Actualización metodológica revela que la pobreza en Chile alcanzó el 22,3% en 2022: casi cuatro veces más de lo reportado

  • Informe final de la Comisión Asesora Presidencial propone un nuevo enfoque para medir la pobreza, considerando dimensiones más amplias y ajustando criterios como la canasta básica, los arriendos y la pobreza multidimensional. Las cifras oficiales anteriores subestimaban la realidad social del país.

Un giro radical podría dar la comprensión de la pobreza en Chile, luego de que la Comisión Asesora Presidencial de Expertos para la Actualización de la Medición de la Pobreza diera a conocer su informe final, el cual redefine las bases metodológicas con las que históricamente se han evaluado los niveles de pobreza en el país.

Con una propuesta más rigurosa y multidimensional, el análisis reveló que si se aplicara la nueva metodología a la Encuesta Casen 2022, la tasa de pobreza no sería del 6,5% —como se informó oficialmente—, sino que alcanzaría un 22,3%.

Además, si esta nueva métrica se extrapola a las encuestas de años anteriores, la pobreza en 2017 habría sido del 24,2% (versus el 8,7% reportado) y en 2020 del 32,2% (frente al 10,8%). Es decir, las tasas oficiales han subestimado la magnitud de la pobreza en el país por más de una década.

Una pobreza subestimada por la metodología

La Comisión, que sesionó entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, abordó distintas dimensiones para construir un nuevo marco de análisis: educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social, sumando además elementos como vulnerabilidad normativa, nuevas sub-poblaciones y la actualización de la canasta básica.

Uno de los puntos más sensibles fue justamente el análisis del actual criterio calórico que define el umbral de pobreza. Actualmente se considera el ingreso mínimo necesario para cubrir 2.000 calorías diarias por persona, pero el informe alerta que este criterio ha perdido vigencia en países como Chile, donde el problema ya no es el déficit, sino el exceso de calorías provenientes de alimentos ultraprocesados de baja calidad nutricional.

“El criterio vigente no capta el verdadero costo de una alimentación saludable ni las privaciones alimentarias actuales. No basta con medir calorías”, concluye la Comisión.

Costo de la vivienda y arriendos mal ajustados

Otro de los aspectos clave abordados en el informe es la manera en que los alquileres son considerados en la medición. El documento advierte que el costo de la vivienda ha sido subestimado, ya que no se ha actualizado en línea con el verdadero comportamiento del mercado inmobiliario.

Además, se cuestiona el uso del alquiler imputado como ingreso, dado que genera distorsiones: muchos hogares aparecen como no pobres solo por este ítem, cuando en la práctica no disponen de recursos reales para cubrir sus necesidades básicas. En 2022, 24 mil hogares no registraron ingresos monetarios, pero no fueron considerados pobres por haber declarado ingresos ficticios por arriendo imputado.

Por ello, la Comisión sugiere operar con dos líneas de pobreza distintas: una para hogares que pagan arriendo y otra para quienes no lo hacen, además de excluir el alquiler imputado en la determinación del ingreso.

Canasta básica: el paso hacia una alimentación saludable

Una de las propuestas centrales del informe es redefinir la canasta básica de alimentos, utilizando el enfoque de “alimentación saludable” —una variante del método de la CEPAL— que reduce a la mitad la presencia de productos ultraprocesados. Este cambio busca reflejar mejor las verdaderas necesidades alimentarias de la población y su impacto en la salud.

También se recomienda dejar de usar los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 9, ya que fueron influenciados por un contexto de liquidez artificial producto de retiros de fondos de pensiones y ayudas estatales durante la pandemia. En su lugar, se propone usar la EPF 8, ajustada por inflación.

La pobreza va más allá del ingreso: enfoque multidimensional

La Comisión también profundizó en la pobreza multidimensional, entendida como aquella que considera privaciones simultáneas en distintas esferas de la vida, más allá del ingreso. Aunque Chile ya cuenta con un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) desde 2015, el informe sugiere incorporar seis nuevos indicadores que reflejan realidades sociales más complejas y actuales:

  1. Aprendizaje insuficiente, medido por resultados SIMCE de los establecimientos educacionales.
  2. Asistencia a controles preventivos en menores de nueve años.
  3. Dependencia funcional en el hogar.
  4. Condiciones de cuidado, cuando una persona no trabaja ni estudia por cuidar a otros.
  5. Asequibilidad, si un hogar destina más del 30% de sus ingresos a arriendo o dividendo.
  6. Conectividad digital, como acceso efectivo a internet en el hogar.

Estas nuevas dimensiones permitirían capturar con mayor precisión el grado de vulnerabilidad de los hogares, sobre todo aquellos que tradicionalmente han quedado excluidos de las mediciones centradas únicamente en ingresos.

Recomendaciones y desafíos hacia el futuro

Entre las recomendaciones más relevantes, la Comisión plantea:

  • Actualizar completamente la canasta básica, incorporando criterios nutricionales.
  • No considerar el alquiler imputado como ingreso.
  • Operar con líneas de pobreza diferenciadas para arrendatarios y no arrendatarios.
  • Usar EPF 8 como base para el reajuste metodológico.
  • Fortalecer el IPM con nuevos indicadores que reflejen las carencias reales de la población.

La implementación de estas propuestas implica una revolución técnica y política en la forma en que Chile entiende y aborda la pobreza. Para ello, se requerirá una voluntad transversal que permita alinear las políticas públicas con esta nueva realidad, visibilizando a miles de hogares que hoy permanecen fuera del radar de las estadísticas oficiales.

Una pobreza invisible que exige respuestas concretas

En definitiva, este informe pone en cuestión años de políticas diseñadas sobre datos que, según los expertos, no reflejan la verdadera magnitud de la pobreza en el país. El desafío ahora es traducir estas nuevas mediciones en decisiones concretas que aborden la desigualdad estructural, y que construyan un sistema de protección social más eficaz y alineado con las necesidades reales de la población.

El país deberá decidir si permanece atado a cifras que pintan una falsa normalidad, o si avanza hacia una visión más honesta y transformadora de su propia realidad social.