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• La mayoría de los extranjeros reconducidos desde Chile por ingresos irregulares corresponde a ciudadanos venezolanos y bolivianos, según el balance oficial del Servicio Nacional de Migraciones.

El paso fronterizo de Colchane se ha convertido en uno de los principales puntos de aplicación de la política de reconducción de extranjeros en situación irregular, mecanismo que en los últimos meses volvió a mostrar su magnitud con cifras que reflejan la presión migratoria en la macrozona norte. De acuerdo con el último informe del Servicio Nacional de Migraciones, entre el 28 de marzo de 2025 y el 31 de enero pasado, un total de 4.027 personas extranjeras fueron reconducidas desde Chile hacia Bolivia tras ser detectadas ingresando por pasos no habilitados.

Los antecedentes forman parte del informe final de gestión 2022-2026 del exdirector del organismo, Luis Thayer, documento que resume la evolución de una herramienta que ha sido presentada por la autoridad como una de las principales respuestas operativas frente al ingreso irregular por la frontera altiplánica. Dentro de ese universo, la mayor cantidad de casos corresponde a ciudadanos venezolanos, con 1.812 reconducciones, equivalentes al 44,9% del total. A ellos se suman 1.681 ciudadanos bolivianos, que representan el 41,7% de las personas devueltas por esta vía.

La diferencia entre ambos grupos da cuenta de una realidad compleja en la zona norte: por una parte, ciudadanos de terceros países que utilizan territorio boliviano como ruta de tránsito para intentar ingresar a Chile; y por otra, nacionales bolivianos sorprendidos cruzando por rutas no autorizadas. En conjunto, ambas nacionalidades concentran la gran mayoría de los procedimientos ejecutados en Colchane durante el período informado.

El reporte también describe cómo fue escalando el funcionamiento del sistema. En sus primeras semanas de implementación se definió una etapa de marcha blanca, en la que se estableció un máximo de 10 reconducciones diarias para ciudadanos de terceros países. Con el paso del tiempo, y una vez afinados los procedimientos, la capacidad aumentó hasta llegar a 40 personas por día, o su equivalente semanal, en línea con la cantidad de ingresos irregulares detectados en la actualidad.

Más allá del comportamiento registrado en Colchane, el balance nacional muestra la amplitud que ha alcanzado esta medida desde su puesta en marcha en 2022. Según el mismo informe, en todo el país se ha reconducido a 19.201 extranjeros en situación migratoria irregular que intentaron entrar a territorio chileno. La cifra posiciona a esta herramienta como uno de los mecanismos más visibles dentro de la política de control fronterizo implementada en los últimos años.

El desglose anual también permite observar variaciones en la intensidad del fenómeno. Durante 2025 se contabilizaron 5.057 personas reconducidas, lo que representó un alza de 19,4% respecto de 2024, cuando se registraron 4.235 casos. Sin embargo, el punto más alto de toda la serie ocurrió en 2023, año en que se alcanzaron 6.543 reconducciones, la mayor cifra desde el inicio de esta política.

Para el exdirector Luis Thayer, estos números reflejan el impacto concreto del mecanismo. En su evaluación, la reconducción ha demostrado ser una herramienta eficaz para fortalecer la gestión de la frontera, al impedir el ingreso de miles de personas que intentaron entrar al país de manera clandestina. Su lectura apunta a que el procedimiento no solo cumple una función administrativa, sino también disuasiva, al establecer una respuesta inmediata frente a cruces ilegales detectados por las autoridades.

Uno de los hitos decisivos para la consolidación de esta política ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, viajó a La Paz para suscribir el acuerdo de reconducción con Bolivia. Ese entendimiento marcó un cambio relevante en la relación bilateral sobre esta materia, considerando que hasta entonces el país vecino se había resistido a avanzar en un pacto de estas características con Chile.

La firma del acuerdo permitió destrabar un aspecto clave en la administración de la frontera norte, especialmente en Colchane, donde por años se concentró una parte importante del debate público sobre migración irregular, seguridad y capacidad del Estado para responder a un flujo constante de ingresos clandestinos. Desde entonces, las reconducciones hacia Bolivia comenzaron a adquirir mayor continuidad y volumen, transformándose en un componente estable del control migratorio.

El escenario descrito por el informe de cierre de la administración saliente deja, además, una señal para la nueva conducción del Servicio Nacional de Migraciones, que ahora será encabezado por Frank Sauerbaum. El desafío no solo pasa por mantener la operatividad del mecanismo, sino también por evaluar su sostenibilidad, su coordinación con los países vecinos y su efecto real en la reducción de los cruces irregulares.

