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• El anuncio fue realizado por el gobernador regional Ricardo Díaz en un seminario en el Teatro Andrés Pérez. La iniciativa beneficiará a estudiantes de Tocopilla y María Elena, y contempla una moderna infraestructura con capacidad proyectada para 200 alumnos por año.

El anhelado Centro de Formación Técnica de Tocopilla dio un importante paso adelante. En el marco de un seminario realizado en el Teatro Andrés Pérez de la comuna, el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, confirmó el cierre del estudio de prefactibilidad del proyecto, hito que permite avanzar a una segunda fase enfocada en el diseño definitivo y, posteriormente, en su construcción.

Se trata de una iniciativa que apunta directamente a ampliar las oportunidades de acceso a la educación técnico-profesional en la provincia, beneficiando no solo a jóvenes de Tocopilla, sino también de la comuna de María Elena y la localidad de Quillagua. El estudio desarrollado permitió evaluar la viabilidad técnica, territorial y financiera de levantar un Centro de Formación Técnica en la zona, en un proceso que integró participación ciudadana y diálogo con distintos actores del territorio.

De acuerdo con los antecedentes entregados durante la actividad, la etapa de prefactibilidad se construyó a partir de una metodología participativa que reunió a más de 230 personas, entre estudiantes, docentes, representantes del sector público y privado, además de asociaciones gremiales. Mesas de trabajo, encuestas, consultas y espacios de análisis permitieron definir una propuesta ajustada a las necesidades formativas y productivas de ambas comunas.

Durante su intervención, el gobernador Ricardo Díaz destacó el sentido estratégico y social del proyecto, subrayando que la instalación de un CFT en Tocopilla representa una oportunidad concreta para fortalecer el desarrollo local y ofrecer nuevas perspectivas a las futuras generaciones. La autoridad sostuvo que esta iniciativa busca devolver oportunidades y futuro a la comuna, permitiendo que los jóvenes puedan prepararse en áreas vinculadas a las carreras del futuro y a las necesidades reales de la región, con un impacto directo en la calidad de vida de sus familias y territorios.

En la misma línea, la alcaldesa de María Elena, Viviana Cuello, valoró el avance del proyecto y expresó la expectativa que existe en su comuna frente a la posibilidad de contar con una alternativa de formación técnica más cercana. Señaló que esta propuesta puede traducirse en más profesionales técnicos con pertinencia territorial y, al mismo tiempo, aliviar la carga económica de muchas familias que hoy deben financiar estudios fuera de sus lugares de origen para que sus hijos puedan cumplir sus metas.

Uno de los puntos centrales del seminario fue la presentación de los resultados del estudio a cargo de la empresa Geoservice Ingeniería Civil, responsable de la prefactibilidad. La consultora expuso los principales hallazgos del proceso y propuso una oferta académica orientada a las características geográficas, sociales y productivas de la zona. Entre las áreas formativas sugeridas figuran administración y logística, industrial, salud y educación, con un total de nueve carreras técnicas y una proyección de matrícula de 200 estudiantes por año.

El director ejecutivo de Geoservice, Álvaro Peña, señaló que los objetivos trazados al inicio del estudio fueron ampliamente cumplidos y remarcó el nivel de esperanza que existe en torno al proyecto. Asimismo, explicó que la siguiente etapa corresponde al desarrollo del diseño y la ingeniería de detalle, proceso que debería derivar prontamente en una licitación. Según planteó, si el cronograma avanza sin contratiempos, las obras podrían comenzar en 2028, permitiendo que el nuevo CFT esté concluido hacia fines de 2029 e inicie actividades académicas en 2030.

La propuesta arquitectónica considera un edificio moderno, con imagen institucional contemporánea, arquitectura transparente y una fuerte vinculación con el entorno urbano de Tocopilla. El diseño contempla espacios abiertos a la comunidad, criterios de inclusión, flexibilidad de uso, eficiencia energética y sostenibilidad integral. En términos de superficie, el proyecto abarca 3.615 metros cuadrados, donde se distribuirán salas de clases, laboratorios, biblioteca, auditorio, estacionamientos y amplias áreas comunes.

