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• Operativo de la PDI en el campamento Génesis II permitió controlar a 86 personas y avanzar en procesos sancionatorios por infracciones a la normativa migratoria.

En el marco del Plan Nacional de la Policía de Investigaciones de Chile, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional, en coordinación con unidades de la Prefectura Provincial Antofagasta y la Brigada Antinarcóticos, desplegaron este martes una fiscalización migratoria masiva en el campamento Génesis II de la capital regional, procedimiento que terminó con 16 denuncias por infracciones a la Ley de Migración y Extranjería y la detención de un ciudadano colombiano que mantenía vigente una medida de expulsión del territorio nacional.

El operativo se desarrolló en uno de los sectores priorizados por las autoridades en materia de control territorial, en una acción que buscó reforzar la supervisión migratoria y verificar el cumplimiento de la normativa vigente en una zona donde existe una alta presencia de población extranjera. En total, los detectives controlaron a 86 personas de distintas nacionalidades, confirmando un importante flujo migratorio en el sector intervenido.

Como resultado de las diligencias, la PDI cursó 16 denuncias por infracciones a la Ley 21.325, principalmente asociadas a ingreso irregular al país, permanencia irregular y otras faltas administrativas contempladas en la actual legislación migratoria. Según se informó, entre los denunciados figuran ciudadanos de nacionalidad boliviana, colombiana y ecuatoriana, quienes quedaron a disposición de la autoridad administrativa correspondiente para la tramitación de los procesos sancionatorios respectivos.

El procedimiento permitió además ubicar y detener a un ciudadano colombiano que registraba una expulsión vigente del territorio nacional. Tras su captura, fue trasladado para coordinar su salida del país en los próximos días, en cumplimiento de la medida administrativa pendiente. Junto con ello, otros dos ciudadanos de la misma nacionalidad fueron conducidos hasta dependencias policiales con el fin de ser notificados formalmente de su expulsión.

Desde la policía civil destacaron que este tipo de intervenciones cumple una doble función: por una parte, permite detectar y sancionar infracciones a la normativa migratoria, y por otra, fortalece el control del territorio en sectores que presentan condiciones de mayor vulnerabilidad o que han sido priorizados por razones de seguridad pública. En esa línea, el jefe subrogante del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Antofagasta, subprefecto Sebastián Bahamondes, sostuvo que estas fiscalizaciones masivas son una herramienta clave para avanzar en denuncias y expulsiones, además de contribuir al resguardo de la comuna.

La acción policial se inserta dentro de una estrategia permanente que la PDI viene desarrollando en la región para reforzar el control migratorio y responder a una realidad compleja en el norte del país, donde el fenómeno migratorio continúa cruzado por ingresos no habilitados, permanencia irregular y desafíos crecientes para la institucionalidad. En ciudades como Antofagasta, esa situación ha obligado a intensificar los operativos focalizados, especialmente en campamentos y asentamientos donde la presencia de extranjeros es significativa.

El despliegue realizado en Génesis II también refleja la decisión de las autoridades de concentrar esfuerzos en puntos donde la fiscalización resulta clave para prevenir irregularidades y mantener un seguimiento más estrecho de quienes residen en el sector. La coordinación entre DEMIG, unidades territoriales de la Prefectura Provincial y brigadas especializadas permitió ejecutar un procedimiento amplio, con capacidad para detectar tanto faltas administrativas como situaciones que requerían medidas inmediatas.

Desde la PDI recalcaron que estos operativos no son hechos aislados, sino parte de un trabajo continuo orientado a asegurar el cumplimiento de la legislación migratoria y aportar al fortalecimiento de la seguridad pública regional. En un escenario donde la migración sigue siendo uno de los temas más sensibles del debate local y nacional, la institución busca reforzar la presencia en terreno y avanzar en acciones concretas de fiscalización, control y tramitación de medidas administrativas pendientes.

Con 86 personas controladas, 16 denuncias cursadas y tres ciudadanos colombianos vinculados a procesos de expulsión, el operativo desarrollado en Antofagasta deja en evidencia la magnitud de la tarea que enfrentan las autoridades en materia migratoria. También confirma que el campamento Génesis II se ha transformado en un punto de interés para la acción policial, en medio de una política que busca combinar control territorial, cumplimiento normativo y seguridad en una de las regiones más tensionadas por el fenómeno migratorio.

• La expansión de asentamientos irregulares en cerros y bordes urbanos vuelve a encender las alarmas sobre seguridad, control territorial y ausencia del Estado en sectores cada vez más difíciles de intervenir.

La creciente proliferación de campamentos y tomas en Antofagasta volvió a instalar una señal de alarma que ya no se limita al déficit habitacional ni al desorden urbano. Un reciente reportaje puso el foco en una inquietud que comienza a repetirse con fuerza entre autoridades, vecinos y expertos en seguridad: que algunos de estos asentamientos estén evolucionando hacia verdaderos enclaves fuera del control del Estado, con condiciones propicias para la instalación de delitos de alta connotación y, eventualmente, para la operación en las sombras de redes vinculadas al crimen organizado.

La advertencia no es menor. En una ciudad que durante los últimos años ha debido enfrentar con crudeza los efectos de la migración irregular, el avance de ocupaciones ilegales de terrenos y el aumento de delitos violentos, el crecimiento descontrolado de construcciones precarias en cerros y zonas periféricas comienza a ser observado no solo como un problema social, sino también como un riesgo directo para la seguridad pública. Lo que antes se veía como una expresión de precariedad urbana, hoy empieza a ser descrito por distintas voces como un posible caldo de cultivo para economías ilícitas, control territorial informal y estructuras criminales cada vez más difíciles de detectar y desarticular.

