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• El parlamentario ofició al Ministerio de Bienes Nacionales para esclarecer la situación que afecta a familias de los conjuntos habitacionales Sol Naciente y Miscanti 1, quienes aún no reciben sus documentos de propiedad.

Con preocupación por la incertidumbre que afecta a decenas de familias de la comuna de Antofagasta, el diputado José Miguel Castro (RN) ofició formalmente al Ministerio de Bienes Nacionales para solicitar información detallada respecto a la demora en la entrega de títulos de dominio en los conjuntos habitacionales Sol Naciente y Miscanti 1.

La medida busca esclarecer el estado de avance de los trámites de regularización de propiedad y conocer si existen obstáculos administrativos o jurídicos que estén dilatando la entrega de esta documentación clave para los propietarios.

“El acceso a un título de dominio no es solo un trámite legal; es una condición fundamental para entregar seguridad jurídica a las familias, y una herramienta que les permite proyectarse, postular a beneficios y mejorar su calidad de vida”, sostuvo el diputado Castro, quien lamentó que muchas familias sigan esperando por años una respuesta concreta del Estado.

Oficio dirigido al Ministerio

El requerimiento del parlamentario fue canalizado a través de un oficio formal, mediante el cual se solicita que el Ministerio de Bienes Nacionales informe con precisión:

• Las acciones ejecutadas hasta ahora para avanzar en la entrega de títulos.
• Los plazos estimados para la resolución de los casos.
• La existencia de eventuales obstáculos administrativos o legales que estén generando retrasos.
• Y, en caso de contener información de carácter reservado, que se indique expresamente conforme lo establece la Constitución Política de la República.

Según explicó el legislador, la situación es particularmente sensible para muchas familias que, al no contar con sus títulos de dominio, se ven limitadas para postular a subsidios, obtener créditos o realizar mejoras legales en sus viviendas.

Llamado al Ejecutivo

Castro instó al Gobierno y en particular al Ministerio de Bienes Nacionales a acelerar los procesos y ofrecer una respuesta concreta a las familias afectadas.

“No podemos seguir permitiendo que estos procesos se extiendan indefinidamente sin respuestas claras. Desde el Congreso seguiremos fiscalizando y empujando para que el Estado cumpla con su deber y brinde certezas a quienes más lo necesitan”, declaró.

Asimismo, el diputado reafirmó su compromiso con los habitantes de Antofagasta, señalando que continuará apoyando todas las gestiones necesarias para que estas familias puedan regularizar su situación y acceder a una mejor calidad de vida.

Este nuevo oficio se suma a una serie de acciones fiscalizadoras que el parlamentario ha impulsado durante su gestión, especialmente en temas vinculados a vivienda, desarrollo urbano y derechos ciudadanos, áreas donde la certeza jurídica representa un eje fundamental para el progreso de las comunidades.

• Cinco carros no autorizados, incluyendo una tricimoto adaptada con horno y parrilla, fueron retirados por autoridades en operativo nocturno coordinado. Se iniciaron sumarios sanitarios y citaciones al Juzgado de Policía Local.

En una masiva fiscalización nocturna realizada en el casco central de Antofagasta, autoridades regionales y municipales retiraron cinco carros de venta de alimentos no autorizados, incluyendo una tricimoto adaptada como cocina ambulante, decomisando y desnaturalizando cerca de 350 kilos de productos, entre los que se encontraban carnes, embutidos y preparaciones listas para el consumo. La intervención respondió a múltiples denuncias ciudadanas sobre comercio informal en la vía pública.

El procedimiento fue encabezado por la Seremi de Seguridad Pública, la Seremi de Salud, la Municipalidad de Antofagasta, Carabineros de la Tercera Comisaría y la empresa de aseo Demarco, con el objetivo de resguardar la salud pública y avanzar en el ordenamiento del espacio urbano.

“Se decomisaron salchichas, chorizos, carnes, arepas, hot dogs, sándwiches y anticuchos, todos productos que, al no cumplir con normas básicas de inocuidad, representan un grave riesgo para la salud de la población”, explicó el seremi de Salud, Alberto Godoy, quien confirmó que toda la mercadería fue desnaturalizada en el lugar.

Faltas sanitarias graves

La autoridad sanitaria detalló que los alimentos incautados carecían de cadena de frío, trazabilidad de materias primas y condiciones higiénicas mínimas para su manipulación, como el acceso a agua potable para el lavado de manos. “Estas prácticas no solo son ilegales, sino que ponen en peligro directo a quienes consumen estos productos”, añadió Godoy.