En la práctica, las cifras muestran que la frontera sigue siendo un espacio de alta exigencia para el Estado. Aunque miles de personas han sido reconducidas, los intentos de ingreso ilegal continúan revelando la persistencia de un fenómeno complejo, impulsado por crisis económicas, inestabilidad regional y redes de tránsito que aprovechan las condiciones geográficas del altiplano.

Así, el balance de Colchane no solo resume un dato estadístico. También expone una de las mayores tensiones que ha enfrentado Chile en su frontera norte durante los últimos años: compatibilizar el resguardo territorial, el cumplimiento de la ley y la respuesta institucional ante una migración irregular que sigue poniendo a prueba la capacidad de control del país.

• 181 personas concentran casi el 97% del monto, con casos individuales que superan los $1.000 millones, cuyas sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones: la información se derivó al Ministerio Público y al CDE.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 910 funcionarios públicos y municipales, pertenecientes a 371 entidades del Estado, realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos de juego por un monto total de $11.490.456.871, pese a encontrarse legalmente con prohibición de efectuar apuestas, entre enero 2024 y junio de 2025.

Según los datos recogidos en el CIC N° 20, de los 910 funcionarios, 181 concentran el 96,8% del monto transaccionado, es decir, $11.118.431.956. En estos casos, las sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones.

El nuevo consolidado del organismo de control se basó en el cruce de información entre el registro de funcionarios que administran o custodian fondos públicos -y que por ello deben rendir caución- y los antecedentes de clientes que realizaron operaciones en casinos de juego, proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

De acuerdo con la normativa vigente, específicamente el artículo 10 letra b) de la Ley N° 19.995, estos funcionarios tienen prohibido efectuar cualquier tipo de apuesta en casinos.

La Contraloría precisó que los resultados se elaboraron sobre la base de la información entregada por la Superintendencia de Casinos de Juego y los reportes remitidos por los operadores de casinos, advirtiéndose eventuales deficiencias en la información proporcionada por estos últimos.

Funcionarios y servicios con mayores montos transados

El informe identifica a diversos servicios públicos y municipalidades cuyos funcionarios concentran los mayores montos apostados y que pertenecen a instituciones como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Tesorería General de la República, Policía de Investigaciones, municipalidades y otros organismos del Estado, con cifras individuales que superan los mil millones de pesos en algunos casos.

En total, los 20 mayores montos transados alcanzan más de $5.392 millones, correspondientes a funcionarios que desempeñaban cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.

Acciones derivadas

A partir de estos antecedentes, la Contraloría remitirá a la Superintendencia de Casinos de Juego el listado de los 910 funcionarios involucrados, para que ejerza sus facultades de fiscalización, investigación e instruya los procedimientos sancionatorios que correspondan.

También enviará los antecedentes a los respectivos servicios públicos y municipalidades, a fin de que inicien los procedimientos disciplinarios y determinen eventuales responsabilidades administrativas.

Adicionalmente, remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para los fines que estimen pertinentes en el ámbito de sus atribuciones.

• La institución informó el retiro de la prefecta general y oficializó el nombramiento de Ricardo Gatica Aliaga en la Subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria.

La Policía de Investigaciones de Chile confirmó la salida de la prefecta general Consuelo Peña de la Subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, una de las áreas más sensibles dentro de la estructura institucional, por su rol en el combate al delito complejo, el análisis estratégico y el control de fenómenos vinculados a la seguridad migratoria.

La información fue dada a conocer por la propia PDI a través de un comunicado oficial, en el que precisó que la ahora exsubdirectora “ha pasado a retiro” y agradeció “los servicios prestados a la Policía de Investigaciones de Chile y a la Patria”. Con ello, la institución cerró formalmente el ciclo de Peña al frente de una repartición que en los últimos años ha cobrado especial protagonismo por el avance del crimen organizado, el aumento de redes transnacionales y la presión sobre las fronteras.

En reemplazo de la oficial en retiro, el director general de la PDI nombró al prefecto general Ricardo Gatica Aliaga, quien asumirá la conducción de la Subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria. La designación se produce en un momento en que la labor de inteligencia policial y la coordinación frente a amenazas delictuales de alta complejidad se mantienen en el centro de las preocupaciones públicas e institucionales.

Aunque el comunicado no entrega mayores detalles sobre las razones del cambio ni sobre el contexto interno en que se adopta la decisión, el relevo no pasa inadvertido debido al peso estratégico del cargo. Se trata de una subdirección que concentra funciones relevantes en la elaboración de análisis, seguimiento de estructuras criminales y apoyo a las investigaciones que requieren un enfoque especializado, especialmente en materias vinculadas al crimen organizado y a los movimientos migratorios irregulares.

