- La acción judicial presentada por el abogado Luis Mariano Rendón acusa a Valencia de denegación de servicio, señalando irregularidades y presuntos abusos de poder.
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón contra el fiscal nacional, Ángel Valencia, por el presunto delito de denegación o retardo de servicio, tipificado en el artículo 256 del Código Penal. La acción judicial se originó tras la supuesta omisión de Valencia al no resolver una denuncia administrativa por abuso de poder interpuesta por Rendón.
La denuncia presentada por Rendón está vinculada a un comunicado emitido por la Fiscalía, en el que se desmentían acusaciones realizadas por la defensa del abogado y eximputado Luis Hermosilla. En dicho comunicado, Valencia rechazó las acusaciones que implicaban presuntas diligencias realizadas tras reuniones con Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick. El escrito de la Fiscalía señalaba: “Entendemos que el señor Juan Pablo Hermosilla tiene derecho a ejercer la defensa de su representado, (…) pero su rol no puede estar basado en mentiras, acusaciones sin fundamento y en una estrategia alejada de todo proceso judicial”.
Tras la resolución del tribunal, Luis Mariano Rendón cuestionó duramente la gestión de Valencia. “A mayor jerarquía, mayor es la exigencia de probidad y rigurosidad a una autoridad”, declaró el abogado, acusando a Valencia de intentar “echar tierra” sobre la denuncia administrativa en lugar de darle curso. Rendón también señaló que “la vinculación de Valencia, ya pública, con sectores de la mafia político-económica, como el liderado por Luis Hermosilla y con Andrés Chadwick, le restan completa credibilidad para dirigir la institución llamada a perseguir estos focos delictivos de alto impacto”.
Investigación en manos del Consejo Nacional de Fiscalía
Con la querella en trámite, el procedimiento estipulado en la Ley Orgánica del Ministerio Público exige que el Consejo Nacional de Fiscalía intervenga. Según el artículo 46 de esta normativa, el consejo –excluyendo al fiscal nacional y bajo la presidencia del fiscal regional más antiguo– deberá designar mediante sorteo a un fiscal encargado de investigar a Valencia.
El caso ha generado amplio debate en el ámbito jurídico y político, especialmente por la gravedad de las acusaciones y el impacto institucional que podría tener en el Ministerio Público. Se espera que el proceso aporte claridad sobre las denuncias y la conducta del fiscal nacional en un contexto de alta exigencia de probidad.
El avance de esta investigación será clave para determinar las responsabilidades y posibles sanciones en caso de comprobarse las irregularidades denunciadas, marcando un precedente sobre los estándares éticos que rigen al máximo organismo persecutor del país.
Fuente: Radio Biobio