- El instructivo de la Contraloría General de la República especifica los ámbitos de gasto para los fondos destinados a gobiernos regionales y municipios, asegurando una inversión productiva y el cumplimiento de las necesidades comunitarias.
La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido un instructivo dirigido a los municipios y Gobiernos Regionales (Gores) del país sobre el uso de los recursos provenientes del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo y de los aportes fiscales al Fondo Común Municipal, establecidos tanto en la ley de royalty a la minería como en la Ley de Presupuestos 2024.
El dictamen, firmado por la contralora subrogante Dorothy Pérez, establece que “este instructivo deberá ser puesto en conocimiento de todos aquellos funcionarios que intervengan, directa o indirectamente, en todos los procesos vinculados con la inversión de los fondos de que se trata (…). Las entidades destinatarias del presente instructivo deberán dar estricto y cabal cumplimiento a lo señalado precedentemente, lo que será fiscalizado por esta Entidad de Control”.
La ley de royalty a la minería creó el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, además de dos aportes fiscales adicionales al Fondo Común Municipal (FCM): uno destinado a comunas en regiones mineras y otro para las que tienen mayor dependencia del FCM. El instructivo precisa que los recursos del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo se destinarán al financiamiento de los gobiernos regionales a través de sus presupuestos de inversión, distribuyéndose según las mismas reglas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
La inversión productiva, según el instructivo, debe enfocarse en planes y programas que promuevan actividades productivas, desarrollo regional, y la investigación científica y tecnológica, alineándose con la estrategia regional de desarrollo y las prioridades estratégicas regionales en fomento de las actividades productivas y la Política Regional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo.
Respecto a los aportes fiscales al Fondo Común Municipal, el instructivo aclara que estos deben priorizar comunas en regiones mineras con actividades asociadas a explotadores mineros sujetos al royalty minero, como refinerías, fundiciones y yacimientos. Estas comunas, que pueden verse afectadas significativamente en la salud de su población, recibirán atención especial según el reglamento del FCM.
En abril, el Ministerio de Hacienda anunció la primera transferencia bajo la ley de royalty, distribuyendo $93 mil millones a 307 municipios. La Contraloría destaca que las comunas con mayor dependencia del FCM recibirán un aporte fiscal equivalente a 2.500.000 UTM ($164 mil millones). Sin embargo, advierte que, aunque estos recursos ingresan íntegramente al patrimonio municipal sin un fin específico, deben utilizarse para cumplir las funciones legales de la entidad edilicia, satisfaciendo las necesidades locales y fomentando el progreso económico, social y cultural.
Carolina Leitao, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, comentó que “este tipo de instructivo es una práctica habitual de la Contraloría respecto de situaciones nuevas que se producen y que a veces hay dudas”. Además, afirmó que el dictamen aclara que “la libre disposición no significa que se puedan gastar en cualquier cosa, sino que se tienen que ajustar a las normas de gasto municipal en todos los ámbitos”.
Con este instructivo, la Contraloría busca asegurar que los fondos derivados del royalty minero se utilicen de manera eficiente y en beneficio de las comunidades locales, promoviendo inversiones productivas y mejorando la calidad de vida de los habitantes de las comunas y regiones mineras del país.