos, incorporar más Carabineros para que estén en las calles”.

El refuerzo de personal, sumado a la coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones, apunta a consolidar operativos de alto impacto, mejorar tiempos de respuesta y fortalecer la sensación de seguridad en barrios y espacios públicos.

Vocaciones que se construyen en el territorio

El contingente está compuesto por funcionarios provenientes de diversas regiones del país. Entre ellos se encuentra la carabinera Camila Rubio, oriunda de Osorno y destinada a la 2ª Comisaría de Antofagasta. “Asumo esta etapa de mi carrera como un desafío para seguir creciendo, aprender y servir con vocación”, expresó.

También destaca el antofagastino Jonatan Martines, asignado a la Subcomisaría Antofagasta Norte. “Desde pequeño tuve la ilusión de ser Carabinero y hoy cumplí mi objetivo. Me siento orgulloso de servir a mi ciudad y espero que mi trabajo también haga sentir orgullosa a mi familia”, comentó.

Compromiso contra el crimen organizado

El general Montre subrayó que la destinación de estos 31 funcionarios se inserta en un objetivo mayor: impedir el avance de organizaciones delictuales. “Los Carabineros a los que hoy se les dio la bienvenida se suman al desafío que tenemos como Zona, y es una responsabilidad con el país, de poder evitar que el crimen organizado, el tráfico y el contrabando traspasen las fronteras”, sostuvo.

En ese marco, la presencia reforzada en rutas, accesos y barrios críticos contempla labores coordinadas de fiscalización vehicular, controles preventivos, patrullajes mixtos y acercamiento permanente a juntas de vecinos, gremios y establecimientos educacionales, para levantar alertas tempranas y promover cultura de denuncia.

Cercanía y eficacia: la hoja de ruta

La hoja de ruta institucional reafirma una premisa: la prevención del delito se construye con presencia efectiva en la calle y diálogo constante con la ciudadanía. Por ello, los nuevos Carabineros se integrarán a programas de seguridad comunitaria, capacitaciones internas y ejercicios de interoperabilidad con equipos municipales y servicios públicos, a fin de estandarizar protocolos y optimizar recursos.

La ceremonia de incorporación cerró con el compromiso de cada funcionario y funcionaria de brindar un servicio profesional, respetuoso y cercano. Con su despliegue, Antofagasta suma una nueva dotación que, desde hoy, se hace parte del esfuerzo colectivo por resguardar la convivencia y la seguridad en la región.

• El parlamentario llamó a reforzar las medidas de seguridad y exigió que las autoridades actúen con urgencia para detener a los responsables del violento atraco.
  

Un grave hecho delictual ocurrido en Antofagasta fue denunciado por el diputado Sebastián Videla, luego de que un grupo de delincuentes, haciéndose pasar por guardias de seguridad, perpetrara un robo en calle Gaspar Acosta, a plena luz del día. El ilícito se registró en pasado miércoles alrededor de las 13:00 horas, cuando los antisociales sustrajeron una importante suma de dinero correspondiente al pago de término de conflicto de una empresa de seguridad.

El parlamentario manifestó su preocupación por la sofisticación con la que operan estas bandas, las que ahora recurren a la usurpación de identidades y uniformes para ejecutar sus delitos. Según Videla, la situación refleja la vulnerabilidad tanto de las personas como de las empresas que manejan recursos sensibles, generando un clima de inseguridad que amenaza la confianza en los sistemas de resguardo.

“Estamos frente a un modus operandi que pone en riesgo no solo los recursos de trabajadores y empresas, sino también la confianza en nuestros sistemas de seguridad. Exigimos que se actúe de inmediato para detener a los culpables y prevenir nuevos casos”, sostuvo el legislador.

Videla llamó a las autoridades policiales y judiciales a actuar con máxima urgencia para dar con los responsables, advirtiendo que este tipo de delitos no puede quedar impune. Además, recalcó la importancia de reforzar la fiscalización en sectores donde circulan pagos y montos significativos, con el fin de evitar que se repitan hechos de similar magnitud.

El diputado reiteró, finalmente, su compromiso con la seguridad ciudadana y adelantó que impulsará iniciativas legislativas que fortalezcan la protección en torno a empresas, trabajadores y comunidades expuestas a delitos de alto impacto, insistiendo en que el Estado debe responder con firmeza frente a organizaciones delictuales que perfeccionan sus métodos para burlar la ley.

• Imputado atacó a su víctima con un elemento cortopunzante y un arma a postones. Quedó en prisión preventiva.

La unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Antofagasta formalizó por homicidio frustrado a un imputado chileno, detenido por carabineros de la SIP de la Tercera Comisaría, por la agresión sufrida la madrugada del 7 de agosto por una víctima masculina en el campamento La Negra de Antofagasta.

Según los antecedentes reunidos durante la investigación, mientras la víctima dormía al interior de un domicilio, el imputado ingresó a dicho inmueble y la atacó con un elemento cortopunzante en reiteradas ocasiones, además de dispararle con un arma a postones, provocándole lesiones en diversas partes del cuerpo.

La víctima fue auxiliada por vecinos que de inmediato lo trasladaron a un centro asistencial, donde se le diagnosticaron lesiones de gravedad, mientras que el imputado huyó del lugar.

En el sitio del suceso se constituyó un fiscal especializado de la unidad SACFI, acompañado por el equipo ECOH y carabineros de la SIP y Labocar, quienes rápidamente lograron la identificación del autor del hecho y su detención el día de ayer.

