- Después de la reunión del Concejo Municipal, se anunció que se interpondrá un recurso de protección en un intento por frenar la implementación del SLEP Licancabur.
En una reunión del Concejo Municipal realizada hoy en Calama, diferentes sindicatos de funcionarios vinculados a la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) y representantes del Colegio de Profesores se unieron para expresar su desconfianza en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Estas instituciones reemplazarán a los municipios como organismos responsables de la educación.
El SLEP Licancabur abarca las comunas de Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla y María Elena y comenzó a funcionar en 2022. Su implementación en enero de 2024 transferirá la responsabilidad de 60 establecimientos, incluyendo escuelas, liceos y 10 jardines infantiles.
El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, respaldado por los funcionarios, expresó su preocupación de que el nuevo organismo reducirá significativamente la cantidad de trabajadores, lo que provocaría cesantía y pondría en duda la calidad del servicio que Comdes brinda hasta ahora.
Después de la reunión del Concejo Municipal, se anunció que se interpondrá un recurso de protección en un intento por frenar la implementación del SLEP Licancabur. Esta acción judicial podría ser apoyada por otros municipios en el norte de Chile.
El alcalde Chamorro explicó: “Como equipo municipal a través de nuestra Corporación (Comdes) hemos tenido el control del equipo técnico en varias sesiones del Concejo Municipal. En resumen, no estamos conformes con las condiciones que se nos están entregando. Hay situaciones que aún no han sido aclaradas, como, por ejemplo, el fuero maternal”.
Además, el alcalde destacó la falta de garantías financieras y la incertidumbre sobre las indemnizaciones, que podrían superar los $2 mil millones de pesos en costos por despidos. También mencionó preocupaciones sobre el transporte público para los niños en el sector poniente de la ciudad y las negociaciones colectivas de los profesores.
El alcalde Chamorro subrayó que están de acuerdo con la educación pública, pero no con la estructura propuesta, que generará desempleo. Advierte que “no queremos que esto sea una repetición de lo que ha sucedido en Atacama y otras ciudades, donde, además de otras instituciones implementadas a nivel nacional, los indicadores educativos no han mejorado. Es una realidad que debemos enfrentar”.
Respecto a la acción judicial, Chamorro explicó: “Hemos acordado presentar un recurso de protección judicial para retrasar o congelar la implementación del SLEP, conocido como el servicio Licancabur en nuestra provincia y territorio”. Chamorro adelantó que esta acción judicial podría ser una iniciativa conjunta con otros municipios y que se reunirá con otros alcaldes del norte para coordinar sus esfuerzos.
Esta situación genera inseguridad en la comunidad a pocos meses de 2024, pero el alcalde Chamorro afirmó: “Estamos haciendo un favor, ya que queremos evitar una crisis el próximo año académico. Los beneficios logrados en las negociaciones colectivas por nuestros trabajadores no existen, no hay ningún documento oficial que garantice su continuidad”. Chamorro concluyó que otros alcaldes que enfrentan situaciones similares en la Provincia de El Loa y la Provincia de Antofagasta podrían unirse a esta iniciativa legal.