- Fuentes de Defensa confirmaron el envío de tropas, submarinos y buques de guerra a la región, en lo que califican como una “muestra de fuerza” para enfrentar al crimen organizado, mientras crecen las críticas sobre la pertinencia de usar militares en lugar de organismos especializados.
Más de 4.000 infantes de marina de Estados Unidos fueron enviados en las últimas semanas a distintos países de América Latina y el Caribe, con el objetivo de intensificar la lucha contra los cárteles de la droga, según reveló la cadena CNN y corroboraron otros medios estadounidenses. El despliegue militar incluye un submarino de ataque nuclear, aviones de patrulla P8 Poseidon, varios destructores y un barco de guerra con misiles guiados, lo que representa uno de los movimientos más significativos de tropas estadounidenses en la región en los últimos años.
De acuerdo con las fuentes citadas, la operación involucra al Grupo Anfibio Listo de Iwo Jima (ARG) y a la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines, que fueron reubicados bajo el Comando Sur de Estados Unidos como parte de un reposicionamiento estratégico que venía desarrollándose durante las últimas tres semanas. La medida, según señaló uno de los funcionarios, busca ofrecer “una amplia gama de opciones militares” al presidente Donald Trump para enfrentar a las organizaciones narcotraficantes, a las que el Pentágono calificó como “narcoterroristas especialmente designadas”.
Un oficial de Defensa describió este movimiento como “una muestra de fuerza” destinada a tener un carácter disuasorio, pero enfatizó que la sola presencia de estas unidades otorga al mando militar una gran flexibilidad para decidir posibles acciones ofensivas si se considerara necesario. “Por ahora, el aumento de tropas es principalmente un mensaje, no un indicio de ataques inminentes”, explicó la fuente, aunque reconoció que la decisión final recaerá en la Casa Blanca.
El despliegue ha generado un intenso debate en torno a la idoneidad de los marines para cumplir con misiones de combate contra el narcotráfico. Analistas y autoridades consultadas recordaron que estas fuerzas no están especializadas en operaciones antidrogas, a diferencia de la Guardia Costera o la Agencia de Control de Drogas (DEA), que tradicionalmente han liderado la cooperación internacional en la región en estas materias. “El uso de fuerzas convencionales en operaciones de narcotráfico es inusual y plantea dudas sobre la estrategia real que se busca implementar”, señalaron expertos en seguridad.
El anuncio también coincide con recientes declaraciones del presidente Trump, quien adelantó que desplegaría militares en países latinoamericanos como parte de su ofensiva contra los cárteles, lo que ya provocó reacciones de rechazo en varios gobiernos de la región. La medida se enmarca además en un discurso más amplio de la administración republicana en materia de seguridad nacional, que apunta a reforzar las fronteras y combatir lo que describe como “invasiones” asociadas a la migración masiva, el tráfico de drogas y el contrabando de personas.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la decisión subrayando que “el Ejército estadounidense tiene por tarea defender la patria”, lo que, según explicó, incluye “repeler toda forma de amenaza, desde el narcotráfico hasta la inmigración ilegal, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional”.
Por ahora, el envío de los marines a América Latina y el Caribe permanece como una operación de carácter preventivo y disuasorio. Sin embargo, el solo hecho de movilizar más de 4.000 efectivos junto a poderosos activos navales y aéreos representa un giro de alto impacto en la manera en que Washington busca enfrentar a los cárteles de la droga, marcando un precedente que tensiona la relación entre la política antidrogas y la estrategia militar estadounidense en la región.