La salida de Consuelo Peña marca, por tanto, un ajuste importante dentro del alto mando policial. Su paso a retiro fue comunicado en términos institucionales y protocolares, bajo la fórmula habitual de reconocimiento a la trayectoria funcionaria, sin agregar antecedentes adicionales respecto de evaluaciones de gestión o eventuales proyecciones.

La llegada de Ricardo Gatica Aliaga abre una nueva etapa en una unidad particularmente observada por su incidencia en la seguridad pública. Desde esa función, deberá asumir tareas ligadas a uno de los principales desafíos del país: reforzar la capacidad de anticipación, inteligencia y respuesta frente a organizaciones criminales cada vez más complejas y a dinámicas migratorias que exigen monitoreo permanente y coordinación interinstitucional.

Con este movimiento, la PDI reordena una pieza relevante de su estructura superior, en un escenario donde las señales de continuidad, control y fortalecimiento operativo son especialmente sensibles para una institución llamada a desempeñar un papel decisivo en la persecución del delito y en la protección de la seguridad interior.

No obstante, el remezón político se sintió de inmediato. El senador de la Región de Los Ríos, Iván Flores (DC), cargó contra Steinert y criticó que la ministra actúe “todavía como fiscal y no como ministra”. Flores defendió la carrera de Peña, calificándola de “impecable y reconocida varias veces en todo el país”, y pidió al Ejecutivo transparencia sobre las verdaderas razones de su salida. Incluso dejó abierta la puerta a posibles antecedentes aún no revelados: “Si se investiga como corresponde, nos vamos a llevar una sorpresa”, afirmó.

Comunicado de prensa: pic.twitter.com/ZCg8PtAm7D

— PDI Chile (@PDI_CHILE) March 22, 2026

• Sondeo muestra una baja de seis puntos en el respaldo al Mandatario, un alza equivalente en su desaprobación y una ciudadanía fuertemente tensionada por el eventual aumento de las bencinas, el control fronterizo y la migración irregular.

La aprobación del Presidente José Antonio Kast registró una caída de seis puntos y se ubicó en 51%, mientras que su desaprobación subió en la misma magnitud hasta alcanzar 42%, de acuerdo con los resultados de una nueva medición de opinión pública que también expone un escenario de alta sensibilidad social frente al costo de la vida, la migración y la evaluación de las instituciones.

El retroceso en el respaldo al Mandatario aparece marcado con mayor fuerza en segmentos específicos del electorado. Las caídas más pronunciadas se observaron entre las mujeres, donde la aprobación se situó en 40%, con una baja de 13 puntos; entre las personas de 35 a 54 años, con 53%, doce puntos menos; y en los sectores bajos, donde el respaldo cayó a 48%, registrando un descenso de diez puntos. A ello se suma una merma particularmente significativa en la Región Metropolitana, donde la aprobación llegó a 43%, dieciséis puntos menos que en la medición previa.

La baja también golpeó con fuerza entre los electores menos alineados políticamente o provenientes de otros espacios. Entre quienes votaron nulo, blanco o no participaron en la elección, el apoyo al Presidente se ubicó en 50%, con una caída de 20 puntos. Entre quienes respaldaron a Franco Parisi, el desplome fue aún más severo, al llegar a 35%, lo que representa una baja de 31 puntos. En tanto, entre quienes votaron por Evelyn Matthei, la aprobación quedó en 55%, con quince puntos menos.

El sondeo revela, además, que el costo de los combustibles emerge como uno de los factores con mayor potencial de impacto social y económico. Frente a una eventual alza en el precio de las bencinas, un 48% estima que el gobierno debería endeudarse para subsidiar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, MEPCO, aun cuando ello implique un mayor déficit fiscal. En la posición contraria, un 30% considera que el mecanismo debería eliminarse y permitir que el precio suba sin intervención estatal.

El efecto de ese eventual incremento aparece como una de las mayores preocupaciones ciudadanas. Un 83% afirma que una subida de esa magnitud lo afectaría mucho en lo personal. Más aún, seis de cada diez encuestados advierten que enfrentarían dificultades económicas severas si se concreta un aumento importante en los combustibles. La misma proporción sostiene que tendría que recortar otros gastos para seguir pagando bencina, mientras un 53% asegura que dejaría de usar el automóvil y un 50% afirma que incluso dejaría de comprar kerosene para calefacción.