Tras la fiscalización, cuatro carros fueron trasladados al relleno sanitario por la empresa Demarco, mientras que la tricimoto adaptada será enviada al corralón municipal. Además, los comerciantes fueron sometidos a sumarios sanitarios, cuyas sanciones podrían alcanzar hasta las 1.000 UTM, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Citaciones y recuperación de espacios

Paralelamente, la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Antofagasta emitió citaciones al Juzgado de Policía Local, por infracción a la Ordenanza Municipal N.º 3 de 2017, que prohíbe la comercialización de productos en la vía pública sin la debida autorización.

“Esta fiscalización forma parte de nuestro plan de recuperación y reordenamiento de la ciudad, y estamos apoyando con toda nuestra capacidad logística a estas acciones”, afirmó Gonzalo Castro, director de Seguridad Pública del municipio, quien agradeció el trabajo conjunto con la Dirección de Inspección y la Dirección de Aseo.

Apoyo del Gobierno

El Seremi de Seguridad Pública de la Región de Antofagasta, Ignacio Rivera, también participó del operativo, destacando el compromiso del Gobierno con el orden público, la seguridad ciudadana y la salud de los habitantes.

“Recuperar los espacios públicos no solo devuelve tranquilidad a los vecinos, sino que también impide prácticas que atentan contra la salud de toda la comunidad. Este tipo de acciones son fundamentales y continuarán con fuerza”, afirmó.

Durante el operativo, Carabineros de la Tercera Comisaría efectuó 10 controles de identidad y brindó apoyo logístico y de seguridad a los funcionarios involucrados en la fiscalización.

Con este operativo, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a denunciar la venta de alimentos en condiciones insalubres y a no adquirir productos en puntos no autorizados, contribuyendo así a proteger la salud pública y mantener el orden en la ciudad.

• Pía Silva confirmó que este lunes ingresaron una denuncia formal ante la Fiscalía Regional tras detectar venta de terrenos fiscales y demarcaciones en Cerro La Cruz, recalcando que no permitirán la ocupación ilegal de terrenos que pertenecen a todos los chilenos.

La Seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta, Pía Silva, anunció una firme ofensiva legal contra quienes resulten responsables de las recientes ocupaciones ilegales detectadas en el sector Cerro La Cruz de la capital regional, luego que circularan en redes sociales registros de supuestas ventas de terrenos fiscales, instalación de banderas y delimitaciones de espacio para futuras construcciones de viviendas o refugios improvisados.

La autoridad regional explicó que los hechos ya fueron formalmente denunciados este lunes ante la Fiscalía Regional de Antofagasta, tras una labor de recopilación de antecedentes efectuada por su equipo jurídico y técnico.

“Seremos implacables y haremos todas las denuncias que correspondan ante la Fiscalía. No vamos a permitir las tomas ilegales de terrenos que les pertenecen a todas y todos los chilenos”, sentenció la seremi Silva, remarcando que las acciones observadas en Cerro La Cruz “constituyen el delito de usurpación, contemplado en el artículo 2 de la Ley N°21.633”.

Venta ilegal y demarcaciones

Los hechos comenzaron a circular a través de redes sociales durante el fin de semana, donde se difundieron videos y fotografías que mostrarían la comercialización irregular de un terreno en el sector de Cerro La Cruz. Paralelamente, se detectó la instalación de banderas, estacas y otras demarcaciones, lo que apuntaría a la preparación de un loteo informal y a la posible futura construcción de viviendas en un terreno de propiedad fiscal.

Ante esta situación, la autoridad fue clara en advertir que ya se ha puesto en marcha la vía judicial.

“Estamos entregando toda la información recabada a la Fiscalía para que puedan iniciar la investigación, su formalización y, finalmente, ejercer la acción penal pública con el objetivo de procurar el castigo de quienes resulten responsables, ya sea como autores, cómplices o encubridores”, explicó Silva.

Patrimonio fiscal bajo resguardo

La Seremi enfatizó que su cartera tiene como misión la correcta administración del patrimonio fiscal, reiterando que “el Fisco es el dueño de los terrenos donde se están desarrollando estas conductas, por parte de personas de difícil individualización”. Según Silva, este tipo de acciones no solo comprometen la legalidad urbanística y el orden territorial, sino que además afectan directamente el interés común de todos los ciudadanos.

“A nuestro entender, esto constituye un delito grave. Esperamos que los resultados de la investigación sean positivos y que quienes estén tras estos actos reprochables paguen como corresponde, con el máximo de las penas que la ley contempla para el ilícito cometido”, declaró.