En cuanto a su dimensión financiera, la inversión total estimada alcanza los 8.110 millones de pesos, monto que considera diseño, infraestructura y equipamiento. El objetivo es dotar a la comuna de un recinto capaz de transformarse en un polo formativo moderno, con pertinencia territorial y capacidad de responder a las demandas actuales y futuras del mercado laboral regional.

La directora regional de Corfo, Melisa Gajardo, también valoró el avance alcanzado, destacando que cuando distintas instituciones logran articularse en torno a una meta común y mantienen una línea de trabajo constante, los resultados son positivos. En esa línea, resaltó tanto la calidad del terreno disponible como las características del diseño presentado, enfatizando que el proyecto responde a necesidades actuales y posee una proyección que exige seguir trabajando en conjunto para concretarlo.

La relevancia de esta iniciativa también quedó reflejada en la voz de los propios estudiantes. Valentina Arriagada, alumna del Liceo Polivalente Domingo Latrille, calificó el proyecto como una oportunidad valiosa para quienes no han podido acceder a estudios técnicos por razones económicas o familiares. A su juicio, contar con esta posibilidad en Tocopilla no solo significa un alivio financiero, sino también una respuesta a la necesidad de permanecer cerca del núcleo familiar y del territorio de origen.

Con el cierre de la prefactibilidad, el proyecto del nuevo Centro de Formación Técnica entra ahora en una fase decisiva. Más allá del anuncio institucional, el avance representa una señal concreta para dos comunas que por años han debido ver partir a sus jóvenes en busca de formación. La promesa de un espacio moderno, conectado con la realidad productiva local y pensado para quedarse en el tiempo, instala una expectativa alta en Tocopilla y María Elena, donde la educación técnica comienza a perfilarse como una herramienta real de desarrollo y arraigo territorial.

• Fiscalización conjunta de la Seremi de Salud, el municipio y Carabineros terminó con sumarios, prohibición de funcionamiento y el decomiso de 550 kilos de alimentos tras denuncias de vecinos.

Dos locales de venta de alimentos y un food truck de la comuna de Mejillones quedaron con prohibición de funcionamiento, luego de una fiscalización que detectó serias deficiencias sanitarias en sus procesos de elaboración, almacenamiento y condiciones generales de funcionamiento. El operativo fue encabezado por funcionarios de la Seremi de Salud de Antofagasta, con apoyo de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Mejillones y Carabineros de la Tenencia local, tras una serie de denuncias realizadas por la propia comunidad.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la autoridad sanitaria, el procedimiento se desarrolló durante una jornada de controles focalizados en distintos recintos de expendio de alimentos de la comuna. La fiscalización se activó a partir de advertencias formuladas por vecinos, lo que motivó el desplazamiento de personal especializado de la Unidad de Alimentos de la Seremi hasta Mejillones, con el objetivo de verificar en terreno las condiciones en que estos locales estaban operando.

La seremi de Salud (s), Leonor Castillo, explicó que se concretaron tres fiscalizaciones, todas con resultados desfavorables para los recintos inspeccionados. Según indicó, el operativo concluyó con el inicio de los respectivos sumarios sanitarios y con la prohibición de funcionamiento de los establecimientos intervenidos. Junto con ello, se dispuso el decomiso y desnaturalización de 550 kilogramos de alimentos, los que posteriormente fueron retirados para su disposición final con apoyo de funcionarios municipales.

El primer recinto inspeccionado fue la fuente de soda “Churrasco Condorito”. En ese lugar, los fiscalizadores constataron una serie de incumplimientos que encendieron de inmediato las alertas sanitarias. Entre ellos, se detectó que carne y pollo eran mantenidos a temperatura ambiente y almacenados en baldes de pasta muro, una situación considerada de alto riesgo por las posibilidades de contaminación y descomposición de los productos. Además, se verificó que el local elaboraba alimentos para los cuales no se encontraba autorizado, específicamente papas fritas naturales, pese a que su resolución sanitaria solo permitía el expendio y no la elaboración. A ello se sumaron otras falencias, como la falta de áreas de producción adecuadas, altas temperaturas en cocina y la inexistencia de acceso a baño para los manipuladores de alimentos.