El reportaje plantea una imagen inquietante: verdaderos laberintos levantados en medio de ciudadelas ilegales, con pasajes improvisados, accesos estrechos, puntos ciegos y zonas donde el ingreso de las policías se vuelve complejo o derechamente riesgoso. En esos espacios, según se advierte, la autoridad pierde capacidad de fiscalización y la presencia del Estado se reduce a intervenciones esporádicas, insuficientes frente a la magnitud del fenómeno. La consecuencia es tan evidente como preocupante: cuando el Estado retrocede, otros llenan ese vacío.

La expresión “favelas”, utilizada para describir parte de esta realidad, no es casual. Aunque el término puede resultar duro y polémico, apunta a una idea que hoy inquieta profundamente: que en algunos sectores de Antofagasta se estén configurando asentamientos donde no solo impera la informalidad, sino donde también podrían estar surgiendo mecanismos de vigilancia, control de accesos y resguardo territorial propios de organizaciones que buscan operar al margen de la ley. La sola sospecha de que grupos delictuales estén aprovechando este escenario para consolidarse debería bastar para encender todas las alertas institucionales.

Lo más grave de este cuadro es que no se trata de una imagen lejana o de una amenaza abstracta. En Antofagasta basta recorrer distintos sectores altos de la ciudad para advertir la expansión sostenida de construcciones que rodean avenidas, quebradas y zonas de tránsito habitual. Desde abajo, el crecimiento parece incontenible. Desde dentro, según denuncias y testimonios recogidos, hay sectores donde incluso circular puede transformarse en un factor de riesgo para la integridad de las personas. La percepción de inseguridad ya no está restringida a quienes habitan esos lugares: comienza a proyectarse también hacia quienes transitan cerca de ellos, trabajan en sus alrededores o deben cruzar por zonas donde la autoridad parece haber perdido el dominio efectivo.

La preocupación se intensifica cuando la discusión deja de centrarse solo en el volumen de estas tomas y se traslada a su funcionalidad. Porque el problema no es únicamente que existan asentamientos irregulares, sino que algunos de ellos, por su diseño, ubicación y opacidad, puedan ofrecer ventajas operativas para redes criminales. Un entramado de viviendas precarias, calles improvisadas y accesos vigilados puede transformarse con facilidad en una estructura útil para esconder droga, mover armamento, ocultar personas o dificultar el ingreso policial. En ese escenario, el deterioro urbano deja de ser solo un síntoma de abandono social y pasa a convertirse en una amenaza estratégica para el control del territorio.

La macrozona norte arrastra desde hace años una combinación explosiva: frontera tensionada, migración irregular, presencia de bandas transnacionales, trata de personas, narcotráfico y debilitamiento de las capacidades locales para contener fenómenos que se complejizan rápidamente. Antofagasta, por su ubicación, su dinamismo económico y su condición de polo urbano del norte, se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de esa presión. Por eso, el avance de asentamientos sin control no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una cadena de omisiones, retrasos y desbordes institucionales que hoy se manifiestan con crudeza sobre el territorio.

El reportaje también pone de relieve una percepción cada vez más extendida: que la ciudad comenzó a acostumbrarse a convivir con señales anormales. Cámaras de vigilancia instaladas informalmente, personas observando movimientos en accesos, sectores donde extraños son rápidamente detectados y donde la circulación es monitoreada por terceros. Aunque no toda presencia de vigilancia comunitaria puede asociarse a una estructura criminal, el problema aparece cuando estos mecanismos se instalan en espacios sin control estatal, con lógicas de cierre, intimidación o protección de actividades ilícitas. Allí la frontera entre organización vecinal y control informal del territorio puede volverse peligrosamente difusa.

La advertencia de fondo es política. Si en pleno tejido urbano empiezan a consolidarse zonas donde la autoridad entra con dificultad, donde los vecinos viven con miedo y donde el crecimiento de construcciones irregulares no encuentra freno, entonces el problema ya superó hace rato el ámbito municipal o habitacional. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para sostener su presencia, ejercer soberanía interna y prevenir que determinadas áreas queden disponibles para que otros impongan sus reglas.

En Antofagasta, esta situación duele aún más porque no surgió de la noche a la mañana. La expansión de campamentos y tomas ha sido visible durante años. Hubo advertencias, denuncias, reportes y señales suficientes para entender que el fenómeno no podía abordarse únicamente desde una mirada social, ni mucho menos dejarse avanzar sin un plan integral. Sin embargo, la respuesta ha sido fragmentada, tardía y muchas veces reactiva. Se interviene cuando el problema estalla, pero no cuando empieza a incubarse. Se anuncian operativos, mesas de trabajo o planes especiales, pero la realidad en terreno sigue mostrando crecimiento irregular, deterioro del entorno y temor ciudadano.

El vínculo entre estos asentamientos y la migración irregular también exige una mirada seria y sin simplificaciones. Sería un error reducir toda toma a una expresión criminal o toda presencia migrante a un factor delictual. Pero sería igualmente irresponsable negar que la ausencia de control fronterizo, la vulnerabilidad de miles de personas que ingresan por pasos no habilitados y la falta de una política eficaz de asentamiento y fiscalización han abierto espacios que pueden ser aprovechados por redes ilegales. La discusión responsable no consiste en estigmatizar pobreza o migración, sino en reconocer que el abandono estatal crea condiciones ideales para que las bandas exploten esa vulnerabilidad, se mezclen en el entorno y operen con menor visibilidad.

El resultado es una ciudad tensionada. Por un lado, barrios que observan con inquietud cómo crecen zonas que sienten ajenas al control institucional. Por otro, comunidades completas que sobreviven en condiciones precarias, muchas veces sin servicios básicos ni protección efectiva, expuestas también a ser capturadas o sometidas por lógicas criminales. En medio de ese escenario, la autoridad aparece corriendo detrás de los hechos, sin una estrategia que combine seguridad, urbanismo, inteligencia policial, política migratoria y recuperación territorial.