Llamado a denunciar

En paralelo a la acción judicial, la Seremi de Bienes Nacionales reiteró el llamado a la ciudadanía para que colabore denunciando cualquier tipo de mal uso o apropiación irregular de bienes fiscales. Para ello, recordó que está disponible el sitio web www.bienesnacionales.cl, donde existe un banner denominado “Denuncias” que dirige a un formulario específico.

A través de este mecanismo, cualquier ciudadano puede reportar hechos como ventas, tomas, construcciones no autorizadas o usos indebidos de terrenos que sean de propiedad fiscal. Una vez recibida la información, la Seremi queda facultada para ingresar las denuncias respectivas ante el Ministerio Público.

“Contamos con una comunidad activa que no tolera estos actos ilegales. Reiteramos nuestro compromiso con el resguardo del patrimonio fiscal y agradecemos a quienes ya han alertado sobre esta situación”, concluyó Silva.

La denuncia ya está en manos de la Fiscalía Regional y se espera que, tras el análisis de los antecedentes aportados, se inicie una investigación penal con miras a sancionar estos hechos y frenar la proliferación de ocupaciones ilegales en la región de Antofagasta.

• Trabajo conjunto de Carabineros y Fiscalía permitió concretar exitosos procedimientos en la región.

La Fiscalía de Calama formalizó por el delito de tráfico de drogas a dos ciudadanos bolivianos detenidos por Carabineros en el sector fronterizo de Ascotán, mientras transportaban 140 frascos de Ketamina, cada uno de 100 ml.

Los sujetos circulan a pie al momento de ser detectados por el personal policial de la primera línea de control, quienes descubrieron el cargamento ilícito al interior de varios bolsos que los detenidos mantenían en su poder.

Los detalles del procedimiento fueron entregados esta mañana por el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, junto al jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, y el Seremi de Seguridad Pública, Ignacio Rivera Muñoz.

Durante la ocasión, el Fiscal Regional además dio cuenta un segundo proceso investigativo dirigido por la unidad SACFI de Antofagasta, el cual permitió la detención de un imputado chileno en momentos que movilizaba 21 kilos de clorhidrato de cocaína desde Calama a Antofagasta, ocultos en la estructura de un vehículo.

El sujeto fue aprendido a su arribo a la ciudad de Antofagasta, previo trabajo investigativo que permitió identificarlo y realizar un seguimiento de su trayecto.

El imputado será formalizado mañana por el Ministerio Público por el delito de tráfico de drogas.

El Fiscal Juan Castro Bekios dijo que ambos procedimientos “vienen a reforzar el compromiso que tiene Carabineros y la Fiscalía en la lucha contra las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas en la región, y que nos ha llevado en estos últimos dos años a liderar las incautaciones a nivel nacional”.

Los imputados bolivianos por el tráfico de ketamina quedaron en prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad, misma cautelar que se solicitará mañana para el imputado chileno detenido con clorhidrato de cocaína, atendida la gravedad del delito.

• Fiscal Juan Castro Bekios reafirma el compromiso del Ministerio Público con la investigación de delitos de corrupción y responde a la polémica generada por el fallo de la Corte de Apelaciones, señalando que los argumentos se expondrán ante los tribunales y no en el debate público.

Con una clara señal de continuidad y rigurosidad en las indagatorias del caso Procultura, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, confirmó la presentación de una apelación ante la Corte Suprema, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidiera excluir interceptaciones telefónicas de la investigación. La causa, heredada desde la Fiscalía Regional de Coquimbo, forma parte de los múltiples flancos judiciales abiertos en el contexto del denominado “caso convenios”.

En una declaración pública realizada este jueves, Castro detalló que la decisión de apelar “fue adoptada luego de una reunión de coordinación sobre el traspaso de un cúmulo muy abultado de antecedentes de la investigación del caso Procultura que llevaba el fiscal regional Patricio Cooper”. El escrito, ya en manos de la Corte Suprema, busca revertir un fallo que, según el Ministerio Público, representa un agravio a la labor investigativa.

“No me voy a referir al contenido del escrito de apelación, y mucho menos a lo que se haya aludido sobre él, porque el debate de fondo debe darse ante los tribunales de la República”, aclaró el fiscal regional, subrayando que la Corte Suprema será el lugar para exponer los fundamentos jurídicos del recurso.