Los resultados refuerzan la idea de que el bolsillo sigue siendo uno de los principales termómetros del respaldo político. Aunque el gobierno mantiene un nivel de aprobación mayoritario, el deterioro en la percepción sobre la situación económica cotidiana comienza a golpear con claridad a segmentos urbanos, de clase media y de votantes que no forman parte del núcleo duro oficialista. En términos políticos, la señal es relevante porque el desgaste no se concentra únicamente en sectores tradicionalmente críticos, sino que también alcanza a grupos que fueron decisivos en el último proceso electoral.

En materia migratoria, el estudio muestra un amplio conocimiento y un respaldo importante a las medidas impulsadas por el Ejecutivo. Un 96% dice haberse enterado del lanzamiento del denominado Plan Escudo Fronterizo y del inicio de la construcción de una zanja en el límite con Perú. De ese universo, un 63% aprueba la medida, confirmando que el control territorial y la seguridad en la frontera se han transformado en uno de los ejes más visibles y políticamente rentables para el gobierno.

Pese a ello, la percepción crítica sobre la inmigración se mantiene alta. Un 62% cree que la llegada de inmigrantes a Chile es negativa para el país, aunque con una baja de dos puntos respecto de la medición anterior. En paralelo, un 77% estima que debería haber más restricciones migratorias que las actuales, también con una disminución de dos puntos. Aun así, las cifras reflejan que la demanda por un endurecimiento del control migratorio continúa siendo ampliamente mayoritaria.

La idea de cerrar completamente las fronteras concita respaldo en un 58% de los consultados, dos puntos más que antes. A ello se suma un consenso aún más transversal respecto de medidas punitivas y de fiscalización. Un 89% se manifiesta a favor de fiscalizar y eventualmente sancionar a los empleadores que contraten a extranjeros en situación irregular. Un 87% apoya restringir los beneficios sociales a inmigrantes irregulares, mientras un 86%, con un alza de cinco puntos, está de acuerdo con expulsarlos del país. Además, un 76% respalda que Chile cuente con una ley que establezca penas de cárcel para la inmigración ilegal.

No obstante, el estudio también revela que la ciudadanía distingue entre control y regularización en ciertos casos. Un 76% está de acuerdo con regularizar a personas que lleven más de diez años en Chile sin haber cometido delitos. Un 57% respalda regularizar a quienes puedan demostrar que tienen empleo formal y un 43% se muestra favorable a regularizar a inmigrantes con hijos nacidos en territorio chileno. Esa combinación de apoyo a medidas duras y apertura a criterios excepcionales sugiere una opinión pública exigente con el orden, pero no completamente cerrada a soluciones integradoras bajo condiciones específicas.

En la evaluación de instituciones, Bomberos sigue liderando ampliamente la confianza ciudadana con 95%, aunque registra una baja de cuatro puntos. Le siguen la Policía de Investigaciones, con 72%, y Carabineros, con 71%, ambas también con descensos respecto de la medición anterior, de siete y seis puntos respectivamente. Se trata, sin embargo, de instituciones que continúan en la parte alta de la valoración pública, especialmente en un contexto donde la seguridad sigue ocupando un lugar prioritario en la agenda nacional.

En el otro extremo, Gendarmería cayó a 32% y alcanzó su nivel más bajo de aprobación desde que comenzó esta medición, con un retroceso de 19 puntos. La baja aparece como una de las más pronunciadas del estudio y deja a la institución en una posición compleja dentro del sistema de seguridad y justicia. Más abajo aún figuran la Central Unitaria de Trabajadores, con 24%, el Congreso, con 17%, y los partidos políticos, que apenas alcanzan un 9% de aprobación, consolidándose como las entidades peor evaluadas por la ciudadanía.

El cuadro general que deja esta medición es el de un gobierno que todavía conserva mayoría de respaldo, pero que empieza a enfrentar un desgaste visible en segmentos estratégicos, especialmente por el impacto económico de decisiones o escenarios que afectan directamente la vida diaria. Al mismo tiempo, el estudio confirma que la seguridad fronteriza y la migración siguen siendo temas capaces de movilizar apoyo ciudadano, incluso en medio de una caída en la evaluación presidencial.

La combinación de una aprobación todavía competitiva, pero en descenso, con una ciudadanía muy golpeada por el temor al alza de las bencinas y firmemente inclinada hacia políticas migratorias más duras, instala un nuevo escenario político para La Moneda. El desafío para el Ejecutivo no solo será sostener el relato de orden y control, sino también responder a una presión social creciente por el costo de vivir, movilizarse y calefaccionarse en un país donde la economía doméstica vuelve a convertirse en factor decisivo de la evaluación presidencial.