La preocupación no se explica solo por lo que ya ocurrió en otras ciudades de América Latina, donde sectores marginados terminaron convertidos en enclaves de alto riesgo. Se explica también porque Antofagasta empieza a mostrar síntomas que no pueden seguir relativizándose. Cuando hay denuncias sobre delitos violentos, relatos de amenazas, dificultades de acceso y presencia de dispositivos informales de vigilancia, el deber de la institucionalidad no es esperar confirmaciones tardías, sino actuar con decisión antes de que la degradación territorial se consolide.

La pregunta de fondo es cuántas señales más necesita el Estado para intervenir en serio. Porque cuando un reportaje instala la posibilidad de que bandas organizadas o carteles busquen asentarse en estos lugares para tomar control territorial, lo que corresponde no es mirar para otro lado ni refugiarse en declaraciones prudentes. Corresponde desplegar inteligencia, reforzar la persecución criminal, levantar catastros reales, recuperar espacios públicos y diseñar una política urbana y de seguridad que no llegue cuando el problema ya es irreversible.

Antofagasta no puede resignarse a normalizar enclaves de miedo. No puede aceptar que en los cerros se multipliquen construcciones imposibles de fiscalizar, accesos vigilados por terceros y zonas donde la institucionalidad pierde fuerza. Tampoco puede seguir enfrentando este fenómeno con respuestas parciales, mientras los vecinos acumulan temor y la sensación de abandono se profundiza.

La ciudad está frente a una advertencia severa. Si la expansión de campamentos y tomas sigue siendo enfrentada con lentitud, descoordinación y cálculo político, el costo no solo será urbano o social: será también de seguridad, cohesión y gobernabilidad. Y cuando el crimen encuentra grietas para echar raíces, después sacarlo cuesta mucho más que haber actuado a tiempo. Antofagasta todavía está a tiempo de evitar que esa frontera se cruce. Pero para eso se requiere algo que hasta ahora ha faltado con demasiada frecuencia: Estado presente, control real y decisión política sin titubeos.

• La Seremi de Salud (s) inició un sumario y prohibió el funcionamiento del local tras detectar suciedad extrema, plagas y serios riesgos para la salud pública.

Una nueva alerta sanitaria quedó al descubierto en el sector norte de Antofagasta, luego que la Seremi de Salud (s), Leonor Castillo, confirmara el inicio de un sumario sanitario y la prohibición de funcionamiento de una panadería ubicada en calle Estado 6860, tras constatar una serie de gravísimas deficiencias higiénicas y sanitarias en el recinto. La fiscalización terminó además con el decomiso y desnaturalización de 444 kilos de masas, en un procedimiento que vuelve a poner en cuestión las condiciones en que algunos alimentos de consumo diario están siendo elaborados en la ciudad.

La inspección fue desarrollada por la Unidad de Alimentos de la Autoridad Sanitaria, luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre posibles irregularidades en el establecimiento. Lo que encontraron los fiscalizadores fue un escenario que, según detalló la autoridad, representaba un riesgo evidente para la salud de la población.

Entre los antecedentes más preocupantes figura la existencia de masas y hallullas en preparación que eran cubiertas con nylon y lonas sucias y grasientas, una situación que da cuenta no solo de una manipulación inadecuada de productos destinados al consumo humano, sino también de una ausencia total de estándares básicos de higiene en el proceso de elaboración.

A ello se sumaron deplorables condiciones de orden y aseo en distintas áreas críticas del recinto, incluyendo los sectores de elaboración, horneo y enfriamiento del pan. Durante la fiscalización se observó abundante harina esparcida, residuos domiciliarios en el piso y, lo más grave, masas que caían al suelo y que posteriormente eran reutilizadas en la revolvedora, una práctica que agrava el riesgo sanitario y evidencia un actuar incompatible con cualquier norma mínima de inocuidad alimentaria.

La Seremi de Salud (s) detalló además que los equipos en terreno verificaron una importante presencia de mosquitos, polillas y telarañas en maquinarias y lavafondos, lo que refuerza el nivel de abandono detectado al interior del local. A eso se agregaba un lavamanos visiblemente sucio, con restos de masa adheridos a la superficie, lo que impedía asegurar condiciones adecuadas para la higiene del personal manipulador.

Las deficiencias no se limitaron al área de producción. Los baños de los manipuladores también presentaban suciedad, malos olores, un inodoro sin tapa y una ducha con hongos, configurando un cuadro general de insalubridad en prácticamente todas las dependencias inspeccionadas. En paralelo, los fiscalizadores detectaron un sistema eléctrico con alto riesgo de incendio o accidentes, con varios segmentos sin entubar y cables a la vista, lo que añadía un componente de peligro adicional al funcionamiento del recinto.

Otro de los puntos observados fue el estado del patio de ingreso y del segundo piso del establecimiento, donde se acumulaban maderas trozadas, sillas y pallet utilizados como combustible, junto con gran cantidad de basura domiciliaria dispersa. Todo ello, según la autoridad, contribuye a un ambiente impropio para cualquier establecimiento dedicado a la producción de alimentos, más aún tratándose de productos de consumo masivo como el pan.

La medida adoptada por la Seremi implica que el local permanecerá con prohibición de funcionamiento hasta que demuestre haber corregido la totalidad de las falencias detectadas. Junto con ello, se instruyó un sumario sanitario que podría derivar en sanciones económicas importantes. De acuerdo con lo establecido en el Código Sanitario, el establecimiento arriesga multas que pueden fluctuar entre un décimo y mil UTM, dependiendo de la gravedad de las infracciones constatadas.

El procedimiento vuelve a dejar en evidencia la importancia de las denuncias ciudadanas como herramienta para activar fiscalizaciones y prevenir riesgos sanitarios mayores. También instala una señal de alerta respecto de la necesidad de reforzar el control sobre recintos que manipulan y comercializan alimentos, especialmente cuando se trata de productos que forman parte del consumo cotidiano de cientos de familias.

En una ciudad como Antofagasta, donde el pan es uno de los alimentos más presentes en la mesa diaria, conocer que un recinto operaba en estas condiciones genera legítima preocupación. No se trata solo de una infracción administrativa, sino de una situación que expone directamente a la comunidad a posibles consecuencias para su salud.