Posteriormente, la fiscalización se trasladó hasta el food truck “Asu Mare”, donde también se detectaron condiciones incompatibles con un funcionamiento sanitario seguro. Según detalló la autoridad, en este carro de comida se estaba realizando elaboración de productos no autorizados, entre ellos papas fritas naturales que se encontraban prefritas y mantenidas a temperatura ambiente. Además, el móvil no contaba con abastecimiento de agua potable ni con servicios higiénicos para sus manipuladores, mientras que el fogón presentaba una importante acumulación de grasa, lo que representa no solo un problema sanitario, sino también un riesgo adicional desde el punto de vista de la seguridad.

La tercera fiscalización se realizó en “Sushi Ortega Mejillones”, local donde se detectó el cuadro más complejo del operativo. En el lugar, los funcionarios comprobaron deficiencias estructurales, mala manipulación de alimentos, presencia abundante de moscas en áreas de elaboración y riesgo de contaminación cruzada. Junto a ello, se advirtió que algunos alimentos eran mantenidos a temperatura ambiente, se observaron extintores vencidos y un sistema de desagüe deficiente. Uno de los hallazgos más delicados fue la presencia de fecas de roedor bajo la escalera del local, elemento que, según los protocolos sanitarios, representa un serio riesgo para la inocuidad de los alimentos y la salud de los consumidores.

El procedimiento desarrollado en Mejillones deja en evidencia la importancia que tienen las denuncias ciudadanas para activar controles en recintos donde podrían existir riesgos sanitarios. También muestra la relevancia de la coordinación entre organismos públicos para responder frente a situaciones que afectan directamente la salud de la población, especialmente cuando se trata de alimentos preparados para consumo masivo.

Más allá de las sanciones inmediatas, el caso abre una alerta sobre las condiciones en que algunos establecimientos están operando en la comuna. El almacenamiento inadecuado de carnes, la falta de agua potable, la presencia de vectores y la elaboración de alimentos sin autorización son faltas que pueden derivar en enfermedades de transmisión alimentaria, intoxicaciones y otros problemas de salud pública.

Con el inicio de los sumarios sanitarios, ahora será la autoridad la que determine las responsabilidades correspondientes y las eventuales sanciones que deberán enfrentar los administradores de los locales inspeccionados. Mientras tanto, la prohibición de funcionamiento se mantendrá vigente hasta que los recintos acrediten haber subsanado todas las observaciones formuladas por la Seremi. El caso vuelve a poner el foco en la necesidad de reforzar los controles, pero también en la responsabilidad que tienen los dueños de estos negocios de cumplir con condiciones mínimas para resguardar la salud de sus clientes y de toda la comunidad.

• El tribunal decretó arraigo nacional y prohibición de acercarse al templo, mientras la investigación se extenderá por 90 días.

La Fiscalía de Antofagasta formalizó este lunes a dos mujeres de nacionalidad chilena por su presunta responsabilidad en el delito de daños simples, luego de los rayados registrados en la fachada de la Iglesia Catedral de Antofagasta durante la jornada del domingo, en el marco de una marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer.

Según se expuso en la audiencia de formalización, los hechos ocurrieron en el exterior del templo ubicado en calle San Martín, en momentos en que se desarrollaba la manifestación en el centro de la ciudad. De acuerdo con los antecedentes presentados por el Ministerio Público, ambas imputadas habrían actuado de manera concertada, acercándose hasta la fachada del recinto religioso para realizar rayados que terminaron provocando daños avaluados en un monto superior a 40 Unidades Tributarias Mensuales.

Tras las diligencias realizadas con posterioridad al hecho, ambas mujeres fueron identificadas y detenidas por personal de Carabineros, quedando a disposición de la justicia para el respectivo control de detención y formalización de cargos.

Durante la audiencia, la Fiscalía comunicó que la investigación se está desarrollando bajo la figura de daños simples, un delito que en este caso adquiere especial visibilidad pública por tratarse de uno de los inmuebles más emblemáticos del centro de Antofagasta. La Catedral, además de su valor religioso, forma parte del patrimonio urbano e histórico de la comuna, por lo que cualquier intervención no autorizada sobre su estructura genera preocupación tanto en autoridades como en parte de la comunidad.

Tras escuchar los antecedentes, el Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió imponer a ambas imputadas las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la Catedral mientras se desarrolla la investigación. Junto con ello, se fijó un plazo de 90 días para llevar adelante las diligencias del caso.

