CDE presenta querella contra diputada Catalina Pérez por presunto fraude al Fisco de $426 millones 

  • La acción judicial se suma al proceso de desafuero que enfrenta la parlamentaria, previsto para el 10 de febrero en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. La investigación apunta a su rol como cómplice en los convenios entre la Seremi de Vivienda y Democracia Viva. 

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra la diputada Catalina Pérez, a quien acusa de actuar como cómplice en un presunto fraude al Fisco que supera los $426 millones. La parlamentaria enfrenta, además, un proceso de desafuero que será revisado el próximo lunes 10 de febrero en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. 

La acción judicial del CDE se enmarca en la investigación iniciada por la Fiscalía Regional de Antofagasta sobre los convenios entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, expareja de Pérez. Según los antecedentes, la diputada habría intervenido para facilitar la entrega de fondos a la organización, gestionando contactos y asesorando en la ejecución de los contratos. 

El escrito presentado por el CDE, de 37 páginas, sostiene que Pérez “cooperó para que su pareja lograse concretar la firma de convenios, concertando con sus amigos y compañeros de militancia”. Entre las pruebas destacan conversaciones de WhatsApp que la vinculan directamente con la gestión de los recursos públicos, además de registros que evidencian su participación en la habilitación de una oficina falsa para la fundación. 

Mensajes y pruebas clave en la investigación

Uno de los elementos más reveladores en la querella es un mensaje del 20 de junio de 2023, donde Pérez insta a Andrade a colocar logotipos de Democracia Viva en un departamento en Ñuñoa y a simular el funcionamiento de la organización. “Debe haber alguien para atender a periodistas y demostrar que ahí funcionaba la ONG”, le habría indicado. 

Asimismo, el CDE destaca la relación de la parlamentaria con Cecilia Millán, militante de Revolución Democrática y propietaria del departamento arrendado como supuesta sede de la fundación. Según la querella, Pérez acompañó a Andrade a retirar el contrato de arriendo y participó en la explicación de su uso, aunque Millán asegura que solo se le mencionaron generalidades. 

Además, en agosto de 2022, Andrade habría solicitado ayuda a la diputada para falsificar un documento de antigüedad, a lo que ella respondió con la sugerencia de “hacer un acuerdo mula”. En paralelo, los chats revelan que el mismo día de la firma de los convenios, Andrade envió un reporte de actividades de Democracia Viva a Paulina Cabrera, coordinadora de los proyectos, manteniendo informada a Pérez sobre cada paso. 

El CDE cuestiona la versión de la diputada

En su querella, el CDE cuestiona la versión de Catalina Pérez de que desconocía las irregularidades en los convenios, argumentando que su participación fue clave en todas las etapas del proceso. “Resulta inverosímil. Colaboró en todas las fases, desde la suscripción hasta la ejecución de los convenios”, señala el documento. 

Además, la entidad destaca un mensaje de la diputada a Andrade que incrementa las sospechas sobre su conocimiento del fraude. “Estoy triste y siento que es pura pérdida. Que estás perdiendo algo por mi culpa (…). Todo está mal, todo está difícil. Estoy cansada, no quiero más”, escribió la parlamentaria. 

Para el CDE, estas declaraciones reflejan que Pérez intentó controlar la crisis cuando el caso salió a la luz. “Sus acciones tuvieron el único fin de colaborar en la suscripción de los convenios y ocultar el delito”, recalca la querella. 

Desafuero en manos de la Corte de Apelaciones 

Mientras avanza la investigación, el próximo lunes 10 de febrero la Corte de Apelaciones de Antofagasta analizará el desafuero de Catalina Pérez. De ser aprobado, la diputada perdería su inmunidad parlamentaria y podría enfrentar formalización en la causa, sumándose así a otros implicados en el escándalo de Democracia Viva, como el exseremi Carlos Contreras y la concejala Paz Fuica. 

El caso ha generado amplio revuelo político y pone en la mira los mecanismos de control sobre la asignación de fondos públicos a fundaciones, en medio de un proceso que podría derivar en nuevas acciones judiciales.

Fuente: Radio Biobio