La acción de la Autoridad Sanitaria busca contener ese riesgo y marcar un límite claro frente a prácticas que vulneran normas elementales de higiene y seguridad. Ahora será el curso del sumario el que determine la sanción final, mientras el establecimiento seguirá cerrado hasta acreditar que cumple con todas las exigencias sanitarias. El caso, sin embargo, ya deja una advertencia contundente: cuando la elaboración de alimentos se aparta de lo básico, el problema deja de ser interno y pasa a convertirse en un asunto de salud pública.

• Imputada de 26 años será formalizada durante esta jornada, mientras Fiscalía, ECOH y unidades especializadas de Carabineros profundizan las diligencias para esclarecer un caso que ha generado conmoción en la ciudad.

La muerte de una niña de apenas 4 años y nueve meses volvió a instalar la preocupación por los hechos de violencia y vulneración extrema que golpean a la región de Antofagasta. Durante la noche de ayer, personal de Carabineros concretó la detención de una mujer chilena de 26 años, sindicada preliminarmente como presunta responsable del fallecimiento de la menor, cuyo deceso fue constatado en el Centro Oncológico Norte.

La aprehensión se realizó en virtud de una orden tramitada por la unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Antofagasta, organismo que quedó a cargo de conducir las primeras diligencias investigativas junto a equipos especializados. La detenida deberá pasar durante esta jornada a control de detención ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, instancia en la que se conocerán mayores antecedentes respecto del caso y de la eventual formalización.

El hecho generó fuerte impacto entre los equipos intervinientes y también en la comunidad local, no solo por la corta edad de la víctima, sino además por las circunstancias que rodean su muerte. La menor ingresó sin signos vitales al Centro Oncológico Norte, activándose de inmediato los protocolos investigativos para establecer con claridad qué ocurrió antes de su llegada al recinto asistencial.

Tras la constatación del fallecimiento, la Fiscalía Regional dispuso el despliegue del equipo ECOH, junto a personal de Labocar y OS9 de Carabineros, unidades especializadas que desarrollaron diversas diligencias orientadas a reconstruir la dinámica de los hechos, levantar evidencia y determinar eventuales responsabilidades penales. Todo el procedimiento fue encabezado por un fiscal de SACFI, dada la gravedad de los antecedentes reunidos en esta etapa inicial.

Aunque hasta ahora no se han hecho públicos detalles específicos sobre la causa de muerte ni sobre el contexto en que la niña resultó afectada, la detención de la mujer marca un avance relevante en una investigación que durante las últimas horas ha concentrado la atención de los organismos persecutores. La reserva de parte de los antecedentes responde al carácter sensible del caso, especialmente por involucrar a una víctima menor de edad.

La situación vuelve a encender las alertas sobre la necesidad de reforzar la detección oportuna de contextos de riesgo que afecten a niños, niñas y adolescentes, así como la importancia de la denuncia temprana cuando existan señales de vulneración grave. En este tipo de hechos, cada hora resulta clave tanto para la persecución penal como para la eventual activación de redes de protección que, muchas veces, llegan demasiado tarde.

En el plano judicial, la audiencia de control de detención será decisiva para conocer la calificación jurídica preliminar de los hechos, las medidas cautelares que solicitará el Ministerio Público y los primeros antecedentes que sustentarían la participación de la imputada. También podría permitir esclarecer si existían denuncias previas, intervenciones institucionales o alertas que hubiesen anticipado un escenario de riesgo para la menor.

La investigación, en todo caso, sigue en pleno desarrollo. Tanto la Fiscalía como las unidades policiales especializadas mantienen abiertas distintas líneas de trabajo pericial y testimonial para establecer de manera precisa la secuencia de los hechos que terminaron con la vida de la niña. En paralelo, el caso instala nuevamente una señal de alarma en Antofagasta, donde los delitos que afectan a menores generan especial consternación por su crudeza y por el profundo impacto social que dejan.

Con una menor fallecida, una mujer detenida y diligencias aún en curso, el caso se perfila como uno de los episodios policiales más delicados de las últimas horas en la capital regional. La expectativa ahora está puesta en lo que resuelva el tribunal y en los antecedentes que entregue la Fiscalía, en una causa que desde ya remueve a la opinión pública y vuelve a interpelar la capacidad del sistema para prevenir tragedias que involucran a niños indefensos.

• La Seremi de Salud advirtió que en la región ya se contabilizan 1.122 accidentes por mordeduras en lo que va del año, una cifra que vuelve a encender la alerta sobre tenencia responsable, control de animales de calle y prevención sanitaria.

La Región de Antofagasta volvió a enfrentar una señal preocupante en materia de salud pública y seguridad comunitaria, luego que la Seremi de Salud informara que hasta el 13 de marzo de 2026 se han registrado 1.122 accidentes por mordeduras. El dato, entregado por la seremi subrogante Leonor Castillo y basado en el Sistema de Registro de Animales Mordedores con información de la red asistencial, revela que el problema sigue plenamente vigente en las nueve comunas de la zona.

Lo más delicado del balance no es sólo la cifra total, sino el origen de buena parte de esos ataques. Según la autoridad sanitaria, el 56% de los casos, equivalentes a 628 episodios, corresponde a animales de calle o sin domicilio conocido. A ello se suman 280 casos, equivalentes al 25%, asociados a perros con dirección identificada, y 163 hechos, es decir un 14,5%, vinculados a animales “ubicables”, que no tienen domicilio formal pero sí circulan de manera reiterada por sectores determinados. La lectura regional del dato es evidente: el problema no se concentra únicamente en mascotas bajo supervisión deficiente, sino también en una población canina que sigue moviéndose sin control claro por calles y barrios.