Alegaciones por sesgo político

El escrito presentado por la Fiscalía ha despertado atención pública por contener referencias a posibles consideraciones de orden político en la resolución de la Corte de Apelaciones. Aunque Castro evitó confirmar o desmentir directamente tales acusaciones, señaló que “todos los argumentos serán discutidos y defendidos ante la Corte Suprema, como corresponde en derecho”.

En relación con estas menciones, el fiscal regional remarcó:

“No es la primera vez que enfrentamos situaciones en que se insinúa o menciona que pueda haber visiones políticas en torno a fallos o investigaciones. Sin embargo, nuestro compromiso es con la legalidad y la imparcialidad”.

Complejidad del traspaso investigativo

El caso Procultura fue recientemente traspasado a la Fiscalía Regional de Antofagasta, decisión que, según Castro Bekios, obedece a la experiencia acumulada por su equipo en el tratamiento de causas complejas de corrupción. Detalló que ya se han iniciado las labores de coordinación y traspaso de antecedentes —digitales y físicos— con el equipo de la Fiscalía de Coquimbo.

“Es un esfuerzo bastante grande que comenzamos a realizar desde el pasado viernes, con equipos de ambas fiscalías trabajando en conjunto”, explicó.

En este sentido, el fiscal valoró el trabajo técnico y logístico requerido para asumir una causa con múltiples aristas y actores involucrados a nivel nacional, incluyendo gobiernos regionales, fundaciones y entidades privadas.

Respaldo al combate contra la corrupción

A pesar de la carga que supone este caso, Castro aseguró que la Fiscalía Regional no descuidará sus otras líneas investigativas, especialmente aquellas ligadas al crimen organizado.

“Esta tremenda responsabilidad no va a significar que dejemos de lado el trabajo que hemos venido desarrollando con fuerza en otras áreas clave para la región”, indicó.

En respuesta a cuestionamientos sobre una supuesta politización del caso, el jefe regional del Ministerio Público insistió en que todas las investigaciones se llevan a cabo con total independencia de ideologías, cargos o influencias.

“Nuestra misión es investigar todos los hechos que puedan ser constitutivos de delito y la participación de cualquier persona, sin distinción de cargo, ideología, raza o sexo”, puntualizó, haciendo hincapié en el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Paralelismos con Democracia Viva

Castro también comparó la situación del caso Procultura con el caso Democracia Viva, otra investigación emblemática del caso Convenios, donde su fiscalía ha formalizado a varios imputados, algunos de ellos con desafuero parlamentario y medidas cautelares como la prisión preventiva.

“Hemos demostrado que actuamos con seriedad y tomamos decisiones cuando tenemos antecedentes y convicción. Y así seguiremos actuando”, aseveró.

Finalmente, la Fiscalía Regional de Antofagasta no solo busca justificar su estrategia judicial frente al revés sufrido en la Corte de Apelaciones, sino también reafirmar su voluntad de continuar con una investigación profunda, sin ceder ante presiones externas. La resolución ahora queda en manos de la Corte Suprema, que deberá analizar si el Ministerio Público puede seguir utilizando las escuchas telefónicas como parte de la evidencia clave en una de las aristas más complejas del caso convenios.

“Seguiremos trabajando con el máximo rigor legal, tal como lo hemos hecho hasta ahora, y sin importar a quién afecte la investigación”, cerró el fiscal regional.

• El parlamentario reiteró el llamado a instalar pórticos con lectura de patentes en la ciudad, tras un nuevo hecho delictual ocurrido a plena luz del día en el centro antofagastino.
  

Un nuevo robo de vehículo registrado en pleno centro de Antofagasta fue denunciado por el diputado Sebastián Videla, quien expresó su preocupación por la impunidad con la que actúan los delincuentes en sectores céntricos y altamente transitados de la ciudad.

Según los antecedentes recabados, los autores del delito se tomaron el tiempo suficiente para forzar y llevarse el automóvil sin ser detectados, lo que evidencia –a juicio del parlamentario– la urgente necesidad de reforzar las medidas tecnológicas de seguridad en la comuna.

“Este tipo de delitos no puede seguir ocurriendo con total libertad. La ciudadanía está cansada de vivir con miedo y sin respuestas concretas. Necesitamos actuar ahora”, declaró Videla, quien desde el año pasado ha impulsado la instalación de pórticos de lectura de patentes como una medida clave para enfrentar el robo de vehículos y mejorar la trazabilidad de los delincuentes.

El parlamentario independiente señaló que esta tecnología, ya implementada con éxito en otras comunas del país, permite detectar en tiempo real vehículos robados, coordinar una respuesta policial más efectiva y generar una red de vigilancia que desincentive este tipo de delitos.