La situación reabre el debate sobre los límites entre el legítimo ejercicio de manifestarse en el espacio público y los hechos que terminan afectando bienes públicos, patrimoniales o de valor comunitario. Si bien la marcha del 8 de marzo convocó a numerosas participantes en distintas ciudades del país, episodios como el ocurrido en la Catedral de Antofagasta vuelven a poner atención sobre las consecuencias que pueden derivarse de acciones que terminan dañando inmuebles de alta significación para la ciudadanía.

El caso también instala una señal respecto de la respuesta institucional ante este tipo de hechos. La rápida identificación de las imputadas y la formalización efectuada por la Fiscalía muestran que existe un seguimiento penal cuando se producen daños en espacios reconocibles y de alta exposición pública, especialmente en sectores céntricos donde además existe mayor presencia de cámaras, testigos y resguardo policial.

Para la comunidad antofagastina, lo ocurrido no solo remite a una investigación penal en curso, sino también a la necesidad de resguardar espacios que forman parte de la identidad local. La Catedral es uno de los puntos más reconocibles del casco histórico de la ciudad, por lo que cualquier daño sobre su fachada no pasa inadvertido y genera reacciones más allá del hecho puntual.

Con las cautelares ya decretadas y el plazo de investigación corriendo, el caso seguirá avanzando en sede judicial para determinar la eventual responsabilidad de ambas imputadas en los rayados que afectaron al templo, en un episodio que volvió a cruzar manifestación, patrimonio y acción penal en pleno centro de Antofagasta.

• La intervención realizada por parte del Diputado Sebastian Videla y el Alcalde de la comuna de Ollague con maquinaria contratada con recursos propios abrió un debate nacional sobre seguridad fronteriza, atribuciones legales y la falta de respuesta del nivel central en una comuna estratégica del norte.

Un fuerte debate a nivel nacional generó la intervención realizada en la comuna de Ollagüe por el diputado Sebastián Videla y el alcalde Jhean Ramírez, quienes durante la jornada impulsaron el cierre de pasos fronterizos no habilitados utilizando maquinaria pesada, en una acción que, según el parlamentario, fue financiada con recursos propios. La escena, difundida ampliamente en redes sociales y replicada por medios nacionales, volvió a instalar en la agenda pública la discusión sobre el control de la frontera, el avance del crimen organizado y la sensación de abandono que denuncian autoridades locales en zonas estratégicas del norte del país.

Desde el lugar, el diputado Videla explicó que la medida busca obstaculizar rutas utilizadas para el paso de armamento, vehículos robados y droga, asegurando que la falta de respuestas concretas por parte del nivel central los llevó a actuar directamente. En sus declaraciones, sostuvo que seguirán insistiendo en el cierre de estos accesos clandestinos mediante maquinaria y con apoyo de tecnología más avanzada, junto con pedir que se escuche a Ollagüe, una comuna que describió como importante y estratégica, pero escasamente respaldada por las autoridades centrales. Esa postura fue difundida tanto en sus redes sociales como en coberturas de televisión y medios regionales.

La acción, sin embargo, no tardó en abrir un flanco político e institucional. Desde Santiago, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, cuestionó abiertamente la iniciativa y remarcó que no corresponde a un diputado ejecutar excavaciones por cuenta propia, aun cuando se contrate maquinaria para ello. La secretaria de Estado advirtió que este tipo de decisiones deben adoptarse dentro del marco institucional, con todos los antecedentes sobre la mesa y bajo una determinación soberana del Estado, subrayando que no puede quedar al arbitrio de cualquier autoridad realizar intervenciones por su cuenta en espacios de alta sensibilidad como la frontera.

A esas críticas se sumó el delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros, quien defendió el trabajo que actualmente desarrollan organismos del Estado junto al Ministerio de Obras Públicas, el Ejército y las policías. Según planteó, muchas de esas intervenciones no se publicitan precisamente porque responden a criterios de inteligencia operativa y buscan no alertar a organizaciones transnacionales que actúan en la zona. En ese sentido, recalcó que la prioridad del Gobierno está puesta en la seguridad y la eficacia de los procedimientos, más que en la exposición pública de las acciones.

