ANEF convoca a paro nacional el 28 de noviembre en defensa de la estabilidad laboral de los funcionarios públicos

  • La organización sindical denuncia un retroceso en los derechos laborales tras el dictamen de Contraloría que extiende a cinco años el criterio de legítima confianza para el resguardo ante despidos.

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) anunció un paro nacional para el jueves 28 de noviembre, en respuesta al dictamen emitido por la Contraloría General de la República, que modifica los criterios de estabilidad laboral para los funcionarios públicos. Este será el segundo paro nacional convocado por la organización durante el Gobierno del presidente Gabriel Boric.

El conflicto surge tras el dictamen que establece que la legítima confianza, mecanismo que protege a los funcionarios públicos en caso de despido, solo será aplicable después de cinco años de desempeño en el cargo, en contraste con los dos años que regían anteriormente. Según la ANEF, esta medida atenta contra los derechos laborales y la estabilidad de miles de trabajadores del sector público.

Demandas de la ANEF

La organización argumenta que esta decisión representa un grave retroceso en las condiciones laborales, afectando principalmente a quienes han ingresado recientemente a la administración pública. Desde la ANEF señalaron que: “Este cambio deja en una posición de vulnerabilidad a un gran número de funcionarios, generando incertidumbre sobre su permanencia en los cargos y debilitando las garantías laborales adquiridas con esfuerzo y lucha sindical.”

Un nuevo desafío para el Gobierno

Este paro nacional será el segundo gran desafío que enfrenta el Gobierno de Boric en términos de movilización de los empleados públicos. En su anterior paralización, la ANEF ya había manifestado su descontento con las políticas laborales implementadas por el Ejecutivo, y en esta ocasión, han insistido en la necesidad de generar un diálogo efectivo que permita proteger los derechos de los trabajadores.

Impacto esperado y apoyo sindical

El paro podría afectar diversos servicios públicos esenciales en áreas como salud, educación, justicia y trámites administrativos. La ANEF ha hecho un llamado a otras organizaciones sindicales a unirse a la movilización, en un intento por generar un impacto significativo y visibilizar su descontento.

Reacciones en el ámbito político

El dictamen de la Contraloría ha generado un debate en el ámbito político, con voces que defienden la medida como una forma de garantizar mayor profesionalismo en el sector público, mientras que otros sectores la califican como un retroceso en los derechos laborales.

Desde el Ejecutivo aún no se han emitido declaraciones oficiales sobre la convocatoria al paro, pero se espera que en los próximos días surjan intentos por establecer una mesa de diálogo que permita evitar la paralización programada.

El próximo 28 de noviembre será un día clave para los trabajadores del sector público, quienes esperan que su movilización sea un paso hacia la recuperación de los derechos laborales y la estabilidad en sus puestos de trabajo.