Desde la Seremi de Salud se recalcó que, cuando se trata de ataques protagonizados por perros con dueño, la responsabilidad recae directamente en sus tutores. En cambio, en los casos ocurridos en la vía pública por animales sin propietario conocido, la autoridad recordó que corresponde a las municipalidades velar por la seguridad pública y adoptar medidas dentro de sus competencias. Esa precisión no es menor, porque vuelve a instalar una discusión que se repite hace años en la región: quién responde de manera efectiva cuando los episodios ocurren en espacios donde el abandono, la circulación libre y la falta de control se han vuelto parte del paisaje urbano.

Aunque las cifras actuales corresponden sólo al inicio del año, el balance ya obliga a mirar con atención la dimensión del problema. En 2025, la región cerró con 5.127 accidentes por mordeduras notificados, mientras que en 2024 se informaron 4.167 casos en total. Es decir, Antofagasta viene arrastrando desde hace varios años una carga alta y sostenida de este tipo de incidentes, sin que hasta ahora se observe una disminución de fondo que permita hablar de un cambio estructural.

La comparación también muestra que el problema no es nuevo ni ocasional. En 2023, entre enero y septiembre, la región ya acumulaba 2.880 episodios de mordeduras y más del 64% de los animales involucrados no tenía domicilio conocido. En 2024, el porcentaje de perros sin dueño bajó respecto de ese año, pero siguió siendo mayoritario. Ahora, en 2026, aunque la proporción informada es de 56%, la presencia de animales callejeros sigue siendo el principal componente detrás de los ataques registrados.

La autoridad sanitaria insistió en que la prevención es clave y que la comunidad debe saber reconocer cuándo un perro puede reaccionar de manera agresiva y cómo actuar frente a un eventual ataque. Esa línea preventiva ha sido una constante en los llamados de la Seremi durante los últimos años, precisamente porque las mordeduras no sólo representan un evento traumático inmediato, sino que también implican seguimiento clínico, vigilancia sanitaria del animal agresor y, en algunos casos, tratamientos preventivos para evitar enfermedades.

En este punto, la advertencia sanitaria adquiere especial relevancia por el contexto fronterizo de la macrozona norte. La seremi subrogante recordó que Chile no registra circulación de la variante canina de la rabia, pero que todos los países limítrofes sí presentan esa enfermedad, por lo que la vacunación anual de mascotas sigue siendo una medida imprescindible. Esa recomendación no es una formalidad: responde a una estrategia de prevención frente a un riesgo que, aunque hoy no está activo en perros dentro del país, sigue presente en el entorno regional.

Desde una mirada periodística regional, el nuevo balance vuelve a exponer una realidad incómoda. Antofagasta no está frente a un problema aislado de convivencia con animales, sino ante un fenómeno persistente que toca salud pública, seguridad barrial, responsabilidad de dueños y capacidad municipal de respuesta. Que más de la mitad de los ataques esté asociada a perros sin domicilio conocido da cuenta de una brecha que todavía no encuentra una respuesta suficiente en el territorio.

El dato también debiera encender una discusión más profunda sobre el alcance real de la tenencia responsable en la región. Porque no basta con campañas informativas si en paralelo continúan altos niveles de abandono, reproducción no controlada y circulación de animales en sectores urbanos y periféricos. La estadística no sólo habla de perros mordedores; habla también de una política que aún no logra contener de forma efectiva una problemática que afecta tanto a víctimas directas como a comunidades enteras.

La página de la Seremi de Salud dispone de información preventiva y orientaciones para la ciudadanía sobre tenencia responsable, zoonosis y manejo frente a mordeduras, pero el desafío sigue siendo mayor que el acceso a recomendaciones. En una región donde las cifras se mantienen elevadas año tras año, el control del problema exige coordinación sostenida entre salud, municipios y comunidad, además de acciones más visibles en terreno.

En lo inmediato, el mensaje es claro: la mordedura de perros sigue siendo una amenaza frecuente en Antofagasta y la cifra de 1.122 casos en poco más de dos meses del año demuestra que la prevención no puede relajarse. Detrás de cada número hay una persona afectada, una atención médica, una investigación sanitaria y una señal de que el problema continúa demasiado presente en la vida cotidiana de la región.

• En su primera visita oficial a Antofagasta como Presidente, José Antonio Kast inició una agenda marcada por reuniones con autoridades y el eventual traslado a la frontera, en una señal política que refuerza el foco del Gobierno en el norte del país.

El presidente de la República, José Antonio Kast, llegó la mañana de este martes a Antofagasta en lo que constituye su primera visita oficial a la región desde que asumió el mando. Su arribo se produjo cerca de las 8:00 horas en el aeropuerto Andrés Sabella, donde fue recibido por la delegada presidencial regional, Katherine López, dando inicio a una jornada marcada por temas que hoy concentran buena parte de la preocupación ciudadana en el norte: seguridad pública, control migratorio y coordinación institucional.

Tras su llegada, el Mandatario se trasladó rápidamente hasta las dependencias de la Delegación Presidencial Regional, en el centro de la capital regional, para sostener una reunión con autoridades regionales y nacionales. Según informó Diario de Antofagasta, la cita fue planteada como una instancia de alta prioridad para abordar el escenario de seguridad y la situación migratoria en la zona, dos materias que el Ejecutivo ha instalado como ejes centrales de su arranque de administración.

La visita no pasa inadvertida para una región que en los últimos años ha estado en el centro del debate nacional por el impacto del crimen organizado, la presión migratoria y la necesidad de reforzar el control fronterizo. Antofagasta, por su ubicación estratégica y por su vínculo con rutas internacionales, aparece como uno de los territorios donde el Gobierno busca mostrar presencia política y capacidad de respuesta desde el inicio de su mandato. Esa señal ya había comenzado a instalarse con el despliegue del plan “Escudo Fronterizo” en el norte, una de las principales apuestas del Ejecutivo para endurecer el control del ingreso irregular al país.