El episodio no solo evidenció la tensión entre autoridades regionales y el Gobierno central, sino que también expuso la presión que enfrentan comunas fronterizas como Ollagüe, donde el control territorial se ha transformado en un tema especialmente sensible. En esa zona, el problema de los pasos no habilitados ha sido vinculado reiteradamente al robo de vehículos, al tráfico de drogas y al movimiento de bandas criminales, lo que ha convertido la vigilancia de la frontera en una de las mayores preocupaciones para las autoridades locales y para quienes habitan en sectores apartados del altiplano.

Más allá de la controversia política, la intervención realizada por Videla y Ramírez consiguió instalar con fuerza una demanda que en el norte viene repitiéndose desde hace años: mayor presencia del Estado, más tecnología y respuestas más rápidas frente a delitos que, por su naturaleza, superan la capacidad de reacción de municipios pequeños o autoridades locales sin competencias directas en materia fronteriza. La señal que buscó transmitir el parlamentario fue precisamente esa: mostrar que, ante la percepción de inacción, optaron por visibilizar el problema con una medida concreta, aunque esta terminara abriendo un nuevo conflicto con el Ejecutivo.

El caso también deja al descubierto una discusión de fondo sobre los límites de la acción política cuando la seguridad pública y el resguardo territorial se cruzan con la urgencia ciudadana. Para algunos, la excavación representa un gesto de desesperación frente a una frontera vulnerable; para otros, constituye una acción riesgosa, improvisada y fuera del marco que corresponde a un Estado de derecho. En ambos casos, lo ocurrido en Ollagüe volvió a demostrar que el debate sobre la seguridad en el norte ya no se agota en diagnósticos, sino que está empujando a autoridades locales a tomar protagonismo en áreas donde, formalmente, la conducción recae en el aparato central.

Sus efectos podrían sentirse más allá de la polémica del día. Por una parte, la acción podría intensificar la presión sobre el Gobierno para acelerar medidas tecnológicas y operativas en la frontera. Por otra, también podría abrir cuestionamientos sobre las atribuciones con que actúan parlamentarios y autoridades comunales cuando buscan responder a problemas que consideran urgentes. En una comuna como Ollagüe, donde la geografía y la distancia han convertido la seguridad en un asunto cotidiano, el revuelo nacional deja una señal clara: la frontera sigue siendo un punto crítico, y la falta de soluciones visibles continúa alimentando decisiones que, aunque controversiales, logran instalar con fuerza la sensación de abandono que desde hace tiempo denuncian sus autoridades y habitantes.

• Sacha Razmilic difundió un video en redes sociales donde criticó la acumulación de basura en sectores céntricos, apuntando a la falta de colaboración ciudadana en el cuidado del espacio público.

El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, volvió a poner sobre la mesa un problema cotidiano, pero de alto impacto para la ciudad: el mal uso de los basureros públicos en el centro. A través de una publicación en sus redes sociales, la autoridad comunal expresó su molestia por la forma en que algunos vecinos desechan sus residuos, dejando basura en el suelo pese a que, según mostró en un video, había contenedores disponibles y en buenas condiciones de uso.

La publicación del jefe comunal no pasó inadvertida. En un registro audiovisual difundido en sus plataformas, se observa al alcalde recorriendo el sector y mostrando varios basureros instalados en la vía pública. En ese contexto, Razmilic cuestionó duramente la conducta de quienes arrojan desperdicios fuera de estos receptáculos, aun cuando algunos se encontraban vacíos o con capacidad suficiente. “A la mitad, vacío, casi vacío, hasta arriba. ¿Qué tienen en la cabeza? Si ven los otros que están vacíos, ¿por qué dejan las cosas en el suelo?”, señaló en el video, evidenciando su frustración ante una situación que, según dio a entender, se repite con frecuencia en el centro de la comuna.

Junto con esa crítica directa, el alcalde reforzó una idea que ha estado presente en distintos debates sobre limpieza urbana: la responsabilidad compartida entre el municipio y la comunidad. “Si los vecinos no cooperan, el aseo no resulta”, escribió en la publicación, poniendo el foco no solo en la labor de recolección y mantención que realiza el municipio, sino también en la conducta de quienes transitan o residen en la ciudad.

El mensaje apunta a una problemática que en Antofagasta, como en muchas otras capitales regionales, ha generado constantes reclamos por parte de comerciantes, peatones y residentes del casco central. La acumulación de basura en esquinas, veredas y zonas de alto flujo no solo deteriora la imagen urbana, sino que también puede derivar en malos olores, proliferación de vectores y una creciente percepción de abandono en espacios que son utilizados diariamente por miles de personas.

