Corte Suprema confirma fallo sobre diligencia del caso Procultura y Fiscalía ajustará procedimientos sin frenar investigación

  • El jefe del Ministerio Público se refirió al amparo acogido por la Corte Suprema que anuló una diligencia en la causa Procultura, aclarando que se trata de una decisión acotada y que se tomarán medidas para evitar dificultades similares en el futuro.

Luego de que la Corte Suprema confirmara, por mayoría, el fallo que acogió un recurso de amparo en el marco del caso Procultura, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió públicamente a la resolución del máximo tribunal, aclarando que la medida no afecta el curso general de la investigación, que continúa en manos de la Fiscalía Regional de Antofagasta.

El fallo, emitido por tres ministros titulares y dos abogados integrantes, ratificó la sentencia previa dictada por la Corte de Antofagasta, invalidando una diligencia específica —una escucha telefónica— dentro del expediente investigativo. Pese a ello, Valencia fue enfático en señalar que la investigación sigue en marcha y con “muy buena salud”.

“Es una sentencia que se dicta respecto de una diligencia en particular. El caso Procultura es bastante más amplio, y además forma parte del caso Convenios, que es mucho mayor. La investigación a cargo de la Fiscalía Regional de Antofagasta sigue adelante”, sostuvo Valencia.

El Fiscal Nacional también destacó que dos de los votos de la sala fueron favorables al planteamiento del Ministerio Público, y que incluso la mayoría que rechazó la solicitud estimó innecesarios algunos pasajes de la sentencia anterior, lo que según Valencia, refuerza parte de los reparos que había manifestado el organismo persecutor.

En cuanto al impacto operativo del fallo, Valencia aseguró que la Fiscalía ha iniciado un proceso interno de revisión:

“Lo que hacemos en el Ministerio Público es que, una vez que recibimos esta sentencia, revisamos nuestros procedimientos, analizamos jurídicamente lo resuelto por la Corte Suprema y ajustamos entonces la forma en que seguimos adelante las investigaciones, para no enfrentar dificultades como esta en el futuro”.

Asimismo, el jefe del Ministerio Público recordó que este caso se produce en el marco de un cambio jurisprudencial reciente impulsado por el propio máximo tribunal, lo que implica nuevos requisitos de fundamentación para medidas intrusivas, como interceptaciones telefónicas, especialmente en lo relativo a la justificación y a las personas afectadas.

Respecto de la situación del fiscal Cooper, Valencia precisó que existe un proceso de remoción en curso, pero que está relacionado con una investigación previa y no con esta causa específica.

“Las remociones de los fiscales regionales son competencia de la Corte Suprema, y en este caso, hay un proceso pendiente por una causa distinta. En cuanto a medidas disciplinarias, solicitamos un informe al fiscal regional de Coquimbo y, tras su revisión, se decidirá si corresponde iniciar un procedimiento. Respecto de los fiscales adjuntos, esa decisión recae exclusivamente en los fiscales regionales”.

En esa línea, Valencia fue claro al señalar que el Fiscal Nacional no puede iniciar investigaciones disciplinarias contra fiscales adjuntos, como es el caso del fiscal Cooper, quien firmó la solicitud de la diligencia cuestionada.

Finalmente, el Fiscal Nacional reiteró que el fallo, si bien es una resolución desfavorable, no representa un “mazazo” para la causa, ya que afecta solo a una parte puntual de un caso mucho más amplio.

“No es una decisión que deseáramos, pero para eso están los tribunales. Es importante insistir que se trata de una diligencia particular dentro de una investigación más extensa, que involucra a múltiples personas y hechos. El caso Procultura sigue su curso”, concluyó.

El caso Procultura es una de las principales aristas del caso Convenios, donde se investiga el eventual mal uso de recursos públicos mediante contratos entre organismos estatales y fundaciones privadas. La investigación ha generado múltiples formalizaciones, renuncias de autoridades y una serie de debates en torno a la legalidad de ciertas diligencias judiciales

La Fiscalía Nacional ha reiterado su compromiso de continuar con la causa dentro del marco legal vigente y conforme a los más altos estándares de debido proceso.