En el acceso a la Delegación Presidencial, el Presidente recibió muestras de afecto por parte de vecinos y vecinas que se acercaron al edificio ubicado en el sector céntrico de Antofagasta. La escena, breve pero simbólica, marcó uno de los momentos visibles de una agenda que, aunque inicialmente centrada en reuniones de trabajo, también tuvo un componente de contacto directo con la ciudadanía. Según el reporte local conocido esta mañana, el itinerario contempla además un eventual desplazamiento hacia la zona fronteriza de la región, aunque sujeto a modificaciones durante la jornada.

La presencia de Kast en Antofagasta refuerza una línea que el Gobierno ha querido subrayar con fuerza desde La Moneda: que el norte será uno de los principales escenarios donde se medirá la efectividad de su política de seguridad. En días recientes, el Presidente encabezó en Chacalluta la puesta en marcha del “Escudo Fronterizo”, plan con el que busca reforzar la vigilancia en la macrozona norte mediante obras físicas, mayor despliegue policial y militar, además de nuevas medidas administrativas y legislativas para enfrentar la migración irregular y el crimen transnacional.

Desde una perspectiva regional, la visita presidencial tiene una carga política evidente. No se trata sólo de una actividad protocolar ni de una parada administrativa. La llegada del Mandatario a Antofagasta ocurre en un momento en que la región exige definiciones más concretas frente a problemas que afectan de manera directa la vida cotidiana de sus habitantes, desde el control fronterizo hasta la seguridad en barrios y rutas. En ese contexto, que la primera visita presidencial tenga como eje estos temas es también una forma de reconocer el peso que hoy tiene Antofagasta en la discusión nacional.

La expectativa ahora está puesta en las próximas horas y en el contenido de las señales que deje esta gira. Si finalmente el Presidente se traslada a la zona fronteriza, el mensaje será aún más directo: que el Ejecutivo quiere convertir al norte en el primer territorio donde probar, en terreno, su promesa de control, orden y fortalecimiento del Estado frente a los desafíos migratorios y de seguridad. Por ahora, la visita ya deja un dato claro: Antofagasta entró de lleno en la primera línea de la agenda presidencial.

• Un informe del organismo fiscalizador cuestionó con dureza la operación del Hospital Regional de Antofagasta y la débil supervisión estatal sobre la concesión, tras detectar incidentes que impactaron a 3.884 pacientes y provocaron pérdidas millonarias.

La concesión del Hospital Regional de Antofagasta volvió a quedar en el centro de la controversia luego que la Contraloría Regional expusiera una cadena de fallas operativas, deficiencias estructurales y debilidades de supervisión que, lejos de ser episodios aislados, terminaron comprometiendo el funcionamiento de uno de los recintos de salud más importantes del norte del país. El caso no sólo instala dudas sobre la gestión de la sociedad concesionaria, sino también sobre la capacidad del Estado para controlar un contrato que involucra servicios esenciales para miles de usuarios.

De acuerdo con el Informe Final N°483, fechado el 11 de marzo de 2026 y difundido por medios regionales y nacionales, entre 2023 y abril de 2025 se registraron al menos 12 incidentes vinculados a fallas en climatización, filtraciones de aguas servidas y cortes de suministro eléctrico. Según esos antecedentes, estos eventos afectaron directamente la atención de 3.884 pacientes, provocaron suspensión de cirugías y procedimientos ambulatorios, y generaron un perjuicio económico estimado en cerca de $5.489 millones por prestaciones que no pudieron concretarse.

El dato es demoledor, no sólo por la magnitud del impacto, sino por el carácter reiterado de los problemas. No se trata de una falla puntual ni de una contingencia acotada, sino de un cuadro persistente en un hospital que, según la propia ficha del Ministerio de Obras Públicas, opera bajo concesión para mantenimiento y explotación de servicios no clínicos de apoyo, además de equipamiento médico. Cuando un recinto de esta envergadura enfrenta interrupciones repetidas en áreas tan sensibles como climatización, energía o soporte técnico, lo que queda comprometido no es una simple operación administrativa: es la continuidad real de la atención en salud.

Uno de los puntos más severos de la auditoría dice relación con el sistema de climatización. Según lo publicado sobre el informe, la capacidad instalada resultó insuficiente y se detectaron deficiencias graves en zonas críticas del hospital, incluyendo incumplimientos en parámetros de temperatura, humedad y presión en pabellones quirúrgicos, unidades de cuidados intensivos, recuperación anestésica y esterilización. A ello se sumaron daños en torres de enfriamiento, desgaste en estructuras metálicas, ausencia de protección contra incendios en casetones técnicos y fallas en la central térmica y en el sistema de automatización y control centralizado, que operaba de manera parcial y sin las capacidades adecuadas de monitoreo y regulación.

Ese deterioro tuvo consecuencias clínicas concretas. En febrero de 2023, una falla en los equipos chiller se extendió durante 84 días y obligó a suspender 97 cirugías programadas, lo que forzó al recinto y a la concesionaria a suscribir convenios con instituciones privadas para intentar sostener parte de las atenciones. Más que una anécdota técnica, el episodio retrata el costo de una infraestructura hospitalaria que no respondió cuando más se necesitaba.

La auditoría también detectó que el hospital terminó asumiendo gastos que, conforme al convenio, debían ser cubiertos por la sociedad concesionaria. Entre ellos aparece el pago de $3.312.258 por 86 prestaciones de arsenalería quirúrgica. Ese traspaso de costos no es un detalle menor: cuando un establecimiento público comienza a absorber obligaciones ajenas para sostener su funcionamiento, el problema deja de ser sólo contractual y pasa a golpear directamente el uso de recursos destinados a la atención de pacientes.

A ello se agregan las observaciones de infraestructura levantadas en inspecciones realizadas durante junio y julio de 2025. Según la información conocida, se constataron fisuras en losas, oxidación de elementos metálicos, roturas de mallas, acumulación de aguas lluvias y presencia de deposiciones de aves sobre equipos. El cuadro descrito por la Contraloría no sólo advierte desgaste físico; advierte también riesgos sanitarios y estructurales en un recinto que debiera operar bajo estándares especialmente exigentes por la naturaleza de sus servicios.