Por petición del Ministerio Público, el imputado quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, con un plazo de investigación de 120 días.

• En audiencia de cierre realizada hoy, el Ministerio Público informó que concluyó la fase indagatoria de las aristas Democracia Viva, Tomarte, Fusupo y Fibra. La causa considera 7 imputados y 12 convenios por cerca de $1.200 millones. No hubo cambios sustantivos en medidas cautelares y el siguiente hito será la presentación de la acusación y la preparación de juicio oral.

El Ministerio Público comunicó este miercoles, en la denominada audiencia de cierre de la investigación, que concluyó la etapa indagatoria del denominado caso Convenios en su vertiente principal en Antofagasta, que incluye las aristas Fundación Democracia Viva, Fundación Tomarte, Fundación Fusupo y Fundación Fibra. De acuerdo con lo informado en estrados, la causa comprende a 7 imputados y 12 convenios por un monto aproximado de $1.200 millones, quedando desde ahora habilitado el plazo legal de 10 días para que la Fiscalía adopte una decisión respecto del curso de la persecución penal.

“La audiencia celebrada el día de hoy es la audiencia de cierre de la investigación (…) Una vez que se cierra la investigación el Ministerio Público tiene un plazo de 10 días para tomar ciertas decisiones estratégicas: acusar, sobreseer definitivamente o no perseverar. En este caso, la decisión que se adoptará dentro de ese plazo será la de deducir acusación”, se expuso en la audiencia, precisando que la definición se enmarca en el avance y el contenido de los antecedentes reunidos durante un año y medio de trabajo investigativo, dio a conocer el Fiscal Regional Juan Castro Bekios en punto de prensa.

La comunicación de cierre supone que la Fiscalía estima agotadas las diligencias esenciales para sustentar su teoría del caso ante el tribunal. El persecutor interviniente aclaró que “la acusación, en cuanto a los hechos, debe ser muy similar a los descritos en la formalización —según la ley—, mientras que la calificación jurídica se mantiene respecto de lo informado, salvo los ajustes ya comunicados en audiencias previas”. En lo medular, la acusación contendrá el relato fáctico, la calificación jurídica, la participación atribuida a cada imputado y el listado de medios de prueba que el Ministerio Público pretende rendir en juicio para acreditar cada uno de los hechos y delitos.

Consultada la Fiscalía por casos específicos —entre ellos, Pérez, Contreras y Andrade—, se indicó que “se presentará acusación por los hechos ya formalizados y por los delitos ya informados”, agregando que la pretensión punitiva (petición de penas) se comunicará directamente al Juzgado de Garantía en el escrito de acusación.

En la misma audiencia, la Fiscalía informó que no hubo movimientos sustantivos respecto de las medidas cautelares que habían sido objeto de revisión por parte de algunas defensas. “No han habido mayores movimientos en lo sustantivo y, para nosotros, lo más relevante sigue siendo la solidez de los presupuestos materiales que justifican las cautelares vigentes, asociados tanto a la existencia de los hechos investigados como a la participación”, se puntualizó.

De acuerdo con el itinerario procesal, una vez ingresada la acusación, el tribunal fijará la audiencia de preparación de juicio oral, etapa clave en la que las partes discuten la admisibilidad de la prueba. “Se trata de una primera depuración probatoria, donde el Ministerio Público y las defensas ofrecen y controvierten sus medios de prueba. Es el paso previo al juicio oral, en cuyo marco se resolverán las convenciones probatorias, exclusiones y otros incidentes”, explicó el persecutor, subrayando que la fase posterior —el juicio— “será compleja dada la multiplicidad de delitos, imputados y representantes que comparecen”.

Sobre el balance de la investigación en este periodo, desde la Fiscalía se calificó como positivo el resultado del trabajo desarrollado: “Hemos logrado recabar una multiplicidad de antecedentes y medios de prueba que hoy permiten cerrar la investigación con miras a presentar acusación. Sin las diligencias y pericias practicadas durante este tiempo, esa decisión no sería plausible”, se señaló, apuntando a declaraciones, pericias contables y digitales, oficios a organismos públicos, trazabilidad de flujos y contratos asociados a los convenios indagados.

Respecto del avance de otras causas de connotación nacional, como Procultura, la Fiscalía evitó profundizar, invocando las normas de reserva propias de una investigación en curso. No obstante, se sostuvo que la metodología aplicada “es similar a la utilizada en esta causa”, con tomas de declaraciones, instrucciones a la policía y labores investigativas “desarrolladas con sigilo” hasta su maduración procesal.

El cierre de investigación marca un hito que delimita el objeto del eventual juicio y no implica un pronunciamiento de culpabilidad. De acuerdo con el ordenamiento jurídico, toda persona imputada goza de presunción de inocencia hasta sentencia firme. En las próximas jornadas, la Fiscalía deberá ingresar la acusación por escrito, acto que dará paso a la audiencia de preparación y, finalmente, a un juicio oral cuya extensión podría ser significativa por el volumen de antecedentes y número de intervinientes.

Con la finalización de la etapa indagatoria en las aristas Democracia Viva, Tomarte, Fusupo y Fibra, y el compromiso de acusar dentro del plazo legal, la causa entra en su fase decisiva. Durante los próximos días, el tribunal de garantía recibirá el libelo acusatorio con el detalle de hechos, pruebas y penas solicitadas, tras lo cual las partes —Ministerio Público, querellantes y defensas— ordenarán su estrategia para enfrentar el debate probatorio que definirá responsabilidades penales conforme a derecho.