En ese escenario, la reacción del alcalde adquiere relevancia pública porque instala nuevamente el debate sobre los límites de la gestión municipal frente a conductas individuales que afectan a toda la comunidad. Si bien el retiro de residuos y el aseo de calles forman parte de las obligaciones de la administración comunal, desde distintos sectores se ha insistido en que la limpieza de la ciudad también depende de hábitos básicos de convivencia, como utilizar correctamente los contenedores y no dejar desechos fuera de ellos.

La publicación, además, abre un flanco más amplio respecto de la convivencia urbana y el cuidado del espacio común. En ciudades con alta circulación peatonal, actividad comercial y presencia de servicios, el uso responsable del mobiliario público resulta clave para mantener condiciones mínimas de orden y salubridad. Cuando eso falla, los efectos se expanden rápidamente: calles más sucias, puntos críticos de acumulación de basura y una sensación de deterioro que impacta tanto a vecinos como a visitantes.

Aunque el registro compartido por Razmilic se centró en un hecho puntual, su mensaje parece buscar un efecto mayor: generar conciencia entre los habitantes de Antofagasta sobre la necesidad de modificar prácticas cotidianas que terminan afectando la limpieza del centro. En esa línea, el video también funciona como una señal política y comunicacional, al mostrar a la máxima autoridad comunal fiscalizando en terreno y emplazando públicamente a quienes no respetan normas básicas de uso del espacio público.

La situación ocurre en un momento en que varias comunas del país han debido reforzar campañas de educación cívica, fiscalización y sanciones relacionadas con el manejo de residuos, especialmente en sectores de alta congestión. En el caso de Antofagasta, el desafío no solo pasa por mantener operativos los servicios de aseo, sino también por instalar una cultura de mayor corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.

Por ahora, las palabras del alcalde ya generaron repercusión en redes sociales, donde usuarios dividieron opiniones entre quienes respaldan el tono firme de la autoridad y quienes consideran que el problema requiere, además de llamados de atención, más educación, fiscalización y medidas permanentes. Más allá del debate, lo cierto es que el episodio volvió a exponer una escena que se repite con demasiada frecuencia en el centro de la ciudad y que sigue golpeando uno de los aspectos más sensibles de la vida urbana: la capacidad de convivir y cuidar entre todos un espacio que pertenece a la comunidad entera.

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• Durante el último allanamiento que se realizó en la totalidad de los  recintos penitenciarios, se incautaron celulares, armas cortos punzantes y contundentes, además de sustancias ilícitas en pequeñas cantidades. 

Mantener el orden en el régimen interno de los diferentes recintos penales de la Región, es parte de los objetivos que se buscan con los allanamientos, y con ello reforzar la seguridad tanto para los internos, el personal de Gendarmería, así como también de todas las personas que ingresan a los recintos penitenciarios.

En total se intervinieron a cerca de mil internos de las diferentes unidades penales; Centro Penitenciario Femenino y el Centro Penitenciario de Antofagasta, los Centro de Detenciones Preventivas de Calama, Taltal y Tocopilla, desde donde se retiraron en total 7 celulares, 2 módem, 21 armas corto punzantes de fabricación artesanal, 11 envoltorios con sustancias prohibidas y también fermento artesanal elaborado por los internos.

El director de Gendarmería en Antofagasta, coronel Rodrigo Salinas Robles indicó que “estamos reforzando constantemente las labores preventivas en las distintas unidades penales, para dar tranquilidad a la población penal y también a nuestro personal penitenciario, porque cuando retiramos los elementos prohibidos disminuimos las posibilidades de alguna situación de riesgo que pudiera comprometer la seguridad del recinto y a la comunidad cercana a ellos”.

Este es el cuarto operativo masivo que se realiza durante el 2026 y a ellos se suman los procedimientos extraordinarios que se efectúan en coordinación del área operativa de Gendarmería. Durante los procedimientos, además del personal de cada recinto se refuerza con el apoyo de funcionarios de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios, el Equipo de Canes Adiestrados, el Grupo de Apoyo y Reacción Primaria de la región.