El informe además cuestiona la lentitud con que se abordaron fallas críticas. Según lo difundido, hubo demoras de entre 88 y 612 días en la reparación de problemas de climatización, entre 362 y 664 días en sistemas asociados y hasta 1.980 días en otras fallas que al momento de la revisión seguían sin solución. Junto con ello, se detectaron retrasos de entre 165 y 403 días en respuestas a instrucciones emitidas por la inspección fiscal, incluyendo requerimientos que derechamente no fueron contestados. En un hospital, esos plazos no son burocracia: son tiempo perdido en un servicio donde cada interrupción tiene un costo asistencial.

Otro episodio especialmente grave fue la pérdida de insumos y medicamentos producto de dos filtraciones ocurridas entre 2023 y 2024, una de aguas servidas y otra de agua caliente. De acuerdo con los antecedentes, esos eventos dañaron 111.509 unidades, con un avalúo cercano a $195 millones. La Contraloría ordenó que la Dirección General de Concesiones acredite las acciones implementadas para regularizar esos costos, ya sea mediante reintegro de recursos o activación de seguros comprometidos.

Si algo termina de agravar este cuadro es la observación sobre la supervisión estatal. Aunque entre enero de 2023 y mayo de 2025 la Dirección General de Concesiones cursó 92 resoluciones sancionatorias por un total de 27.350 UTM, 58 de ellas fueron suspendidas por la Comisión Arbitral tras una demanda presentada por la empresa en mayo de 2025. A esto se suma que la auditoría describió una labor de control insuficiente por parte de la DGC, particularmente en un caso tan ilustrativo como escandaloso: 18 intentos fallidos de blindaje de la puerta de acceso a la sala de escáner, todos sin resultado satisfactorio, lo que provocó suspensión de atenciones, imposibilidad de programar nuevas prestaciones y contratación de servicios externos.

En otras palabras, la crisis no se agotó en la concesionaria. También alcanzó al aparato estatal encargado de vigilar que el contrato se cumpla. Y ese punto es probablemente uno de los más delicados. Porque cuando el modelo concesionado falla, la primera obligación del Estado es corregir, exigir y sancionar con eficacia. Si tampoco eso ocurre con oportunidad, lo que se erosiona no es sólo un contrato, sino la confianza pública en la capacidad de la institucionalidad para proteger un servicio tan sensible como la salud.

La reacción política no tardó en llegar. En declaraciones difundidas por medios nacionales y regionales, el diputado Jaime Araya afirmó que el informe de Contraloría acredita un daño severo a la salud pública y pidió poner fin a la participación de Sacyr en el hospital. Esa postura expresa el tono que ha comenzado a instalarse en la región: la idea de que el problema dejó de ser corregible con simples ajustes y que la discusión ya se mueve hacia eventuales responsabilidades mayores.

También en el entorno regional se ha venido acumulando malestar por problemas históricos de climatización, filtraciones y afectación de condiciones laborales y asistenciales. A comienzos de 2026, Fenpruss Antofagasta ya había denunciado fallas recurrentes en el hospital, advirtiendo daños a equipos clínicos, altas temperaturas y riesgo para la continuidad de servicios. El informe de Contraloría no aparece, entonces, como un rayo en cielo despejado, sino como la confirmación de una crisis largamente advertida.

Lo más inquietante de este caso es que el hospital concesionado no falló en un área decorativa o secundaria. Falló en condiciones básicas para sostener cirugías, hospitalización, climatización segura, equipamiento y continuidad asistencial. Y lo hizo durante meses e incluso años, mientras miles de pacientes enfrentaban suspensiones, derivaciones y postergaciones. La cifra de 3.884 personas afectadas no es un dato frío: es la expresión concreta de un modelo que, en esta experiencia, no logró asegurar estabilidad en un recinto donde no debiera haber margen para la improvisación.

La decisión de la Contraloría de instruir un procedimiento sumarial para determinar eventuales responsabilidades administrativas marca un punto de inflexión, pero no resuelve por sí sola el problema de fondo. La región sigue necesitando respuestas claras: qué medidas inmediatas se adoptarán, quién responderá por los perjuicios, cómo se garantizará que estas fallas no se repitan y si el actual esquema de concesión todavía ofrece garantías suficientes para un hospital de esta complejidad.

Lo sucedido en el Hospital Regional de Antofagasta instala una pregunta incómoda pero inevitable: ¿cuánto más puede resistir un establecimiento estratégico cuando las fallas técnicas, la lentitud correctiva y la supervisión débil se combinan en una misma cadena? En salud pública, los errores administrativos no quedan en papeles. Se traducen en cirugías suspendidas, diagnósticos postergados y pacientes que pagan las consecuencias de decisiones que otros demoraron demasiado en enfrentar.

• El recinto incorporó la Pesquisa Neonatal Ampliada, un tamizaje gratuito que se realiza en las primeras horas de vida y que permite identificar de forma temprana patologías metabólicas, endocrinas y genéticas antes de que aparezcan síntomas.

El Hospital Regional de Antofagasta dio un paso relevante en la atención neonatal al incorporar la Pesquisa Neonatal Ampliada, un examen preventivo que hoy permite detectar 26 enfermedades en recién nacidos, fortaleciendo así la capacidad de respuesta temprana frente a patologías que muchas veces no presentan señales clínicas en sus primeras horas o días de vida. La medida se alinea con la estrategia que el Ministerio de Salud comenzó a implementar a nivel nacional desde septiembre de 2025, ampliando un sistema que históricamente pesquisaba sólo dos enfermedades.

La incorporación de este examen en Antofagasta tiene especial valor para una región donde el acceso oportuno a diagnóstico y tratamiento puede marcar una diferencia determinante en la evolución de niños y niñas. En términos simples, se trata de una pequeña muestra de sangre obtenida desde el talón del recién nacido entre las 40 y 48 horas de vida, en una etapa crítica en la que todavía es posible anticiparse a enfermedades severas antes de que provoquen daño irreversible.

