Chile suma casi 2 millones de migrantes: informe revela alza explosiva en ingreso irregular y alerta sobre pobreza y expulsiones ineficaces

  • Estudio del centro Libertad y Desarrollo analiza el fenómeno migratorio en el país, destacando un crecimiento de más de 10 veces desde 1990. El 42% de los migrantes son venezolanos y más de 330 mil están en situación irregular. El informe propone medidas legales y operativas para abordar la crisis.

Un reciente informe del centro de estudios Libertad y Desarrollo (LYD) reveló cifras que dimensionan el fenómeno como nunca antes, y que no dejan indiferente a nadie. El documento, titulado “Migración: Panorama en Chile y nuevos enfoques internacionales”, fue liderado por el sociólogo Daniel Rebolledo y publicado este mes de mayo.

Desde 1990 hasta hoy, la población migrante en Chile ha crecido más de diez veces. De representar apenas un 0,7% de la población nacional en ese año, hoy alcanza el 7,8%, lo que equivale a 1,9 millones de personas extranjeras viviendo en el país.

Un dato que destaca es que el 42% de estos migrantes provienen de Venezuela, lo que refleja el impacto regional de la crisis humanitaria de ese país.

“El salto demográfico es impresionante —señala el sociólogo Rebolledo—. Y no solo por su magnitud, sino por el carácter creciente de la migración irregular”. De hecho, el informe revela que actualmente 336 mil personas se encuentran en situación irregular en el país, lo que representa un aumento de más de 30 veces en comparación a 2018.

Según LYD, en los últimos tres años 127 mil personas ingresaron por pasos no habilitados, y 68% de ellas son de nacionalidad venezolana. Esta situación ha derivado en un complejo escenario social: la tasa de pobreza entre migrantes alcanza un 10,2%, casi el doble que la de los chilenos (5,2%). Y si hablamos de pobreza extrema, el contraste es aún mayor: 3,9% en migrantes versus 1,7% en chilenos.

“La falta de regularización masiva ha contribuido a la precariedad laboral, el hacinamiento y el riesgo de explotación”, señaló Rebolledo. “Y esto se traduce directamente en pobreza y exclusión”.

El informe también lanza una crítica directa al sistema de expulsiones vigente. Actualmente, hay 28 mil migrantes con orden de expulsión activa, pero las autoridades no conocen el paradero de muchos de ellos, lo que deja en evidencia una grave falla de control estatal.

LYD no solo expone cifras: también propone una serie de recomendaciones para reformular la política migratoria. Entre ellas:

  • Revisión del principio de ius soli para frenar incentivos a migrar de forma irregular.
  • Modificar la ley para permitir retención preventiva de migrantes irregulares.
  • Firmar acuerdos bilaterales de expulsión con países como Colombia o Guyana.
  • Adoptar un modelo determinista: asilo o expulsión, sin ambigüedades.
  • Construcción de centros especializados de internamiento.

Este informe ya comenzó a generar reacciones. En el Congreso, parlamentarios oficialistas y de oposición debaten sobre la viabilidad de restringir el ius soli, mientras desde organizaciones de derechos humanos se alerta sobre el riesgo de criminalizar la migración.

“Restringir derechos básicos como la nacionalidad puede ser inconstitucional y éticamente cuestionable”, advierte Clara Fuentes, vocera de la Red de Apoyo al Migrante. “Pero sí se necesita orden, eficiencia y una política humanitaria coherente”.

Chile enfrenta un desafío mayor: cómo garantizar una migración ordenada, segura y regular, sin renunciar a los principios fundamentales del derecho internacional. Las cifras están sobre la mesa, las propuestas también. Lo que falta es decisión política.