Congreso despacha histórica reforma al sistema notarial y registral tras más de seis años de tramitación

    • La nueva ley pone fin a los cargos vitalicios, fija tarifas máximas para trámites y establece procesos de selección por Alta Dirección Pública, fortaleciendo la transparencia, fiscalización y modernización del sistema. Proyecto será revisado ahora por el Tribunal Constitucional.

    Con 38 votos a favor y en una sesión marcada por el consenso transversal, la Sala del Senado aprobó y despachó a ley la esperada reforma al Sistema Notarial y Registral, cerrando así una tramitación legislativa que se extendió por más de seis años. La iniciativa, que ha sido parte de la agenda de modernización del Estado, representa un hito en el fortalecimiento institucional del país y en la mejora de los servicios que reciben diariamente millones de personas.

    Tras su aprobación en ambas cámaras, el texto será remitido al Tribunal Constitucional para su control preventivo de constitucionalidad, último paso previo a su promulgación.

    La reforma no sólo moderniza la estructura del sistema notarial y registral en aspectos orgánicos y funcionales, sino que también establece herramientas concretas para avanzar en transparencia, eficiencia, equidad y control ciudadano. Entre sus principales ejes destacan la implementación de concursos públicos para la designación de notarios, conservadores y archiveros; la eliminación de los cargos vitalicios, con un límite de edad de 75 años; y la incorporación del SERNAC como ente fiscalizador de la calidad del servicio.

    La seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Antofagasta, Trissy Figueroa Rivera, valoró la aprobación de la iniciativa y señaló que se trata de una “reforma profundamente anhelada tanto por el sistema judicial como por la ciudadanía”. Asimismo, destacó que “esta ley establece reglas claras de funcionamiento, medidas de digitalización y acceso remoto a servicios, y una mejora sustancial en la fiscalización de notarías, archiveros y conservadores”.

    Los seis pilares de la nueva legislación:
    1. Concursos públicos transparentes:
      Los cargos de notarios, conservadores y archiveros serán designados a través del Sistema de Alta Dirección Pública, asegurando así mérito y competencia técnica en los nombramientos.
    2. Fin a la perpetuidad en el cargo:
      Se fija una edad máxima de 75 años para ejercer estas funciones, y se prohíbe expresamente la designación de familiares de ciertas autoridades para evitar el nepotismo.
    3. Fiscalización efectiva por parte del SERNAC:
      El Servicio Nacional del Consumidor podrá recibir reclamos de los usuarios por malas prácticas, cobros irregulares o deficiencias en la atención. Además, se fortalecerá el rol de supervisión del Ministerio de Justicia.
    4. Digitalización y acceso gratuito:
      Se establece el acceso remoto y gratuito a los registros, sitios web informativos, plataformas de atención y canales de reclamo, reduciendo tiempos de espera y aumentando la eficiencia.
    5. Transparencia en tarifas:
      Se fijarán precios máximos para los trámites notariales a través de una metodología técnica a cargo de los Ministerios de Justicia, Hacienda y Economía, evitando cobros excesivos o abusivos.
    6. Mejoras en atención e infraestructura:
      Se definirán horarios obligatorios de atención, exigencias mínimas de infraestructura y estándares tecnológicos para garantizar un servicio digno y de calidad.
    Avance estructural hacia una justicia más accesible

    Esta legislación se inserta dentro del proceso de modernización del sistema de justicia iniciado en los últimos años, y busca responder a una demanda histórica por mayor equidad y transparencia en servicios que, hasta ahora, eran percibidos como ineficientes, desregulados y con escaso control público.

    Desde el Congreso, distintos parlamentarios destacaron el carácter estructural de la reforma. “Hoy damos un paso fundamental para recuperar la confianza en instituciones que deben estar al servicio de las personas y no al revés. Esta ley termina con los abusos y el monopolio de información, e instala reglas modernas para un país que avanza”, expresó uno de los senadores impulsores del proyecto.

    Ahora, el texto será revisado por el Tribunal Constitucional para su control preventivo, paso que podría concluir en las próximas semanas, permitiendo su promulgación durante este segundo semestre.

    Con este avance legislativo, el Estado chileno da una señal clara de voluntad reformadora, en línea con los principios de justicia, probidad y acceso equitativo a los servicios fundamentales.