Desde el equipo clínico del hospital explicaron que la oportunidad con que se realiza este procedimiento es una de sus mayores fortalezas. La supervisora de la Unidad de Neonatología, Carmen Miranda, sostuvo que muchas de estas patologías no presentan signos tempranos, por lo que la pesquisa en ese breve margen tras el nacimiento permite iniciar tratamientos a tiempo y mejorar de manera significativa el pronóstico de los pacientes. Según el contenido difundido por el recinto y replicado por medios regionales, ese carácter preventivo es precisamente el corazón de la estrategia.

La implementación de este examen representa además una modernización importante del antiguo sistema de tamizaje neonatal. Durante décadas, Chile pesquisó principalmente fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito a través del tradicional examen PKU/TSH. Con la ampliación impulsada por el Minsal, el panel incorpora ahora 24 patologías adicionales, alcanzando un total de 26 enfermedades raras, metabólicas, endocrinas, congénitas y genéticas. Ese cambio ha sido descrito por autoridades sanitarias como un avance histórico en salud infantil y protección del desarrollo temprano.

En el Hospital Regional de Antofagasta, la matrona del área de recién nacidos, Elizabeth Castillo, explicó que este nuevo escenario permite una pesquisa mucho más amplia que la conocida hasta ahora. En la práctica, el examen ya no se limita a dos diagnósticos específicos, sino que abre la posibilidad de detectar precozmente trastornos que, de no ser abordados a tiempo, pueden afectar de forma severa el desarrollo neurológico, metabólico y físico del recién nacido.

El procedimiento es sencillo, rápido y forma parte de los controles habituales previos al alta. La toma se realiza mediante una pequeña punción en el talón del bebé, de donde se extraen gotas de sangre que se depositan en un papel filtro. Posteriormente, la muestra debe secarse por varias horas antes de ser enviada a un laboratorio especializado en Santiago para su análisis. Los resultados suelen estar disponibles cerca de una semana después. Si aparece un resultado dudoso, se solicita repetir el examen; y si surge una pesquisa positiva, se activa la derivación para confirmar o descartar el diagnóstico con estudios complementarios.

Ese punto es importante porque el personal de salud ha insistido en que la Pesquisa Neonatal Ampliada no constituye por sí sola un diagnóstico definitivo. Se trata de un examen preventivo, de tamizaje, cuyo objetivo es encender alertas tempranas y permitir una intervención oportuna. En otras palabras, un resultado positivo inicial no implica automáticamente que el recién nacido padezca una enfermedad confirmada, sino que requiere evaluación especializada posterior.

El Ministerio de Salud, a través de Diprece, ha definido esta política como una herramienta de protección del desarrollo infantil, subrayando que la ampliación del panel posiciona a Chile entre los sistemas que priorizan la detección temprana de patologías poco frecuentes como un componente clave de equidad sanitaria. La cartera sanitaria además formalizó esta estrategia mediante la Norma Técnica N°251 de Pesquisa Neonatal Ampliada, publicada en 2025, y ha seguido emitiendo protocolos durante 2026 para definir puntos de corte y gestión del programa.

En términos sanitarios, el impacto de esta medida puede ser profundo. Muchas de las enfermedades incluidas en la pesquisa no se manifiestan de inmediato, pero sí pueden generar secuelas graves si no son abordadas a tiempo, incluyendo discapacidad, complicaciones severas e incluso riesgo vital. Por eso la política pública pone el foco en ese breve periodo posterior al nacimiento, cuando una muestra aparentemente simple puede cambiar de manera radical la historia clínica de un niño.

La experiencia que comienza a consolidarse en Antofagasta también se conecta con otros avances recientes del propio recinto. A fines de febrero, el Hospital Regional de Antofagasta retomó el test de sudor con equipamiento especializado para confirmar fibrosis quística, un examen clave para pacientes pediátricos de la macrozona norte y que complementa el fortalecimiento de la red diagnóstica neonatal e infantil. Esa coincidencia revela un esfuerzo más amplio por robustecer la resolución local de patologías complejas, evitando retrasos y derivaciones innecesarias a Santiago cuando existe capacidad regional para actuar con mayor rapidez.

Desde el punto de vista de las familias, otro elemento central es que el examen está garantizado como una prestación gratuita para todos los recién nacidos del establecimiento, tanto en hospitalización junto a sus madres como en la unidad de cuidados neonatales. En tiempos en que el acceso equitativo a la salud sigue siendo una preocupación permanente, que este tamizaje esté incorporado como parte de la rutina clínica y sin costo directo representa una señal concreta de cobertura y prevención.

La implementación de la Pesquisa Neonatal Ampliada también tiene un significado regional. En zonas alejadas de la capital, donde históricamente el acceso a exámenes especializados y confirmatorios ha sido más complejo, avanzar en estrategias preventivas universales reduce brechas y mejora la oportunidad diagnóstica. Para una región como Antofagasta, con una red hospitalaria de alta demanda y desafíos geográficos permanentes, contar con esta herramienta desde el nacimiento es una señal de modernización sanitaria que trasciende la noticia puntual y se instala como una mejora estructural.

En términos concretos, esta política no sólo amplía la cantidad de enfermedades pesquisadas; también cambia la lógica con que se aborda la salud neonatal. Ya no se trata únicamente de reaccionar ante síntomas o complicaciones, sino de buscar activamente condiciones silenciosas antes de que dañen al paciente. Esa es, probablemente, la principal virtud de esta incorporación: permitir que el sistema llegue antes que la enfermedad.

Para el Hospital Regional de Antofagasta, la puesta en marcha de esta estrategia refuerza un mensaje claro: la salud neonatal no puede depender del azar, de la aparición de síntomas ni de diagnósticos tardíos. En una etapa tan decisiva como las primeras horas de vida, la pesquisa temprana deja de ser sólo un examen y pasa a convertirse en una herramienta concreta de prevención, protección y futuro para cientos de familias de la región.