- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia confirma la sentencia de 10 años de prisión contra la exmandataria transitoria Jeanine Áñez por la forma en que asumió la Presidencia en 2019. La defensa de Áñez, que considera la decisión como una vulneración de derechos, evalúa opciones legales, destacando la posibilidad de recurrir a instancias internacionales.
En una decisión que marca un nuevo capítulo en la saga judicial que envuelve a Bolivia, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país ratificó ayer la condena de 10 años de prisión contra la exmandataria transitoria Jeanine Áñez. La sentencia se basa en la forma en que Áñez asumió la Presidencia interina durante la crisis política de 2019, conocida como “golpe de Estado II”.
La defensa de Áñez, liderada por el abogado Luis Guillén, confirmó la noticia y señaló que, dentro del ordenamiento jurídico interno, esta era la última instancia a la cual se podía recurrir para anular la condena. No obstante, Guillén destacó que aún existen diferentes recursos disponibles, como una revisión extraordinaria de sentencia y amparos contra la misma resolución.
El equipo jurídico de Áñez evaluará las opciones para continuar la defensa de la exmandataria, pero Guillén indicó que “lo más pertinente va a ser acudir a la vía internacional”. En el auto supremo judicial, la Sala Plena del TSJ declaró “infundado” el recurso de casación presentado por la defensa de Áñez, que buscaba anular la sentencia impuesta el año pasado.
La condena original, dictada en junio de 2022, estableció 10 años de cárcel para Áñez por el caso “golpe de Estado II”. Las acusaciones provienen de la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno (Interior), quienes sostienen que Áñez asumió indebidamente la Presidencia durante la crisis de 2019.
La defensa de Áñez argumenta que ella accedió a la Presidencia en su condición de segunda vicepresidenta del Senado debido al “vacío de poder” tras la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales. Áñez ya está detenida preventivamente en una cárcel en La Paz desde marzo de 2021 por otro caso, denominado “golpe de Estado I”, relacionado con delitos de terrorismo, sedición y conspiración también vinculados a la crisis de 2019.
El abogado Guillén sostuvo que el fallo del TSJ “llama la atención” por no abordar elementos clave, como el vacío de poder en el momento de la asunción de la exmandataria. Aseguró que la sentencia vulnera derechos y no se ajusta a los lineamientos jurídicos del país.
Fuente: DW