- El Contralor Jorge Bermúdez revela hallazgos alarmantes en auditorías a 15 secretarías regionales ministeriales de Vivienda sobre millonarias transferencias de recursos a fundaciones del Programa de Asentamientos Precarios, destacando debilidades en la institucionalidad y excesiva permisividad.
Este jueves, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, brindó una exposición ante la Comisión Investigadora del Congreso, que se encarga de reunir información sobre las millonarias transferencias de recursos realizadas por el Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia diversas fundaciones. Según información obtenida por el diario La Tercera, Bermúdez presentó los principales resultados de las auditorías realizadas en 15 secretarías regionales ministeriales de Vivienda, que revelaron graves irregularidades y patrones recurrentes en diferentes regiones.
Entre los hallazgos destacados se encuentra la excesiva permisividad con diversas fundaciones que no cumplían con los requisitos establecidos por la normativa, incluyendo el caso de Democracia Viva. La exposición de Bermúdez se dividió en tres partes: primero, detalló las debilidades de la institucionalidad; luego, presentó las pesquisas realizadas en las reparticiones de Vivienda en todo el país; finalmente, explicó los mecanismos de identificación presupuestaria y de transferencia de recursos, con el objetivo de mejorar los protocolos y procedimientos.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo emitió un comunicado en respuesta a los informes emitidos por la Contraloría sobre el Programa de Asentamientos Precarios en el período 2021-2023. Según el comunicado, las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de la cartera fueron notificadas de las auditorías durante martes y miércoles. El Ministerio valoró el nuevo informe y afirmó que las recomendaciones se están ejecutando desde que se conoció el “Caso Convenios,” iniciando investigaciones para definir las responsabilidades políticas y administrativas en colaboración con el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.
El comunicado también destacó que se solicitaron las renuncias del ex Seremi de Antofagasta, Carlos Contreras, y del Seremi del Maule, Rodrigo Hernández. Sobre el modelo de transferencias de recursos del Programa de Asentamientos Precarios, que comenzó a relacionarse con fundaciones en 2019, el Ministerio señaló que siempre advirtió sobre la necesidad de un mayor control. Se mencionaron deficiencias en el proceso, como la falta de concursabilidad para las fundaciones y la ausencia de un registro de fundaciones, entre otras fallas.
El comunicado reveló que en 2022 se suscribieron 119 convenios con organizaciones sin fines de lucro, incluyendo tres con Democracia Viva, mientras que 11 convenios se cancelaron anticipadamente y siete permanecen en revisión. El Ministerio concluyó anunciando la implementación de una agenda de modernización que consta de 19 medidas para el rediseño completo del programa y de la relación institucional con las fundaciones, con el fin de corregir las falencias identificadas y fortalecer la transparencia en las transferencias de recursos.