“El robo de vehículos no solo afecta el patrimonio de las personas, sino que muchas veces estos autos son usados posteriormente para cometer otros delitos. Combatir esta problemática es una urgencia”, sostuvo.

Videla también hizo un llamado a las autoridades regionales y municipales a respaldar esta propuesta y priorizarla en las instancias de coordinación en materia de seguridad. “No se trata de ideologías, se trata de proteger a nuestras familias. Esta es una herramienta concreta, eficaz y necesaria”, enfatizó.

El diputado concluyó que seguirá insistiendo ante el Gobierno Central y el Ministerio del Interior para que se destinen recursos e implementen los pórticos lectores de patentes en puntos estratégicos de Antofagasta, como parte de un plan integral de prevención del delito.

• El parlamentario recibió denuncias de organizaciones animalistas y tomó contacto con la Seremi de Salud y Bienes Nacionales para abordar el problema. “No podemos permitir el maltrato animal”, afirmó.
  

El diputado Sebastián Videla (IND-PL) denunció públicamente la realización de carreras ilegales de galgos en el sector norte de Antofagasta, tras recibir antecedentes por parte de agrupaciones animalistas locales que alertaron sobre esta práctica que vulnera la Ley de Protección Animal.

El parlamentario, conocido por su defensa de los derechos de los animales, señaló que estas actividades, además de carecer de toda autorización, muchas veces se desarrollan en condiciones precarias para los animales, expuestos a maltrato, dopaje y explotación.

Ante los antecedentes recibidos, Videla tomó contacto con la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta y con el Ministerio de Bienes Nacionales, entidades que cuentan con facultades para fiscalizar terrenos fiscales y verificar que no se cometan irregularidades en estos espacios.

“Agradezco a las organizaciones y personas que enviaron la información. No podemos permitir el maltrato animal. Seguiremos actuando con firmeza para erradicar estas prácticas que atentan contra el bienestar de los animales y la legalidad”, manifestó el diputado.

Las carreras de galgos, pese a estar prohibidas en diversas comunas del país y contar con fuerte rechazo ciudadano, siguen realizándose de forma clandestina en algunos sectores del norte de Chile, generando preocupación entre activistas y autoridades.

Videla añadió que esta denuncia forma parte de una línea de trabajo más amplia que busca fortalecer la fiscalización, endurecer las penas por maltrato animal y avanzar hacia una legislación que prohíba de manera definitiva estas actividades a nivel nacional.

Desde la Seremi de Salud confirmaron que se evaluará una fiscalización conjunta con otras entidades para verificar las condiciones en que se estarían desarrollando estas carreras, mientras que Bienes Nacionales aseguró que revisará la situación de los terrenos en cuestión.

“Vamos a seguir movilizándonos y trabajando en conjunto con las autoridades y la sociedad civil. Cuidar a los animales es también una forma de construir una sociedad más justa y respetuosa”, concluyó el diputado.

El llamado de Videla fue respaldado por diversas organizaciones locales que valoraron la rápida reacción del parlamentario y reiteraron la necesidad de avanzar en políticas públicas que garanticen la protección efectiva de los animales.

• El procedimiento de la Brigada Investigadora de Robos Antofagasta en coordinación con la Fiscalía, permitieron individualizar a uno de los autores del delito.

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Antofagasta, el pasado 14 de mayo, materializaron la detención de uno de los presuntos implicados en un robo que afectó a una joyería ubicada al interior de una galería comercial en calle Condell, pleno centro de la ciudad.

El hecho, que ocurrió durante el día y a plena vista del público, fue registrado por cámaras de seguridad del recinto, cuyas imágenes fueron ampliamente difundidas a través de redes sociales. En el registro se observa cómo los individuos utilizaron martillos para fracturar las vitrinas del local y sustraer diversas especies, principalmente joyas, para luego huir del lugar en dirección desconocida.

Tras una denuncia, esta unidad especializada, dio inicio a diversas diligencias investigativas que permitieron identificar a uno de los autores del ilícito, un hombre de nacionalidad extranjera, mayor de edad y en situación migratoria irregular en el país, siendo detenido por los oficiales de la PDI.

“Gracias al trabajo investigativo desarrollado por nuestros detectives, en coordinación con la Fiscalía, logramos identificar y detener a uno de los responsables de este violento robo que afectó a un local comercial en pleno centro de Antofagasta”, señaló el subprefecto Manuel González, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Antofagasta.

El imputado fue puesto a disposición de la justicia, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de robo en un lugar no habitado.